Luces y sombras de la descentralización

La descentralización en Chile se instaló como herramienta de la gestión pública a contar de la Constitución del 80. Lo hizo con una clara intención de reducir el tamaño del Estado y desprenderse de funciones esenciales como la salud y la educación, bajo la excusa que transfiriendo esas responsabilidades a los municipios se respondería mejor a las preferencias de los ciudadanos.

Hasta ahí, no parecería ilógico que aquellas instituciones públicas más cercanas a la comunidad, como son los municipios, prestaran esos servicios, siempre y cuando hubiesen contado con los recursos fiscales y atribuciones para desarrollarlas. No obstante, la idea de descentralización que inspiraba esta noción fue acompañada de la incorporación del mercado en las áreas de salud y educación. De ahí que, por ejemplo, si el mercado ofrecía un mejor servicio, y el Estado a través de los municipios uno de menor calidad, con profundas limitaciones administrativas y fiscales, sería lógico que las preferencias de los ciudadanos se inclinarían por el primero y no por el segundo. Este tipo de descentralización, que va de la mano con reducir el tamaño y presencia del Estado en la prestación de servicios sociales esenciales, promover la incorporación del mercado a la arena de la política social, fue predominante en América Latina en la década de los 80 y comienzos de los 90.

El recorrido de Chile

Posteriormente, a comienzos de los años 90 y 2000, irrumpe un tipo de descentralización asociada a mayor autonomía y empoderamiento de instituciones públicas subnacionales (municipalidades y gobiernos regionales) y de la sociedad civil, conocida en la literatura como descentralización participativa. Acá el foco es que los gobiernos subnacionales, debían ser capaces de hacerle frente a las problemáticas territoriales, con participación de la sociedad civil, pero con recursos y atribuciones acordes a las competencias y funciones que les corresponde desempeñar.

Estas dos formas de entender la descentralización, con matices, conviven entre las elites políticas y sociales de América Latina pujando para avanzar con reformas y proyectos modernizadores del Estado a nivel central y subnacional.

Muchos de los países de América Latina comenzaron a impulsar reformas a la descentralización, basado en ambos caminos y esos esfuerzos legales se transformaron en una síntesis de procesos que en ocasiones no tenían muy claro el camino o los propósitos que se querían alcanzar con estos cambios.

En esta dirección, Chile ha tenido un recorrido particular, muy concentrado en reformas administrativas desde 1990, consolidando las reformas de corte “neoliberal en descentralización, pero girando en los últimos 10 años hacia una discusión más asociada a reformas políticas como las que se concretaron el año 2017 y 2018, cuya traducción más explícita es la elección de gobernadores regionales el año 2021.

¿En qué va la agenda de descentralización en Chile? En la actualidad, la denominada agenda de descentralización del gobierno se encuentra en una situación muy similar a cuando comenzó el gobierno del presidente Gabriel Boric, es decir, sus avances más significativos siguen siendo producto de las reformas del 2017 y 2018 del gobierno de la expresidenta Bachelet con todas (…)