Las causas siguen vigentes y el Estado de Chile está en deuda

En primer lugar, en ese periodo, existió en las calles una expresión multitudinaria de inconformidad que demandaba una mayor igualdad social y exigía el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales y económicos, tales como el derecho a una pensión digna, a una vivienda, a la educación y a la salud pública de calidad. En ese momento, gran parte de la clase política señaló haber escuchado las legítimas reivindicaciones de quienes protestaban, afirmando que se harían cargo. Sin embargo, eso no ha ocurrido y esas demandas siguen plenamente vigentes después de estos años.

Y, en segundo lugar, destacar que fue un periodo en que Chile volvió a estar bajo la lupa de organismos de derechos humanos por los gravísimos hechos que acontecieron. En efecto, varios informes constataron que se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante el estallido social. Dos informes fueron de organismos nacionales de derechos humanos y otros cuatro de carácter internacional, entre ellos, el de Amnistía Internacional.

Práctica premeditada

Recordemos que nuestra organización denunció, entre otras, la violación generalizada del derecho a la integridad personal por parte de Carabineros. Agentes de esa institución no solo usaron fuerza excesiva con frecuencia, sino que infligieron dolores o sufrimientos graves y deliberados contra las personas manifestantes, con la intención de causar sufrimiento o sabiendo que podían causarlo. Esto se tradujo en miles de denuncias de violaciones de derechos humanos, entre ellas, más de 400 personas con trauma ocular, lo cual ocasionó graves secuelas físicas y psicológicas en las personas sobrevivientes. En los informes internacionales se constataron también graves violaciones, entre otras a los siguientes derechos: a la vida, a la indemnidad sexual y al derecho de reunión.

En su informe “Ojos sobre Chile”, Amnistía Internacional concluyó que estas violaciones de derechos humanos habrían sido la (…)