Chile requiere una política integral de seguridad pública

La estrategia política de usar los problemas de seguridad pública en campañas electorales, amplificando sus impactos a través de los medios de comunicación, ha generado beneficios a la hora de contar votos. Pero obstaculiza soluciones efectivas y sostenibles al no considerar la complejidad del tema ni los avances obtenidos.

¿De qué se ocupa la seguridad pública? Su objetivo es enfrentar las amenazas del delito y la violencia asociada, garantizar la integridad de las personas y asegurar el uso pacífico de los bienes privados y públicos. En el debate sobre cómo lograr la seguridad pública intervienen intereses de sectores económicos, ideologías y diversas fuerzas políticas, lo que dificulta alcanzar consensos. Las razones son varias: en primer lugar, porque se mezclan temas ajenos a la seguridad pública; en segundo lugar, porque existen diversos enfoques sobre cómo se debe abordar el problema; y, en tercer lugar, porque la narrativa dominante simplifica el tema, reduciéndolo a perseguir y encarcelar a los delincuentes, como si solo se necesitara voluntad para lograrlo.

Definición de medidas

El espíritu de la doctrina de seguridad nacional, desarrollada durante la Guerra Fría y aplicada en la dictadura chilena, todavía permea la Constitución Política y las leyes, así como, en cierto grado, una cultura institucional autoritaria y represiva en el ejercicio de la función policial, lo que genera tensiones en el debate. Por su parte, la doctrina oficial de las Fuerzas Armadas sobre nuevas amenazas -la cual incluye el cambio climático, la migración y el crimen organizado- abre el debate sobre su intervención en asuntos internos, tales como su participación en operaciones policiales, el control de redes sociales o la protección de infraestructura civil; existen incluso propuestas que pretenden usarlas para proteger centros comerciales.

Por otra parte, la información policial es fundamental para enfrentar el delito, especialmente al crimen organizado. Cuando se debate la Ley de Inteligencia un dilema es la composición y facultades de las diversas instituciones que también hacen inteligencia. Otro debate se da en torno al derecho de la autoridad a intervenir comunicaciones privadas; lo habitual es que la Ley permita hacerlo en casos específicos a individuos, pero se ha puesto en discusión la posibilidad de realizarlo sobre toda la población de un territorio, lo cual vulneraría el derecho a la privacidad de manera masiva.

Existe un problema adicional generado luego del estallido social. Sectores políticos adversos a las reformas al sistema social, económico y político han logrado posicionar en la opinión pública la idea de que el control del orden público, especialmente durante las manifestaciones, es equivalente a la lucha contra la violencia delincuencial. Esta confusión deliberada complica ciertas definiciones, particularmente cuando se discuten las “reglas de uso de la fuerza” y las “garantías para el uso legítimo de la fuerza” por parte de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas.

Los enfoques

Existe (…)