Senegal y una ruptura de terciopelo

¿Hay que hacer tabula rasa del pasado o tomarse el tiempo para transformar la sociedad en profundidad? Después de haber llegado al poder de forma inesperada, tras años de hegemonía liberal, el presidente Bassirou Diomaye Faye y su partido optan por la prudencia. No dudan en mostrarse indulgentes frente a sus viejos adversarios, aunque esto pueda desconcertar a su base electoral. Este inmovilismo dilata la indispensable clarificación de las orientaciones ideológicas del gobierno senegalés.

En un pequeño departamento que él y su esposa comparten con otras familias en el barrio popular de Parcelles Assainies, en Dakar, Yaya Sagna, asistente jurídico de 38 años, cuenta que fue detenido violentamente en su domicilio por hombres armados, en plena noche del 11 de agosto de 2023. Describe los trece días bajo custodia policial, la orden de detención expedida por un juez por cargos tan variados como “asociación delictiva”, “alteración del orden público” o incluso “financiamiento del terrorismo”, y la insalubre celda de 20 metros cuadrados en la cárcel de Rebeuss, que compartía con otros 83 militantes. Luego, con la misma frialdad, recuerda el día en que fue liberado, el 18 de marzo de 2024, tras siete meses de detención, gracias a una ley de amnistía aprobada precipitadamente para sacar al país de este conflicto político. Todo eso, según Sagna, simplemente por haber militado en un partido: el de los Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF, por sus siglas en francés).

Al igual que miles de otros presos políticos –unas 2000 personas habrían sido encarceladas durante los últimos años de la presidencia de Macky Sall (2012-2024)– Sagna pagó muy caro su compromiso. Incluso perdió a su sobrino de 14 años, Bounama Sylla Sagna, asesinado en marzo de 2021 durante una manifestación en Casamance. Bounama es la víctima más joven entre las 65 registradas durante la represión, principalmente en Dakar y en Casamance, entre marzo de 2021 y febrero de 2024, según el reporte de CartograFreeSenegal. Este colectivo de periodistas, cartógrafos e investigadores ha identificado 51 muertes por arma de fuego, entre las cuales el 46% eran obreros, el 27% estudiantes o alumnos de secundaria, y el 12% comerciantes (1).

Con la victoria de su candidato, Bassirou Diomaye Faye, en las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024, hace un año, Sagna podría haber esperado algún tipo de reconocimiento o una indemnización del fondo de ayuda a las víctimas de la represión. Nada de esto ocurrió. Con todo, este militante, que ha perdido su trabajo, no muestra ni rabia ni resentimiento, ni siquiera decepción. Por supuesto, reconoce “ciertas demoras”. “Sabíamos que iba a ser difícil, que había que ajustarse el cinturón y que llevaría tiempo”, admite. “Pero seguimos teniendo esperanza, porque se han sentado las bases de la ruptura. Todo el mundo entendió que había que tener paciencia porque heredamos una situación catastrófica”.

Un desconocido

Después de años de crisis política y una elección presidencial llena de vaivenes inesperados, el discurso de ruptura del PASTEF despertó un enorme entusiasmo (2). Es la primera vez en la historia de Senegal que un opositor, que además proviene de un partido calificado como “antisistema”, gana en primera vuelta con el 54,28% de los votos, un triunfo que fue rápidamente reconocido por la facción del presidente saliente. La postulación de Bassirou Diomaye Faye, un candidato desconocido unos meses antes de las elecciones, se debió a la inhabilitación del líder histórico de su partido, Ousmane Sonko, condenado por “difamación”. El 2 de abril de 2024, durante la ceremonia de asunción, el nuevo jefe de Estado hizo hincapié en que “el resultado de las urnas expresa un profundo deseo de cambio sistémico”. Nueve meses más tarde, Sonko, nombrado primer ministro, hace referencia a un régimen político, económico y social “quebrado” y reitera su voluntad de “ruptura”, término que repite 17 veces durante su discurso. El primer ministro manifiesta su voluntad de emanciparse por fin de un “modelo económico colonial” basado en la exportación de materias primas con escaso valor añadido” y la importación de “productos terminados”. En efecto, la economía senegalesa, muy dependiente del exterior, genera poca riqueza a pesar de un crecimiento sostenido (entre el 4% y el 7%). Si bien ocho de cada diez senegaleses viven de la agricultura, esta solo representa alrededor del 17% del producto bruto interno (PBI). El desempleo afecta a los jóvenes menores de 24 años (el 35%), muchos de los cuales intentan llegar ilegalmente a Europa a través de las Islas Canarias o el Sahara (3). El costo de vida es un desafío de todos los días, especialmente en Dakar, en un contexto de alta inflación (9% en 2022, 6% en 2023). El país ocupa el puesto 169 de 192 en el índice de desarrollo humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El índice de pobreza, estimado en un 37%, no ha disminuido en los últimos años. Para el nuevo presidente, recuperar una soberanía plena –en especial alimentaria– es una prioridad urgente.

Pero del dicho y el hecho, hay un gran trecho. “No es lo que esperábamos”, apunta un docente de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar que pidió permanecer en el anonimato. Identificado con las ideas de la izquierda, reconoce avances “alentadores”, sobre todo en materia de memoria histórica. El nuevo gobierno conmemoró los 80 años de la masacre de Thiaroye –localidad situada en la periferia de Dakar– perpetrada el 1° de diciembre de 1943 por el ejército francés contra varios cientos de soldados de la infantería colonial de Senegal. Durante mucho tiempo, Francia solo había reconocido 35 muertos. Si bien el presidente François Hollande mencionó al menos el doble en un discurso pronunciado en noviembre de 2014, algunos historiadores estiman que el número real de víctimas oscilaría entre 300 y 400 (4). Asimismo, el gobierno ha propuesto renombrar varias calles de la capital en homenaje a los “héroes nacionales”. Con el objetivo de marcar, según palabras de un veedor ministerial, “una ruptura suave, y a veces lenta” con respecto a la vieja potencia colonial, una comisión mixta franco-senegalesa organiza el cierre progresivo de cinco bases militares francesas, cuyos dos primeros tratados de retrocesión se hicieron efectivos a principios de marzo (5). Estamos lejos de la “gran noche” o del estallido observado en Burkina Faso, Malí o Níger.

Asambleas sobre justicia

No faltan ejemplos de esta ruptura de terciopelo. Desde su llegada al poder, la dupla Faye-Sonko ha otorgado prioridad a la “rendición de cuentas”, es decir, a la lucha contra el delito financiero. Pero los pastefistas, que esperaban ver caer el peso de la justicia sobre “los grandes ladrones”, aún siguen esperando. Muchos de los altos cargos del gobierno anterior tienen prohibido salir del país, y se multiplican los controles fiscales a las grandes empresas, incluso para multinacionales como la francesa Eiffage, la turca Summa (construcción), o la australiana Woodside (sector minero). Mientras se verifica la legalidad de estas empresas, se han frenado las obras de construcción proyectadas en la faja costera de Dakar; esta zona de la capital simboliza las irregularidades de la era Sall –en referencia al expresidente–, con sus hoteles de lujo que han ido invadiendo espacios que antes eran de uso público. Pero hasta el momento, no se ha abierto ninguna causa al respecto. En enero, el flamante PJF (Pool Judiciaire Financier), organismo oficial especializado en delitos financieros, anunció haber incautado 2.500 millones de francos CFA (3,8 millones de euros), realizado 162 arrestos y enviado 91 expedientes a instrucción. Según varios especialistas, se trata de cifras insignificantes en comparación con los fondos desviados durante el gobierno anterior. El único caso de envergadura que ha tenido repercusión en la prensa es el de Farba Ngom, diputado de la Alianza por la República (APR, por sus siglas en francés), el partido de Sall, acusado de haber desviado 125.000 millones de francos CFA (190 millones de euros).

Con el objetivo de reformar una institución judicial instrumentalizada por la administración anterior, el gobierno ha organizado asambleas sobre justicia que ya iniciaron en mayo de 2024. Estas dieron lugar a unas treinta recomendaciones –entre las cuales se encuentran la instauración de un juez de garantías, la limitación de las detenciones prolongadas, la revisión del código penal, etc.– que, hasta ahora, no han sido aplicadas, a pesar de la cómoda mayoría obtenida después de la disolución de (…)