Peligra la existencia misma del pueblo palestino

Desde el 2 de marzo Israel está bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y, al mismo tiempo, el 9 de mayo anunció la apertura de un puñado de centros de distribución. Sin estar ni remotamente a la altura de las necesidades, esta operación estaría controlada por el ejército, lo que constituye una violación del principio de neutralidad de la ayuda. Privada de todo y asediada por continuos bombardeos mortales, ahora lo que está bajo amenaza es la existencia misma de la población de Gaza.

El 23 de marzo pasado, el ejército siraelí mató a ocho miembros de la Cruz Roja palestina, seis de la defensa civil y un empleado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza; luego, fueron enterrados en una fosa común. Estos trabajadores humanitarios eran perfectamente identificables: vestían uniformes reflectantes y se desplazaban en tres ambulancias con los colores de la organización, un camión de bomberos y un vehículo de la ONU. Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, más de 400 trabajadores humanitarios y 1.300 profesionales de la salud han sido asesinados. Para este personal de socorro, no hay lugar más mortífero que Gaza. El artículo 8 del Estatuto de Roma, que fundamenta la Corte Penal Internacional (CPI), califica como crimen de guerra el “hecho de atacar a propósito al personal, las instalaciones, el material, las unidades o los vehículos utilizados en una misión de ayuda humanitaria”. Además, los Convenios de Ginebra de 1949, que obligan a las partes en conflicto a garantizar la protección de las víctimas civiles, prevén expresamente la necesidad de permitir al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja “ofrecer sus servicios”.

Los asesinatos del 23 de marzo se inscriben en el marco de un ataque generalizado y metódico que Israel está llevando a cabo contra el sistema de salud palestino: bombardeos a hospitales, cortes de agua y electricidad –que impiden el funcionamiento de los centros médicos aún operativos y provocan la muerte de personas heridas–, trabas deliberadas a la “entrega de suministros médicos y de medicamentos (…) sobre todo anestésicos y equipos de anestesia”, que obliga a los médicos a “operar a personas heridas y realizar amputaciones, incluso en niños, sin anestesia”, según se detalla en las órdenes de detención emitidas por la sala preliminar de la CPI contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y quien fuera su ministro de Defensa, Yoav Galant.

Un campo de muerte

La destrucción del sistema de salud torna imposible la vida en la Franja de Gaza, cuya población está sometida a un bloqueo total desde 2006 y ahora también devastada por incesantes operaciones militares. Desde el 2 de marzo de 2025, las autoridades israelíes están impidiendo la entrada de cualquier ayuda en el enclave, lo que implica una violación de todas las normas imperativas del derecho internacional. Según la CPI, estas prácticas israelíes instauran “condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de una parte de la población civil de Gaza”. Esta situación no sólo convierte a la Franja de Gaza en un “campo de muerte” – como lo explicó el secretario general de la ONU, António Guterres, durante una conferencia de prensa el pasado 8 de abril–, sino que también representa un castigo colectivo, igualmente prohibido por el derecho internacional. Hoy en día, lo que está en juego en Gaza, y más ampliamente en Palestina, es la propia existencia del pueblo palestino en sus tierras.

Mientras la impunidad persiste, tanto en la escena internacional como en Israel –donde no se ha iniciado ninguna investigación o procedimiento serio contra los responsables políticos y militares acusados de crímenes internacionales–, la calificación jurídica de los actos cometidos por el ejército israelí en Gaza se va precisando a través de numerosos informes de expertos de la ONU o de organizaciones de la sociedad civil. Además, las ordenanzas dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el proceso contencioso iniciado en diciembre de 2023 por Sudáfrica –al que se han sumado numerosos Estados– en virtud de la Convención de 1948 para la prevención y sanción del crimen de genocidio, y la investigación en curso del fiscal de la (…)