Chile vive una crisis habitacional que no logramos superar

Ningún gobierno, en estos años de democracia, ha logrado frenar la curva de crecimiento del déficit habitacional, ni cuidar que las ciudades crezcan de manera armónica.

Vivimos ciudades segregadas, en donde el hacinamiento en las grandes urbes y las tomas de terreno que derivan en campamentos son una realidad con la cual convivimos cada vez con más dificultad.

Somos un país, en donde los derechos individuales priman sobre los derechos de las mayorías. Esto dificulta que los elementos de solidaridad requeridos para definir e implementar una política de derechos sociales se reproduzcan y extiendan, creando un manto de protección al conjunto de la sociedad.

Un cuarto de la población de nuestro país experimenta, de alguna forma, una crisis habitacional que está determinada por un creciente déficit de viviendas nuevas, miles de unidades que requieren reparaciones urgentes, hacinamiento y proliferación de asentamientos precarios donde hoy viven más de 120 mil familias.

Lugares, donde el barrio no existe, la calle es peligrosa, la conectividad no necesariamente facilita la movilidad, y el edificio y la población son controladas por los más fuertes.

A pesar del inmenso esfuerzo que hace este gobierno por aumentar la cantidad de viviendas entregadas a las familias, la tarea que tenemos por delante no será fácil de cumplir. Si cada proyecto de vivienda social demora, en el mejor de los casos, entre cuatro y cinco años, un período presidencial, de algún gobierno en especial, será siempre un tiempo muy limitado como para enfrentar una tarea de estas dimensiones. Es necesaria una política de Estado que atraviese los períodos presidenciales

¿Qué hacer?

Seguir una ruta cuyo trazado haya sido definido en un acuerdo entre las partes, que revierta definitivamente la curva negativa en la producción de ciudad y vivienda, iniciando un proceso cuya finalidad es vivir en un territorio, en una ciudad, que brinde de manera global un servicio de calidad a todos y cada uno de sus habitantes y una vivienda digna, que comparta la vida con la de otros, de manera eficaz y armónica. Cada parte concurrente al problema y a las soluciones debe dar un salto por sobre el diagnóstico y formular propuestas que permitan avanzar y acordar soluciones que marquen con claridad y con tiempos definidos el camino a seguir.

La primera gran tarea para lograr estos objetivos, aquella que con más seguridad penetrará el modelo neoliberal adecuándolo a las exigencias del compromiso asumido, es iniciar el camino que termine con el sistema subsidiario a la vivienda de los sectores más vulnerables, generando, a cambio, programas financiados de vivienda para toda la población. Con un Estado protagonista en la consecución del proceso que debemos enfrentar; un banco de suelo del tamaño necesario y un sistema bancario, sobre todo el estatal, consciente de que en este aspecto cumple una función social y que sus expectativas de rentabilidad deben ser acotadas a la tarea que se les encarga.

Podemos hacerlo, de esto estamos seguros. El Estado, a través del Ministerio de Vivienda, adelanta los recursos necesarios para construir la infraestructura y las viviendas, tal como lo hace ahora, pero una vez entregadas, cada familia comienza a pagar un dividendo que en plazos de 20 a 30 años les permita adquirir la propiedad de ese bien inmueble. El sistema financiero, sobre todo el que pertenece al Estado, adecua sus márgenes de rentabilidad a un programa que, sobre cualquier otro, tiene connotaciones sociales indispensables para logra un acuerdo social que nos permita vivir en paz.

Hemos hecho cálculos que nos permiten asegura que, en el plazo de quince años, nunca más de veinte, el Ministerio de la Vivienda, aplicando este sistema de producción y financiamiento del hábitat podría contar con un capital de trabajo que le haría posible continuar el proceso sin necesidad que el Estado Central le entregue recursos para estos fines.

Banco de Suelo

La segunda tarea es construir un Banco de Suelo del tamaño de la tarea.

Para esto, hacer, en primer lugar, de manera prioritaria un uso intenso y extenso de la Ley de Emergencia (…)