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Después de la Comisión de Paz y Entendimiento: dilemas y desafíos

Es tiempo de cumplir compromisos

Concluyó el trabajo de la Comisión de Paz y Entendimiento (CPE) instalada en junio del 2023 por el presidente Gabriel Boric y arribó a 21 recomendaciones. El mandatario en cadena nacional de radio y TV priorizó cinco y ha convocado al Congreso para reponer una propuesta de reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas (PPII) y un cambio en el régimen de compras y asignación de tierras lo que ya está estipulado en la Ley Indígena 19.253 y ha convocado a una consulta indígena en 70 localidades de regiones del sur.

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José Venturelli, Los caminantes de la aurora, 1978
(Gentileza Fundación Venturelli)

Dirigentes del pueblo mapuche que están realizando diversos Trawün (asambleas) analizan en particular el tema de la consulta y sus primeras apreciaciones no son totalmente promisorias. Para aprobar el reconocimiento constitucional se requieren 4/7 de los votos parlamentarios. El gobierno contaría con todos los votos del oficialismo, pero no será suficiente y necesitará votos alternativos de sectores conservadores. Y en cuanto a la consulta indígena varios de sus temas entrarían en el campo de afectación jurídica de la actual Ley indígena. De ser así, en virtud de las normas del Convenio 169 hoy ley de la República correspondería a los pueblos indígenas resolver en una consulta nacional si dicha ley puede ser reformada. El éxito del proyecto de reforma para el reconocimiento constitucional de los PPII y un buen resultado de la consulta indígena serían los principales indicadores de que el presidente Boric y su gobierno alcancen a dejar un legado político importante.

La CPE es parte de cuatro de nueve comisiones asesoras presidenciales que desde 1990 han abordado la problemática indígena en un sentido nacional e intercultural. Probablemente la CPE sea la última comisión de este tipo pues diversos gobiernos que han usado este mecanismo político han puesto un énfasis especial en los diagnósticos y no tanto en las realizaciones, y ya hay muchos antecedentes acumulados como para saber qué hacer. Hoy es tiempo de cumplir los compromisos. Y ha habido mucho atraso en aquello.

Un antes y un después

En 1990 el presidente Aylwin constituyó la Comisión especial de Pueblos Indígenas (CEPI) al mando del historiador José Bengoa. Y con la participación plena de autoridades ancestrales de todos los pueblos originarios aquí se trabajó el proyecto de Ley indígena 19.253 que fue aprobado en el Congreso por unanimidad el 5 de octubre de 1993 y éste fue su principal legado político. En el 2001 el presidente Ricardo Lagos Escobar creó la Comisión nacional de Verdad histórica y Nuevo trato cuyo informe de 600 páginas fue entregado a conocimiento del país en una ceremonia muy relevante en el Palacio de La Moneda en abril del 2004. Este informe tuvo como virtud poner a Chile ante un espejo estableciendo una verdad histórica acerca de las responsabilidades del Estado nacional en las violaciones de diversos derechos fundamentales de los PPII por más de 183 años (1810-1993). Es un hecho histórico que este informe oficial marca un antes y un después en la historia nacional controlada por más de dos siglos por el mundo conservador y en donde los PPII no existían como pueblos con derechos colectivos. A partir de la existencia de la Ley indígena de 1993 a esta fecha los abusos del Estado y de los privados respecto de las tierras indígenas cuentan con mayores y mejores mecanismos de defensa de sus derechos.

En los gobiernos de la presidenta Bachelet se logró avanzar en la ratificación del Convenio 169 de la OIT con la unanimidad del Congreso en marzo del 2008. Previamente, en septiembre del 2007 Chile firmó oficialmente la Declaración universal de los Derechos de los PPII del mundo en Naciones Unidas. En su segundo gobierno convocó a una consulta nacional indígena constituyente en donde participaron más de 22.000 dirigentes de todos los PPII. Luego, constituyó una Comisión asesora presidencial de la Araucanía con el objeto de abordar en particular las demandas de tierras y derechos de los PPII. En el intertanto la derecha ganó dos elecciones presidenciales con Sebastián Piñera. Uno de los hitos de su gobierno en materia indígena fue un Plan Araucanía consistente en un programa de inversiones públicas en su segundo gobierno y en mayo del 2021 logró una Ley que declaró el inicio del solsticio de invierno de cada año como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y quedó establecido como feriado nacional. Desde 1998 cuando el presidente Frei Ruiz-Tagle estableció esta conmemoración mediante un Decreto presidencial y hasta el 2024 todos los presidentes y presidenta de Chile celebraron y compartieron este día nacional con los PPII en el Palacio presidencial como un símbolo y señal de compromiso republicano. Extrañamente y sin ninguna explicación el presidente Boric dejó de realizar este evento oficial en La Moneda en junio del 2024 y junio del 2025. Corresponderá entonces al próximo presidente o presidenta de Chile retomar como corresponde esta tradición.

El camino que viene

Ya decíamos que si elCongreso aprueba la reforma para reconocer constitucionalmente a los PPII se requerirán todos los votos de los parlamentarios del oficialismo. Aun así, no será suficiente pues se requieren 4/7 en la cámara y en el senado. Hay una derecha extrema que ya ha amenazado con eliminar el Convenio 169 e incluso la Ley Indígena. Los precandidatos presidenciales conservadores han hecho gala de una postura en contra de los Pueblos Indígenas volviendo al discurso medieval de que “Chile es una sola nación y que aun cuando hay personas de algunas etnias, no hay más pueblo que el chileno”. Esto solo como un dato. Por tanto, no sería extraño que algunos de sus parlamentarios se nieguen a aprobar este reconocimiento. El proyecto de reforma ha sido presentado en el congreso en varios períodos sin un avance sustantivo. Ésta podría ser la ocasión para aprobarlo, pero como (…)

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Domingo Namuncura

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