Una ilusión peligrosa: el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública

Hace muy pocos años en Chile era impensable ver militares en las calles por razones distintas a desastres naturales. Aunque algunos añoraban el pasado, era impolítico decirlo en voz alta. Ahora se ha naturalizado y diversos políticos compiten por ofrecer que los militares hagan más y más cosas. Esto no responde a la experiencia internacional, ni a un análisis de su efectividad, menos a una evaluación de alternativas viables. Se basa en el miedo y una ilusión: la fuerza como solución.

Soldados y policías usan uniforme y armas. Algunos piensan que por eso pueden hacer lo mismo. No es así: tienen objetivos, equipos, entrenamiento, procedimientos y doctrinas de empleo de la fuerza diferentes.

Los militares garantizan la seguridad ante amenazas a la integridad territorial y la autonomía del Estado nacional producto de un enemigo militar. Los policías garantizan la seguridad pública ante amenazas a la integridad personal, los bienes y la convivencia pacífica entre civiles.

El soldado debe usar la fuerza para aniquilar o neutralizar a un enemigo, sin más límite que el Derecho Internacional Humanitario. El policía debe prevenir, investigar y detener bajo reglas que garanticen llevar al delincuente ante la justicia; sólo puede usar la fuerza en el marco de la Ley, los tratados internacionales, los derechos civiles y la dignidad de las personas.

No sirve un soldado que antes de disparar se pregunte sobre los derechos civiles de un enemigo. No sirve un policía que crea que su tarea es eliminar a un delincuente. Este –por violento que sea– no es un enemigo, ni un adversario; es un civil que infringe la Ley.

Uno busca derrotar, el otro detener y llevar a la justicia. Pese a estas diferencias evidentes, los militares han sido involucrados en la seguridad pública, militarizándola.

¿La represión, reduce el delito?

¿Las políticas de “mano dura” usando militares, son efectivas para resolver problemas de seguridad pública? La evidencia de dos casos emblemáticos, con base en datos oficiales que se presentan en artículos complementarios, muestra que no.

En El Salvador (1), en un contexto de pobreza y exclusión de posguerra, la deportación de mareros incrementó la violencia y el delito. Desde inicios de siglo se impulsaron políticas de “mano dura” y “súper mano dura”, involucrando a las Fuerzas Armadas (FFAA), cuyo número de efectivos se duplicó. Sin embargo, los homicidios aumentaron y convirtieron el problema social-semi delincuencial de las maras en un problema de gran violencia.

Sólo entre 2022 y 2024 el gobierno logró reducir drásticamente los homicidios y recuperar el control de espacios públicos, generando una percepción de éxito en la población, que en su gran mayoría respalda estas medidas. Este logro se debe a una masiva represión indiscriminada en un marco de impunidad estatal, con un poder judicial cooptado por el ejecutivo.

Se trata de un éxito relativo. La tasa de homicidios es cuestionada por su falta de transparencia y se duplicaría si se suman las “desapariciones” y las muertes en prisión atribuidas a la policía y las FFAA. Su viabilidad a mediano –largo plazo está en duda por múltiples voces salvadoreñas. En parte, porque las maras aún mantienen presencia; incluso, algunos sostienen que existe una negociación con ellas. Además, esta política no aborda las causas de la violencia. Mientras tanto, el delito común sigue a niveles similares de hace 25 años. El narcotráfico ha cambiado su manera de operar, pero tiene la misma intensidad. A ello se agrega que el índice de corrupción estatal va en aumento, facilitando la infiltración del crimen organizado y el lavado de dinero.

Por su parte, en México (2), tras 25 años de guerra al crimen organizado, los efectivos de las FFAA y la Guardia Nacional (GN) dedicados a la seguridad pública se han multiplicado por siete, con misiones cada vez más amplias y presencia prácticamente en todo el país. Sin embargo, la cantidad de homicidios pasó de 10 mil a más de 30 mil por año. A esto se suman 110 mil “desaparecidos” y cientos de miles de desplazados. El delito común también ha ido en aumento.

En México existen dos consensos transversales: que la política de guerra al crimen organizado fracasó y que la acción violenta del Estado generó más violencia. Actualmente, se ha reducido el crecimiento del problema con un enfoque que atiende la marginación, pobreza y corrupción. Además, con el retiro progresivo de las FFAA, dando paso a la Guardia Nacional (GN), un cuerpo intermedio de carácter policial. Los resultados de esta política están aún por verificarse.

Ambos casos muestran que el uso de las FFAA en políticas de seguridad pública centradas en la represión, no resuelve el problema del delito y la violencia. En el mejor de los casos, mejora la percepción de seguridad de los ciudadanos y puede reducir temporalmente las tasas de homicidio, pero sus efectos son efímeros al enfocarse en los síntomas y no en las causas. En ambos casos la “mano dura” intensificó la violencia. Incluso impulsó a sectores sociales marginados, como los jóvenes pandilleros, a una respuesta de extrema violencia. Además, en ambos casos no se verifican éxitos contundentes con relación a los cárteles, ni sobre el delito común o la corrupción, que tiende a aumentar. Y, además, esta política genera otros efectos negativos, los cuales se revisarán a continuación.

Las FFAA y la seguridad pública

Nadie deja de reconocer que la misión esencial de las FFAA es la defensa del territorio y la soberanía nacional ente una amenaza de carácter militar por parte de otro estado. Aunque su apoyo en otras tareas pueda ser útil, convertirlas en un compromiso habitual o en su función principal tiene efectos negativos sobre las propias FFAA.

Su involucramiento continuo en funciones policiales conduce a su desprofesionalización y desgaste, alterando su identidad y modo de operar. Por ejemplo, en El Salvador, 90% de sus efectivos se dedica a labores policiales; en México, pese a la creación de la GN, aún 114 mil efectivos siguen realizando labores policiales (3). En Chile, más de dos tercios de “los militares” son suboficiales y oficiales altamente preparados en más de 100 especialidades durante años; la mayor parte de los soldados son profesionales. En la actualidad, una cantidad significativa de ellos están involucrados de forma casi permanente en funciones ajenas a su misión principal.

Cuando se capacita a un soldado para tratar con civiles migrantes, lo cuales ni siquiera son delincuentes en su mayoría, se le deja de entrenar para la guerra moderna. Las misiones de vigilancia policial exigen recursos, armas, equipos, entrenamiento y (…)