El Estado como esperanza

En América Latina y en Chile, lo público está nuevamente en disputa. Pero esta vez, el embate no viene solo desde la tecnocracia o desde el mercado, sino desde un proyecto político que, sin pudor, busca desmantelar los derechos sociales conquistados en democracia. En nombre de una libertad individualista y hostil al bien común, resurgen con fuerza discursos que reducen al Estado a una amenaza, una maquinaria burocrática que habría que achicar hasta hacerlo desaparecer. Y con él, por cierto, se pretende arrasar también con la educación pública, la salud universal, las pensiones solidarias, los sistemas de cuidados, las políticas de vivienda y de igualdad de género. Todo lo que huela a justicia redistributiva parece ser sospechoso de “wokismo” o de conspiración progresista.

Pero conviene detenerse. Porque lo que está en juego no es solo el tamaño del Estado, sino el tipo de sociedad que queremos construir. Defender lo público no es resistir por nostalgia ni por romanticismo estatalista. Es comprender que los derechos sociales no se garantizan desde el mercado ni desde la caridad, sino desde instituciones capaces de asegurar dignidad, redistribución y justicia. Y que el Estado, lejos de ser un aparato ajeno a la ciudadanía, es una conquista política que debe ser democratizada, no demonizada.

Demolición

En este contexto, vale la pena volver la mirada a procesos más estructurales. En El estado de las reformas del Estado en América Latina, Eduardo Lora describe cómo las transformaciones institucionales en la región durante las últimas décadas respondieron a una “revolución silenciosa” motivada, en gran parte, por la crisis de legitimidad del viejo Estado desarrollista. El giro reformista de los años noventa, lejos de constituir una simple modernización administrativa, implicó una redefinición profunda del rol estatal, anclada en el paradigma neoliberal del Consenso de Washington. Se estabilizó la economía, sí; pero también se redujo la acción (…)