Plantear la pregunta correcta

En 2017, Portugal contaba con 400.000 extranjeros y la extrema derecha era inexistente. Ocho años después, alberga cerca de 1.6 millones (15 % de la población total) y la extrema derecha se ha impuesto como la segunda fuerza en el Parlamento. Constatada en casi toda Europa, la correlación entre el aumento de los flujos migratorios y el ascenso de las formaciones xenófobas parece casi mecánica (1). “El pueblo francés ya no quiere inmigración”, deduce Marine Le Pen, antes de llamar a un referéndum. ¿Pero qué pregunta habría que hacer?

Volvamos a Portugal, en 2008, mucho antes del reciente boom migratorio. El país, golpeado por la crisis financiera, se encuentra al borde de la bancarrota. A cambio de su ayuda, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea exigen reformas: Lisboa debe “modernizar” su economía, es decir, privatizar, recortar el gasto público, desregular el mercado laboral. Hay que ganar competitividad para atraer inversores. Portugal se esfuerza por hacer entrar dinero fresco. Crea, en 2009, el estatus de “residente no habitual”, destinado a atraer a ejecutivos y jubilados extranjeros mediante una exención fiscal de diez años. Un éxito inmediato. Tres años después, lanza una “visa dorada” (o “autorización de residencia por actividad de inversión”) con acceso privilegiado a la ciudadanía para los extranjeros que sacan la chequera. Una lluvia de capitales se abate sobre el sector inmobiliario. Finalmente, los gobiernos sucesivos apuestan todo al maná turístico. Abren conexiones aéreas de bajo costo y liberalizan los alquileres de corta duración. Los vacacionistas desembarcan por millones, con sus divisas.

La terapia parece dar frutos. Portugal retoma el crecimiento en 2014, su balanza corriente se vuelve excedentaria, su déficit público se reduce año tras año. El antiguo mal estudiante se convierte en modelo. Pero, detrás de los indicadores halagadores, se impone otra realidad. Desde la crisis financiera, el país conoce (…)