“Permisología”: Lo que se juega de fondo

En el último tiempo, la “permisología” se ha instalado con fuerza en la discusión pública chilena. Desde el gobierno, gremios empresariales y medios de comunicación se ha construido una narrativa que responsabiliza al exceso de regulaciones y a la lentitud burocrática por el bajo dinamismo económico, el retraso de proyectos estratégicos y la pérdida de competitividad del país.

Sin embargo, este diagnóstico no es neutro y obedece a intereses particulares. Lo que está en juego no es solo una cuestión técnica o de gestión pública, sino una disputa de fondo sobre el tipo de desarrollo que queremos como país, el rol del Estado, la función de la evaluación ambiental y la participación ciudadana y comunitaria en las decisiones que afectan a los territorios. Por ello, resulta fundamental abrir el debate a otras miradas, en particular aquellas que emergen desde los territorios afectados por proyectos extractivistas, comunidades en resistencia y organizaciones socioambientales que cuestionan las bases del modelo actual.

Las distintas posiciones en debate

Para mapear la correlación de fuerzas y perspectivas en debate, así como para ayudar a quien lea este texto a orientarse, las clasificaremos en tres grandes posiciones: El primero de ellos al cual podemos definir como “Enfoque empresarial/productivista”: actualmente sostenido por actores como la CPC, Sofofa y sectores del actual gobierno, plantea que los procedimientos de evaluación y autorización de proyectos están excesivamente fragmentados, son poco coordinados y generan demoras injustificadas. Desde esta perspectiva, la permisología es sinónimo de burocracia, una traba para el crecimiento económico y un desincentivo para la inversión trasnacional. Se propone una modernización orientada a reducir plazos, establecer ventanillas únicas, acotar la participación ciudadana y flexibilizar requisitos técnicos. La fuerza con que este discurso se ha instalado ha significado que hoy, el propio gobierno se encuentre impulsando una agenda de modernización de los permisos, apuntando a simplificar, acelerar y “destrabar” inversiones.

Una vertiente más moderada, corresponde al “Enfoque reformista/institucionalista”: el cual reconoce la necesidad de mejorar la gestión pública, pero advierte sobre los riesgos de desregulación. Plantea que el sistema de permisos debe ser más eficiente, pero sin debilitar la fiscalización ambiental ni reducir los estándares de evaluación. Se apuesta por fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la coordinación intersectorial y asegurar instancias de participación.

En otra vereda, identificamos el “Enfoque crítico/ambientalista y territorial”: Desde esta mirada, la permisología no es un obstáculo sino una falsa excusa: en realidad, los permisos ambientales y sectoriales no han impedido el avance de proyectos con graves impactos ecológicos y sociales. El problema no es el exceso de regulaciones, sino su debilidad, su aplicación formalista y su subordinación al modelo extractivista. La (…)