Las deudas del sistema de salud chileno

La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Dra. Tlaleng Mofokeng visitó Chile entre noviembre y diciembre del 2024. En su informe preliminar señala que, aunque nuestro país mantiene el compromiso de ofrecer salud universal y ha logrado ciertos avances, la coexistencia de dos sistemas de aseguramiento, uno público (FONASA) y uno privado (ISAPRE) perpetúa profundas desigualdades. Las brechas en acceso, calidad y disponibilidad afectan particularmente a los sectores más vulnerables, por ejemplo, en Santiago, la esperanza de vida varía hasta 18 años entre comunas ricas y pobres y la mortalidad infantil es el doble en comunas de bajos ingresos.

Uno de los puntos más sensibles identificados por la Dra. Mofokeng es la ausencia del derecho a la salud como garantía constitucional. Mientras la Carta Fundamental vigente asegura la libertad de elección de sistema, no reconoce la salud como un derecho humano fundamental. Esta omisión, según la relatora, choca con los estándares internacionales y deja el sistema expuesto a intereses privados sin los suficientes resguardos. Así mismo, el financiamiento insuficiente, especialmente en atención primaria, representa otra barrera estructural. A esto se suman trabas administrativas, legislativas y políticas que han dificultado cambios de fondo. Las abultadas listas de espera y el agotamiento del personal sanitario son reflejo de un sistema público sobrecargado.

La Relatora señala con especial preocupación que la discriminación estructural también permea en nuestro sistema de salud. Grupos como pueblos indígenas, migrantes, personas con discapacidad y personas privadas de libertad enfrentan obstáculos cotidianos: desde falta de intérpretes hasta barreras económicas. Le preocupa, además, el debilitamiento de programas esenciales para la población LGTBIQ+, como el acceso a terapias hormonales. Los derechos sexuales y reproductivos aparecen como un área especialmente frágil en nuestro país. La implementación de la ley de aborto en tres causales se ve limitada por el uso extensivo de la objeción de conciencia, principalmente la llamada objeción de conciencia institucional y las demoras judiciales, especialmente en casos de niñas menores de 14 años, agravan la revictimización.

En cuanto a salud mental, su diagnóstico es crítico. Constata una crisis profunda, agravada por la pandemia, que afecta con especial intensidad a trabajadores de la salud y a comunidades históricamente afectadas por violencia estructural. Al respecto, la relatora propone un profundizar el enfoque comunitario (…)