Prófugos

De a poco, como desvaneciéndose con el paso del tiempo, han ido desapareciendo de la gran prensa las causas, la verdad, las condenas y las impunidades también sobre los crímenes de la dictadura. Si es escasa la información sobre los procesos judiciales que buscan verdad y justicia, lo es aún más sobre quienes eluden a los tribunales, los nombres de aquellos que burlan a la justicia, los que pese a los años transcurridos todavía mantienen redes de protección y se favorecen de pactos de silencio que, medio siglo después, siguen vigentes.

El pasado 13 de noviembre, la Cancillería chilena emitió un comunicado en el que puntualizó que el proceso de extradición tramitado ante la justicia de Australia, para traer a Chile a la exagente de la DINA, Adriana Rivas González, el gobierno chileno “le asigna una alta prioridad”, para que la represora haga frente a los tribunales que investigan los casos “Conferencia I”, “Conferencia II” y el episodio “Reinalda Pereira”, como coautora de los delitos de secuestro calificado contra las víctimas Reinalda Pereira, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Víctor Díaz.

Rivas está en una cárcel de Sidney desde el 2019, cuando la justicia chilena pidió su arresto e inició la solicitud de extradición, acogida por Australia, cuyo gobierno ordenó en agosto pasado su expulsión hacia Chile. Sin embargo, la defensa de la exagente impugnó “la concesión de la extradición ante la Corte Federal de Australia”, que fijó una audiencia para el pasado 14 de noviembre. En ésta, la Corte y el juez Michael Lee determinaron la hoja de ruta de este proceso cuya extensión llegará hasta el 10 de marzo de 2025, periodo en el que se expondrán todos los antecedentes del caso y resolverá la apelación presentada por la ex asistente del entonces jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), coronel Manuel Contreras, sindicado como responsable de centenares de asesinatos y desapariciones forzadas que ordenó durante los primeros años (…)