Y ahora, Irán. Después de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Yemen. Pronto será más fácil hacer la lista de los países y territorios de Medio Oriente que Israel no ha bombardeado en 2025. Para justificar su última ofensiva, Tel Aviv ha invocado, como de costumbre, su derecho a la “legítima defensa”. Como de costumbre también, los dirigentes occidentales han seguido la misma línea: “Afirmamos que Israel tiene derecho a defenderse y reiteramos nuestro apoyo a la seguridad de Israel (1)”, reaccionaron los jefes de Estado y de gobierno del G7.
Sin embargo, los hechos no dejan lugar a dudas. Fue Israel quien, el 13 de junio, inició las hostilidades, unilateralmente y sin previo aviso, atacando especialmente zonas residenciales, matando civiles. Con el visto bueno de Washington, que llevaba simultáneamente negociaciones con Teherán. “Permitir que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu atacara Irán, justo en el momento en que emisarios estadounidenses entablaban negociaciones con Teherán, hace que la presidencia estadounidense sea tan poco confiable como Al Capone o Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, constata el periodista David Hearst (2). Tel Aviv afirma haber actuado de manera preventiva, contra un ataque “inminente” que sólo el uso de la fuerza podía evitar. Pero “simplemente no hay manera de afirmar de forma plausible que Irán estaba a punto de atacar a Israel con una bomba nuclear que ni siquiera posee”, observa el jurista Marko Milanović (3). Antes de recurrir a las armas, Israel disponía de numerosas opciones diplomáticas y jurídicas. Como último recurso, podía pedir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la autorización legal para emplear la fuerza. Por tanto, en el plano del derecho internacional, su ofensiva del 13 de junio se asemeja por tanto a una agresión.
Al igual que los bombardeos estadounidenses del 21 de junio contra tres sitios nucleares iraníes, Netanyahu buscaba obtener que Estados Unidos entrara en guerra contra Irán desde hace casi (…)
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