Georgia y Moldavia: ¿La Unión Europea en jaque?

En octubre, por primera vez desde que Bruselas otorgó a Tiflis y Chisináu el estatus de candidatos oficiales para ingresar a la Unión Europea, se llevaron a cabo elecciones legislativas en Georgia, y presidenciales y un referéndum sobre la constitucionalización de la integración comunitaria en Moldavia. En las capitales occidentales, se esperaba un aluvión de votos a favor de las fuerzas políticas pro-europeas, dado que la invasión del territorio ucraniano habría distanciado las opiniones públicas de estos dos países respecto de Rusia. Sin embargo, según los resultados oficiales, el 53 % de los georgianos apoyó al partido que estaba en el gobierno, calificado de “prorruso” por sus adversarios. En Moldavia, la presidenta pro-europea Maia Sandu obtuvo más del 54% de los votos en la segunda vuelta, pero el “sí” la llevó al triunfo apenas con lo justo, con el 50,5 % de los sufragios. Los seguidores de la jefa del Estado, con ayuda de las cancillerías y de los medios de comunicación occidentales, atribuyeron estos resultados moderados a las injerencias rusas; pero, si bien es cierto que Moscú intenta influir en lo que ocurre en lo de sus vecinos, los europeos cometerían un error al conformarse con esta única explicación.

Corrupcción moldava

Georgia (3.900.000 habitantes) y Moldavia (2.600.000) tienen muchos puntos en común. Ambas son ex repúblicas soviéticas de pequeño tamaño y luchan contra el separatismo prorruso. Por otra parte, experimentaron una fuerte emigración hacia Rusia y Europa Occidental. Durante mucho tiempo estuvieron al margen de la integración europea y las dos firmaron acuerdos de asociación con la Unión Europea que entraron en vigencia en 2016, en el marco de la Asociación Oriental.

No obstante, ambos países también se distinguen por importantes diferencias. La corrupción endémica en Moldavia dio lugar a varios escándalos político-financieros. En 2015, tres bancos desviaron mil millones de dólares, equivalentes al 15% del producto bruto interno (PBI), con la complicidad de una parte de la clase política (1). Desde hace algunos meses, un nuevo caso dio que hablar a la prensa: los servicios de INTERPOL descubrieron que la oficina moldava de la organización bloqueaba la extradición de criminales internacionales a cambio de sobornos que eran pagados a altos funcionarios locales (2).

Por el contrario, Georgia llevó a cabo profundas reformas en su administración luego de la “Revolución de las Rosas” (2003). Transparency International la considera la ex república soviética más virtuosa (fuera de los Estados bálticos) en materia de corrupción, con un nivel de honestidad incluso superior al de muchos Estados miembro de la Unión Europea, y la solidez de su Estado de derecho la hace figurar en el puesto número 49 de la clasificación del World Justice Project (WJP) [Proyecto de Justicia Mundial] –una organización no gubernamental (ONG) con base en Washington– muy por encima de Moldavia (3).

Por su parte, la Comisión Europea se muestra mucho más favorable a la candidatura moldava. Entonces, para influir en las elecciones georgianas y moldavas –al mismo tiempo que denuncia las injerencias rusas–, las autoridades europeas recurrieron a una política de castigo y recompensa: cuando a mediados de octubre el Consejo Europeo confirmó el cese de facto del proceso de adhesión de Georgia, apenas unos días antes del día del referéndum en Moldavia, la Comisión anunciaba un plan de inversión por un monto de 1.800 millones de dólares en el país moldavo. Ya que, de hecho, Bruselas valora el apoyo incondicional de Sandu a su vecino ucraniano y reprocha al gobierno georgiano sus ambigüedades de cara a Rusia desde 2022.

Además de que Tiflis se negó a implementar sanciones contra Moscú (al mismo tiempo que afirmaba respetar las occidentales), varias disposiciones adoptadas por el Sueño Georgiano, el partido que está en el poder desde 2012, hicieron temer un desvío iliberal. En mayo de 2024, el parlamento georgiano votó un texto legislativo que obligaba a las ONG y a los medios georgianos que recibían más del 20 % de sus financiamientos del extranjero a registrarse como “organización que persigue los intereses de una potencia extranjera”. Respaldada por las cancillerías occidentales, la oposición denunció que se trataba de una medida liberticida inspirada en una ley similar sobre los “agentes extranjeros” adoptada por Rusia en 2012. A pesar de las tensiones que prevalecieron entones con Occidente, las autoridades georgianas, que se acercaron a medios conservadores y a la influencia de la iglesia ortodoxa de Georgia, reincidieron en septiembre de 2024: el parlamento ratificó la prohibición de “la propaganda de las relaciones homosexuales y del incesto” en los establecimientos escolares y en los medios.

Todo eso (…)