La impensable libertad del prisionero

Los olvidos y silencios son parte de la trama de la historia y de la memoria, y como el pasado permanece abierto, siempre es posible volver a él. No a partir de su literalidad, de la ruina o del monumento sino, sobre todo, a partir de la pregunta por el sentido de ese tiempo para el presente. La huelga de hambre de los prisioneros políticos del Campo Melinka es uno de esos acontecimientos olvidados del pasado dictatorial sobre el cual vale volver.

El Campo, emplazado a la vera de un camino de tierra, que todavía conecta el pueblo de Puchuncaví con las localidades de la costa de la región de Valparaíso, estaba rodeado de un doble cerco de alambradas, tres torres de vigilancia y militares armados. Esta escena interrumpía el bucólico paisaje de pequeñas y verdes colinas. En el acceso, los infantes de Marina, un primer control, luego un sendero en pendiente, y un segundo control. Al final, el galpón habilitado como comedor donde se recibía a las visitas. Hice este recorrido, cada semana, durante más de dos años.

El lugar había sido el Balneario popular Venceremos. Uno de los 16 Balnearios populares de la Central Única de Trabajadores (CUT), construidos durante el gobierno de Salvador Allende (1). Después del golpe de Estado, las fuerzas armadas se apropiaron de estas instalaciones. Tres de ellas fueron transformadas en recintos de detención y tortura, otras en centros vacacionales del Ejército. Las demás fueron vendidas, entregadas a privados, o destruidas.

La primera huelga de hambre

La huelga comenzó el 31 de julio de 1975. Hace ya 50 años. Los prisioneros no pedían su libertad ni mejoras a las condiciones de reclusión. Exigían una respuesta a la dictadura sobre las 119 personas detenidas esaparecidas a las que medios de prensa nacionales e internacionales daban por muertas o fugadas, producto de supuestas pugnas al interior del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), o de enfrentamientos con las fuerzas policiales de otros países.

Pero la verdad era otra. Numerosos testigos daban cuenta de sus detenciones en Chile. Los propios huelguistas habían visto, en recintos de interrogatorio y tortura, a 33 de las personas que se reportaba como fallecidas. Posteriormente se estableció que las versiones difundidas eran parte de un montaje comunicacional, organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en el marco de la Operación Cóndor, con el apoyo de los servicios de seguridad de Argentina y Brasil. En la jerga de la DINA, esta fue la “Operación Colombo”.

Con este montaje no se trataba solo de encubrir los crímenes. Había también el propósito de diseminar el terror, y un mensaje: las personas detenidas no aparecían porque estaban siendo asesinadas. Ante el espanto que provocaron esas supuestas muertes, espectacularizadas desde las portadas de los diarios, la esperanza de la aparición con vida comenzó a extinguirse.

Pero no todo era falso. La vinculación de las 119 víctimas con el MIR era verdadera, al menos en 94 de ellas. En su mayoría habían sido secuestradas entre mayo de 1974 y febrero de 1975, en lo que fue el inicio de la desaparición forzada como práctica sistemática, diferenciada de los asesinatos seguidos del ocultamiento de los cuerpos, perpetrados durante 1973. Esta nueva modalidad, coordinada centralmente, se utilizó primero contra el MIR, luego, en 1975, contra el Partido Socialista, y en 1976, contra el Partido Comunista.

Vidas que importan

En Melinka, quienes habían (…)