La física conoce un estado curioso de la naturaleza que se denomina surfusión. Es el caso de un lago cuya agua está a una temperatura inferior a cero, pero no está congelado. Sin embargo, si se lanza un minúsculo cristal de hielo, el lago se hiela en su totalidad. ¿Podemos imaginar una situación semejante en materia política, por ejemplo, que una organización institucional sea metaestable y esté esperando su trocito de hielo?
Hace ya mucho tiempo que nuestro sistema político está congelado. Los analistas se conforman en general con arrogar la culpa al personal político y particularmente al comportamiento del presidente de la República. Así, evitan aceptar un hecho fundamental que recordaba el historiador Marc Bloch: “Las instituciones políticas en general no podrían asumir su verdadero sentido sino una vez restablecidos sus vínculos con las corrientes profundas de ideas –y también de sentimientos– que les fueron subyacentes” (1). Es decir, con lo que constituye los fundamentos de una “comunidad política”.
El artículo 3 de la Constitución francesa del 4 de octubre de 1958 dispone que esta comunidad política es el pueblo, al cual pertenece la soberanía nacional y que la ejerce por medio de elecciones. Ahora bien, la práctica institucional anestesia o desvía el sufragio universal: fenómeno inédito, fueron necesarios 51 días para la nominación de un nuevo primer ministro. Incluso cuando la participación en las legislativas era excepcional, la arbitrariedad de la que se beneficia el presidente de la República le permitió nombrar a un personaje hasta ese momento derrotado en todas las primarias de un partido que hoy es marginal.
Una crisis profunda
Los reiterados llamados a respetar los “usos republicanos” o el “espíritu de la Constitución”, tan vagos como apremiantes, confirman que estas derivas revelan una crisis profunda. Las instituciones tienen por objeto reflejar un contrato social que expresa la voluntad de una comunidad política. ¿Son legítimas si rompen ese contrato que da su sentido político al pueblo?
La pregunta ya estaba presente bajo la IV República (1946-1958), cuya caída se sintetizó, demasiado generalmente, como un resultado de debilidades estructurales del parlamentarismo. Pero de ese modo se olvida cómo fueron minadas sus instituciones, sobre todo por prácticas que terminaron por arrojar dudas sobre el contrato social surgido de la Liberación (independencia nacional, restablecimiento de la República, reconstrucción del país, leyes sociales). Las instituciones de la IV República permitían, en particular, hacer el vacío al menos a dos movimientos políticos poderosos, los comunistas y los gaullistas, creando así un desfasaje entre la representación y la realidad del cuerpo social, con el trasfondo además de las guerras coloniales. Para conseguirlo, se usaron procedimientos más que discutibles, pero legales. En 1951 y 1956, el sistema de alianzas, en el marco del escrutinio proporcional, permitió a los partidos que se repartían el poder eliminar a los “indeseables”. Semejantes métodos destruyeron la confianza de los ciudadanos en las instituciones que apoyaban hasta entonces. Y esta desaparición de la confianza colaboró en el derrumbe de la IV República y en el advenimiento de la V.
Hay un paralelo casi malsano hoy en día con el “49.3 ”, que se usa para asfixiar una crisis política cada vez más profunda. El artículo fue concebido como una herramienta excepcional y no como un modo de gobierno. Por esa razón, la V República, que pretendía “racionalizar” el poder parlamentario, desembocó en los últimos tiempos en el borramiento casi total del Parlamento. Por supuesto, como algunos piensan, se puede resolver la crisis modificando secundariamente el poder del presidente de la República y el modo de escrutinio, especialmente introduciendo la modalidad proporcional. Esa visión técnica omite el quiebre que se produjo entre los ciudadanos y sus representantes teóricos, y la casi desaparición del cuerpo político soberano.
Los signos precursores de esta ruptura fueron sistemáticamente barridos bajo la alfombra por el conjunto de la clase dirigente. En primer lugar, el aumento de la abstención estructural: las asambleas nacionales de 2017 y 2022 habían sido electas por una minoría de votantes, y las elecciones presidenciales también marcaron un retroceso de la participación en la primera vuelta. El repunte del voto en 2024 vino acompañado de un ascenso sin precedentes de la Agrupación Nacional y de una política de barricadas que complica la lectura del resultado final. ¿Cómo extraer consecuencias políticas claras de un escrutinio que mostró cómo la izquierda corría al rescate de Élisabeth Borne, madre de una reforma de las jubilaciones que fue impuesta con toda la violencia institucional posible contra la voluntad de la (…)
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