Una historia del presidio

El río Maroni despliega sus lodosas aguas y su danza de piraguas a motor. Este 18 de mayo de 2025, las autoridades políticas y tradicionales se reunieron para inaugurar la costanera del barrio de La Charbonnière. En el centro de la atención, el ministro de Justicia Gérald Darmanin. El día anterior, en Le Journal du dimanche, anunció la construcción en Guayana de una prisión con quinientos lugares provista de un sector de alta seguridad con capacidad para sesenta detenidos, reservado a los “narco-bandidos”, y un ala que podrá recibir a quince “detenidos radicalizados”. Todo por la suma de 400 millones de euros. Sophie Charles, alcaldesa por la derecha diversa de Saint-Laurent-du-Maroni, amonestó al ministro bajo los intensos aplausos: “Ya pasó esa página de la historia y espero que no vuelva a pasar”.

De hecho, desde los atentados que golpearon al territorio francés a partir del 2013, una franja de la derecha pretende resucitar el presidio de ultramar. En el 2014, Nicolas Dupont-Aignan propuso “que se restablezca en Cayena, o en otra parte, un centro de detención que permita aislar a los locos peligrosos” (Sud Radio, 20 de noviembre). El presidente de Debout La France también abogaría en la radio RMC, el 24 de noviembre de 2015, por la construcción de un “Guantánamo bis” en Guayana, y luego, el 16 de marzo de 2016, en France Info, por la instalación en las islas Kerguelen de un centro penitenciario para los terroristas. Más recientemente, en campaña por la presidencia de los Republicanos, Laurent Wauquiez sugirió la retención de extranjeros en situación irregular en Saint-Pierre-et-Miquelon (JD News, 8 de abril de 2025).

El ministro de Justicia, por su parte, no se conforma con declaraciones. Tan pronto como Darmanin introdujo su proyecto para un establecimiento penitenciario en el programa de su presupuesto sin consulta previa, los representantes guyaneses hicieron frente común. El 18 de mayo de 2025, el diputado del Movimiento de Descolonización y de Emancipación Social (MDES), Jean-Victor Castor, denunció en una carta al primer ministro “una tradición menospreciante, colonial y autoritaria” que considera a Guayana como “un ‘basural’ carcelario”. El senador guayanés Georges Patient, a pesar de respaldar al gobierno, se lamentó por “una puesta en escena destinada a atender una ambición personal” (Public Sénat, 19 de mayo de 2025).

“Basural carcelario”

En Guayana, “el mundo está compuesto por tres cosas: el cielo, la tierra y el presidio”, resumía en 1923 Paul Roussenq, anarquista encarcelado durante veinte años (de los cuales 3779 días en el calabozo). La Convención se refería a ella como lugar de deportación. El Directorio envió allí a más de 300 condenados entre 1795 y 1798: a políticos acusados de falta de civismo, como Jean-Marie Collot d’Herbois y Jacques-Nicolas Billaud-Varenne; a los instigadores del golpe de Estado del 18 de fructidor del año V, así como a Charles Pichegru y a 271 sacerdotes refractarios. Los “campos de la muerte” de Sinnamary y Counamama, ubicados en pantanos, diezmaron a la mitad de aquellos en solamente unos meses.

El presidio revolucionario, experiencia circunscripta en el tiempo, formalizó una práctica antigua que en el caso francés se registró desde el siglo XVI. Jacques Cartier logró entonces que Francisco I dotara a su expedición con prisioneros. En América del Norte, en el siglo XVIII, los franceses y los británicos se respaldaron en la deportación de “personas sin confesión” (vagabundos, mendigos, personas sin vínculos sociales...) para controlar territorios inmensos. Las compañías coloniales salieron ganando, al comprar mano de obra prisionera y explotable. Pioneros, “los condenados a trabajos forzados eran los agentes de la ocupación y de la expansión imperial”, destaca la historiadora Clare Anderson (1).

Trabajos forzados

En el transcurso del siglo XIX, se sistematizó el destierro en ultramar y se lo extendió a los criminales de derecho común bajo el modelo construido por los británicos en Australia. La “deportación” consistía en una pena de trabajos forzados, equidistante de la pena capital y del encarcelamiento en casa central. Los detenidos, sin ninguna perspectiva de retorno, se veían obligados a tener descendencia en la colonia. Al final de su condena, formaron una nueva sociedad de colonos-propietarios y de familias surgidas de uniones entre condenados de los dos sexos. La represión de la insurrección obrera de junio de 1848 y el golpe de Estado de 1851 llenaron las prisiones y reactivaron las deportaciones políticas, primero en Argelia y en las islas Marquesas. Al mismo tiempo, el presidente Luis-Napoleón Bonaparte cerró los presidios portuarios de Brest, Rochefort y Toulon, (…)