Campamentos y desalojos

Las ciudades representan entornos de enorme complejidad, con problemas de toda índole: gobernanza, infraestructura, vivienda, movilidad, comercio, educación, salud, violencia, entre otros. En el Colegio de Arquitectas y Arquitectos reconocemos la complejidad que revisten los asentamientos precarios a lo largo del país. Nos preocupa la ola de desalojos, pues representa una seria vulneración de derechos humanos que afecta a miles de familias en condición de vulnerabilidad. La crisis habitacional es de gran magnitud y el constante flujo migratorio en tiempos recientes incrementa aún más el déficit.

Ante la falta de respuesta a sus necesidades de vivienda, tanto en el mercado como en el sistema de subsidios habitacionales, innumerables familias se ven obligadas a allegarse y arrendar en poblaciones tradicionales, conjuntos de vivienda social, antiguos conventillos o diminutos inmuebles en guetos verticales; o bien a recurrir a la precariedad de las tomas y la autoconstrucción. Desde nuestro rol profesional en el desarrollo urbano y la construcción de un hábitat sostenible, aspiramos a sumar esfuerzos para frenar la violencia en los desalojos, impulsando el concepto de una urbe distinta que favorezca la integración social y emplee la planificación y la gestión en múltiples escalas, en especial en el ámbito de los gobiernos locales.

La lógica de desalojos forzosos

Los campamentos del siglo XXI configuran un segmento clave de la crisis habitacional. Son sumamente heterogéneos y en su interior coexisten dinámicas diversas y complejas, que requieren ser visibilizadas a fin de contrarrestar visiones peyorativas o estigmatizantes con las que suelen asociarse. Así como ocurre en la ciudad y en la sociedad en general, la vivienda social e informal se ve atravesada por el crimen organizado, el narcotráfico y la especulación. No debemos ocultar la crisis, la precariedad ni la ausencia de otras opciones.

Las tomas han formado parte de la trayectoria histórica de las ciudades en Chile, y no se resolverán simplemente lanzando a las personas a la calle. Las investigaciones de la Red de Derechos Humanos y Desalojo registran un extenso catálogo de órdenes de desalojo a lo largo del país desde fines de 2022 (1), abarcando múltiples realidades, como la ocupación de terrenos fiscales y privados, las denominadas “tomas VIP” (2), refugios para delincuentes y narcotraficantes, o el albergue de migrantes con diversos estatus de residencia; en esencia, la única salida habitacional precaria para 130 mil familias vulnerables.

Numerosos fallos de la Corte Suprema evidencian la creciente judicialización de una problemática social, en la que se enfrentan los derechos constitucionales de las familias y el derecho de propiedad. Existen vías intermedias entre estos derechos, las cuales requieren ser tomadas en serio para enfrentar una crisis de tal envergadura con la (…)