El sangriento despertar de Bangladesh

Una extraña calma reina sobre Daca, la capital de Bangladesh, en la mañana del 5 de agosto de 2024. Vehículos militares y policiales están estacionados en los principales cruces de la ciudad, con camiones que bloquean los principales puntos de entrada para impedir la afluencia de participantes de la “larga marcha hacia Daca” lanzada por el movimiento popular que sacude al país desde hacía semanas.

El apagón de Internet impuesto por el gobierno se levantó una semana después, pero las redes sociales bullen de especulaciones sobre lo que ocurrirá a continuación, después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército de Bangladesh, el general Waker-uz-Zaman, anunciara que se dirigiría a la nación en respuesta al pedido de dimisión de Sheikh Hasina, primera ministra desde 2009.

Cuando el general tomó finalmente la palabra a las 16:00 horas, el rumor de que Hasina había abandonado el país ya se había extendido como un reguero de pólvora. Con gafas oscuras, el rostro del oficial de alto rango delataba su febrilidad ante las cámaras y, detrás de sus lentes, a una nación que contenía la respiración. El hombre confirmó que la jefa de gobierno había huido. Dos horas antes, se había subido a un helicóptero militar con destino a la India.

En las calles, la población estaba exultante, mientras una multitud eufórica irrumpía en el Ganabhaban, la residencia oficial de Hasina. Algunos tomaron sus saris, otros los cisnes del lago del palacio, mientras otros se tomaban fotos echados en la suntuosa cama de la fugitiva. En la televisión, el general continuaba su discurso, llamando a la calma y a la moderación. Prometió una reunión con los principales dirigentes de los partidos de oposición al día siguiente. En la orden del día solo había una pregunta, la misma que nadie se había atrevido a formular durante quince años: ¿quién gobernará el país ahora?

Así terminó el “julio sangriento” de Bangladesh. Un mes marcado por una represión brutal, múltiples desapariciones forzadas llevadas a cabo por los servicios de seguridad del Estado y un movimiento de masas que nada pudo detener. Un movimiento que provocó la caída del régimen de Hasina y del partido gobernante, la Liga Awami. Dirigido durante mucho tiempo por el padre de Hasina, Sheikh Mujib, la Liga Awami había presidido la liberación de Bangladesh (entonces solo la mitad “oriental” de Pakistán) en 1971, antes de convertirse en un instrumento de opresión para el mismo pueblo al que había pretendido emancipar tras su regreso al poder en 2009.

Incendio inextinguible

Nada hacía pensar que Hasina estuviera a punto de ser destituida cuando comenzaron las protestas el pasado julio con el resurgimiento del Movimiento para la Reforma de los Cupos. Este movimiento, que apareció por primera vez en 2013, denuncia un sistema de asignación privilegiada de puestos en la función pública. Concebido en 1972 con el fin de facilitar la reinserción de los civiles que habían participado en la guerra de liberación nacional, el mecanismo reservaba entonces el 30% de los puestos de la función pública a estos “combatientes por la libertad” y a sus hijos; el 10% a las biranganas (mujeres agredidas sexualmente por el ejército pakistaní y colaboradoras de etnia bengalí); el 40% a las personas que vivían en distritos habitualmente infrarrepresentados en el sector público; y el 20% a los nombramientos basados únicamente en el mérito. El sistema evolucionó a lo largo de los años, y las adjudicaciones por mérito pasaron del 20% al 40% en 1976, hasta que en 2010 el gobierno decidió incluir a los nietos de los “libertadores” en el 30% reservado a los ex combatientes. Combinada con el aumento del desempleo juvenil, la decisión desencadenó las primeras manifestaciones en 2013.

A pesar de la represión a manos de la policía y del ala estudiantil de la Liga Awami –la Bangladesh Chhatra League (BCL), una estructura de tipo paramilitar–, la movilización no ha cesado a lo largo de los años. En 2018, Hasina tuvo que responder. Intentó una provocación con la que esperaba desacreditar el movimiento de protesta: abolir todo el sistema de cupos. Fue un error: la población aplaudió. Tres años después, sin embargo, los hijos de los “combatientes por la libertad” presentaron una demanda ante la Corte Suprema donde consideraban que la abolición de los cupos era inconstitucional. En julio de 2024 la Corte les dio la razón y restableció el sistema.

Las protestas estallaron en algunas universidades públicas, pero las filas de los manifestantes estaban dispersas. Hasta que dos acontecimientos atrajeron hacia ellos la corriente del descontento: la publicación de una investigación periodística que demostraba que los exámenes de ingreso a la función pública (de los que dependía el 44% de los puestos de trabajo en esta etapa) habían sido filtrados a personas próximas al gobierno; y, por sobre todas las cosas, una aparición televisada de Hasina durante la cual calificó a los manifestantes de rajakars, un término cargado de sentido cuya comprensión requiere retroceder en el tiempo.

En 1971, cuando Bangladesh todavía formaba parte de Pakistán, Islamabad perpetró un genocidio cuyas estimaciones, aunque varían, cifran el número de muertos en cientos de miles. Las masacres duraron nueve meses y contaron con la ayuda de colaboradores bengalíes, conocidos colectivamente como rajakars. Para un ejército que no sabía qué aspecto tenían los mukti bahini (“combatientes por la libertad”) y que apenas conocía el terreno, estos rajakars fueron un recurso determinante para identificar al “enemigo”: indicaban a los soldados pakistaníes qué casas quemar, qué familias castigar (por la participación de un hijo en los mukti bahini) y a qué mujeres violar; cuando no participaron directamente en estos actos por celo religioso, codicia o venganza personal. Hasina no podía ignorar el efecto que produciría.

Su elección de palabras y el revuelo causado por la investigación periodística sobre el fraude en los exámenes obligaron a la Corte Suprema a modificar el sistema de cupos el 21 de julio. Desde entonces, el 93% de los puestos se adjudican por mérito, el 5% a los “combatientes por la libertad”, el 1% a adivasis y el 1% a discapacitados y “tercer género” (personas que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres). Pero la decisión de la Corte Suprema llegó demasiado tarde. El incendio ya había comenzado, y bien rápidamente porque, a la espera de la chispa que la encendiera, la pradera bangladesí hacía tiempo que se había secado.

El desprecio por la clase obrera

El largo reinado de Hasina se caracterizó por el auge de una forma de capitalismo clientelista carente de cualquier moderación. El sector bancario estaba a merced de un puñado de magnates industriales lo suficientemente cercanos al gobierno como para considerar que no tenían que devolver sus préstamos. En caso de dificultades, las autoridades no dudaban, por ejemplo, en modificar las normas del Banco Central para facilitar la extorsión y la malversación.

Lejos de las bacanales de beneficios reservadas a las altas esferas de la sociedad, la Liga Awami había transformado el país en una fábrica que producía al mismo tiempo textiles baratos y trabajadores pobres. En 2010, el gobierno aprobó una ley destinada a desarrollar unas cien “zonas económicas privadas” para respaldar las “zonas económicas especiales” (públicas) en su tarea de privar a los trabajadores de secciones enteras de la normativa que regula el trabajo. En 2021, más de 500.000 trabajadores de la industria de la confección empleados en estas zonas no tenían derecho a afiliarse a un sindicato. También les estaba prohibido participar en negociaciones colectivas. Tras el trágico incendio de Rana Plaza en 2013 (1), el país vivió varias huelgas en el sector textil, a las que el gobierno respondió con violencia: balas de goma para las multitudes; desapariciones y asesinatos para los líderes sindicalistas. En 2022, la Confederación (…)