Mozambique bajo fuego yihadista

En las costas turquesas del Océano Índico, la guerra entre grupos yihadistas y fuerzas gubernamentales paraliza la explotación gasífera. Más de un millón de habitantes huyeron mientras Ruanda despliega 4.500 soldados en una provincia rica pero devastada.

Los raides de grupos armados se multiplican en la provincia de Cabo Delgado desde el 2017. De tal manera, el 30 de mayo dos ataques provocaron la muerte de treinta soldados mozambiqueños. En un contexto de pobreza generalizada y de marcada degradación económica, al gobierno de Mozambique le cuesta destruir esa amenaza, a pesar del muy activo apoyo del ejército ruandés.

Un grupo de mujeres intenta alcanzar la costa de Pemba surcando el mar turquesa del Océano Índico. Apoyadas sobre sus cabezas, llevan bandejas colmadas de pescados, que cuentan con vender en el mercado de Paquiteque, el barrio más antiguo de la capital provincial de Cabo Delgado. Pero en las playas de arena fina del noreste de Mozambique reina una calma engañosa. La región es presa de recurrentes y mortíferos ataques yihadistas desde el 5 de octubre de 2017. Ese día, el pequeño pueblo portuario de Mocímboa da Praia fue ocupado durante 48 horas por un grupo fuertemente armado afiliado a la Organización del Estado Islámico (OEI) bajo el nombre de Al-Shabab (que significa “los jóvenes” en árabe) o Ansar Al-Sunna (tradición). A pesar de varias operaciones militares lanzadas por el gobierno mozambiqueño y varios Estados de la subregión, la provincia nunca volvió a recuperar la seguridad. En el 2024, cerca del 10% de su territorio escapaba totalmente al control del poder central.

El gas que alimenta el conflicto

Cabo Delgado alberga la mayor parte de las reservas de gas natural del país, estimadas en más de 180 trillones de metros cúbicos. Su potencial económico atrae a muchas empresas multinacionales. La francesa TotalEnergies, la estadounidense ExxonMobil, la italiana ENI y la China National Petroleum Corporation (CNPC), todas invirtieron en concesiones estratégicas de la cuenca del Rovuma, para la exploración y el reparto de la producción gasífera con el Estado mozambiqueño. Los grupos australianos Syrah Resources y Triton Minerals, por su parte, tienen contratos mineros para la producción de grafito en Balama, mientras que la empresa británica Gemfields posee una parte mayoritaria en la compañía Montepuez Ruby Mining Limitada (MRM), que explota una de las mayores minas de rubíes del mundo.

Por lo tanto, restablecer y garantizar la seguridad en la provincia resulta vital para el país. Con este fin, Mozambique primero recurrió al grupo Wagner. En septiembre de 2019, aproximadamente 200 mercenarios rusos fueron enviados para luchar contra la insurrección, tras una visita de Estado del presidente mozambiqueño Filipe Nyusi a Moscú en agosto de 2019, la primera desde 1987. Los dos Estados reanudaron entonces una cooperación estratégica que se remonta a la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética apoyaba a los países de la “línea de frente” contra la Sudáfrica del apartheid (1). Pero el saldo de la operación fue un estrepitoso fracaso: 12 paramilitares asesinados en el espacio de algunas semanas y una lastimosa retirada de la milicia en marzo de 2020. Mozambique recurrió luego a la empresa de seguridad privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG). Fundada en el 2012 por Lionel Dyck, un ex coronel de las fuerzas armadas zimbabuenses tenía que proveer un apoyo aéreo a los soldados mozambiqueños. Pero nada pareció impedir el avance de los insurrectos ni de los grandes ataques, así como tampoco la segunda toma de Mocímboa da Praia en agosto de 2020. En abril de 2021, DAG, por su parte, se vio obligado a anunciar su partida.

La intervención regional

La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas del inglés) decidió entonces enviar una fuerza en común (SADC Mission in Mozambique, SAMIM) en julio de 2021, compuesta por ocho países en colaboración: Angola, Botsuana, la República Democrática del Congo (RDC), Lesoto, Malaui, Sudáfrica, Tanzania y Zambia. Pretoria proveyó dos tercios de los soldados. Por su parte, en el 2023 la Unión Africana envió material militar, tras haber pedido una movilización regional en marzo de 2021 (2). Enfrentada a desafíos logísticos, la SAMIM se vio incapaz de invertir la relación de fuerzas de forma duradera. Además, algunos colaboradores ya no lograban asumir el costo de este compromiso. Durante el verano de 2024, los jefes de Estado y de gobierno de la SADC decidieron desmantelar la SAMIM, permitiendo que algunas capitales, particularmente Kigali (…)