La gobernabilidad en juego

El superciclo electoral que inició el acuerdo constitucional como salida política a la crisis abierta por la rebelión de 2019 termina este año, cuando casi quince millones de votantes elijan a la o el presidente de Chile, se renueve la Cámara de Diputadas y Diputados, así como la mitad del Senado. El país hará frente a una encrucijada radical: dar continuidad al proceso democrático y a las transformaciones progresivas que permitan la correlación de fuerzas que se configure o se abra paso un proyecto regresivo que anuncia limitaciones a la democracia y a las libertades. Un proyecto que hoy tiene a lo menos tres candidaturas, ninguna de las cuales ofrece gobernabilidad democrática.

La democracia chilena está siendo amenazada por el crimen organizado en sus más distintas expresiones, como el narcotráfico, la trata de personas, el sicariato o la explotación de la infancia. También la democracia construida tras el periodo dictatorial de 17 años, está siendo horadada por la corrupción a distintos niveles y de magnitud, desde el fraude al fisco de los mandos y personal de las FFAA y policías, el financiamiento ilegal de la política por parte de grupos económicos como Penta y SQM, la dictación de leyes elaboradas por empresas para beneficio propio -como la ley de pesca- hasta la asignación directa de recursos fiscales a través de convenios con fundaciones o el uso de licencias médicas por parte de empleados públicos para añadir más días a sus vacaciones y viajar fuera del país.

La tercera amenaza es la regresión autoritaria que promueve la extrema derecha chilena, que no disimula su anclaje en el pasado dictatorial mientras copia los discursos de odio que emiten Trump, Milei, Bukele o Le Pen. Tanto Evelyn Matthei, como José Antonio Kast y Johanes Kaiser se proponen reducir el Estado, sacarlo aún más de su responsabilidad social y de garante de derechos, abrir más espacio al mercado, impulsar una política estrictamente punitivista para (…)