Daniel Noboa, tras el fracaso de su intento por modificar el artículo 5 de la Constitución, continúa facilitando la presencia militar estadounidense en Ecuador mediante acuerdos que eluden controles legales. ¿Representan estos pactos una estrategia necesaria contra el crimen o un peligroso retroceso para la soberanía nacional?
Nada interrumpe el desfile de los lobos marinos y las excursiones cotidianas de las iguanas, que se relajan sobre rocas grises, con las que se mimetizan. En esta temporada poco turística, frente a San Cristóbal, la más oriental de las islas Galápagos, a casi 1000 kilómetros del Ecuador continental, algunas embarcaciones estáticas dan fe de una presencia humana. “Por estos días fondeaba un buque de Estados Unidos –cuenta Jorge Vázquez–. Y, como los demás lugareños, me acostumbré a sus aviones patrulla”. Un P-3 Orion, un Awacs, un bombardero DHC-8... Hubo que agrandar el aeródromo para recibirlos. Por su parte, el puerto de ese territorio de seis mil almas alberga una flotilla estadounidense.
El presidente Lenín Moreno oficializó esta presencia de Estados Unidos en el 2019. Pero Washington codicia el archipiélago desde hace mucho tiempo, mucho antes de que fuera clasificado como patrimonio natural por la Unesco en 1978. En los albores del siglo XX, los estadounidenses hicieron varios intentos por adquirir ese punto de reabastecimiento esencial para su ejército en el Pacífico. Ecuador rechazó esos ofrecimientos antes de admitir en 1942, a raíz del ataque japonés en Pearl Harbor, la instalación de una base en la isla Baltra, de la que los estadounidenses se fueron en 1946.
Su regreso no tiene como objetivo frenar a una potencia asiática. Ubicado entre dos productores de cocaína –Perú y Colombia–, Ecuador funciona como una instancia de blanqueo y una plataforma de exportación hacia los mercados estadounidense y sobre todo europeo. Como consecuencia, el número de asesinatos aumentó un 800% entre 2018 y 2023, con una tasa de homicidios que ya supera a las de Colombia y México (1). Frente al crimen organizado, las autoridades solicitaron la colaboración de Estados Unidos, particularmente en las Galápagos, donde los traficantes atiborran sus embarcaciones de contrabando con combustible, antes de salir nuevamente hacia el norte. La pesca ilegal –en la cual participarían las flotas chinas– constituye el otro motivo de su presencia en el archipiélago.
Intento fallido
Entre 2007 y 2017, la presidencia de Rafael Correa más bien tensionó los vínculos con Washington. Mientras Ecuador rechazaba las eternas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el artículo 5 de la nueva Constitución, adoptada en el 2008, prohibió “el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones extranjeras con intención militar”, así como el recibimiento de “fuerzas armadas o de seguridad extranjeras” en el seno de las bases nacionales. Esas disposiciones apuntaban a Estados Unidos, que mantenía desde 1999 un “puesto de operación avanzado” (Forward Operating Location, o FOL) de lucha antidrogas en la ciudad portuaria de Manta, en la costa occidental. La (…)
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