Los legados de un gobierno no se limitan solo a las obras tangibles que mejoran la vida de la población o los indicadores de buen manejo de la economía. El periodo de mandato del presidente Gabriel Boric dejará en pie la más amplia coalición progresista de la historia política de Chile, abrochada por un programa de gobierno, una candidatura presidencial competitiva para los comicios de noviembre-diciembre y una alta probabilidad de alcanzar un acuerdo parlamentario unitario. Este es un legado clave.
Se trata de una potente señal de capacidad de gobernabilidad que ofrece el arco de la izquierda y centroizquierda para un ciclo que asoma difícil si no hay un esfuerzo por fortalecer la cohesión social en torno a la democracia y un proyecto que desarme los mecanismos que producen la persistente desigualdad. Se trata de una propuesta de gobernabilidad que puede reforzar la defensa de la democracia, mejorarla y elevar las capacidades en la lucha contra sus principales amenazas inmediatas: la acción del crimen organizado, la corrupción y la violencia que emana de los discursos de odio y discriminación.
La unidad de las fuerzas progresistas abre camino hacia la tarea nacional de volcarse y llegar al desarrollo en un horizonte alcanzable, algo que no pueden ofrecer las distintas versiones de las derechas regresivas. La declaración emitida por más de 160 representantes empresariales exigiendo a la derecha la búsqueda de acuerdos unitarios para una mayoría parlamentaria es una prueba tangible de la incapacidad de ese sector para ofrecer un proyecto que ofrezca estabilidad y desarrollo. Fragmentadas en cuatro candidaturas presidenciales, las derechas no dan garantías a sus financistas. Presionados por la derecha empresarial, los líderes políticos intentan buscar un feble acuerdo para un pacto por omisión que, como dice el presidente de la UDI, no alcanza para conseguir la mayoría para un eventual gobierno o para una oposición con algún nivel de coherencia.
Las elecciones (…)
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