La seguridad ciudadana es el eje de la carrera electoral

Si bien, de seguro, el asunto que más afecta a la gran mayoría del país es la mala distribución del ingreso y el sobre endeudamiento para llegar a fin de mes, pues tenemos que el 80% de los hogares recibe el 49,2% de los ingresos del país, mientras que el 20% superior concentraría el restante 50,8%(1), por lo que el 69% de los hogares deben ya el 75% del ingreso familiar(2). También afecta gravemente a la mayoría de la población el acceso limitado, cuando no accesible, a los derechos sociales básicos en salud, pensiones, educación y vivienda. No obstante, lo anterior, la inmensa mayoría de la opinión pública considera que la seguridad ciudadana, gravemente afectada según los medios de comunicación por el narcotráfico y la delincuencia organizado, es en el país el asunto que más los afecta y, por lo tanto, el principal y primer tema político y electoral que definirá su voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Frente a lo anterior, los partidos políticos y los centros de estudios asociados a ellos han propuesto un conjunto de medidas que en general se circunscriben a endurecer los procedimientos de investigación y las sanciones penales para perseguir la delincuencia común y organizada. La principal característica política es que ese conjunto de propuestas meramente punitivas no permite diferenciar las que hace la derecha de las que propone la izquierda, las mismas nada dicen sobre las opciones preventivas y reparatorias del delito en el complejo campo de la comprensión e intervención institucional para garantizar la seguridad ciudadana a la gran mayoría del país, este no discernimiento político obviamente actúa electoralmente en favor de la derecha y extrema derecha, que se muestran más duras y eficientes ante el narcotráfico y el crimen organizado.

Mientras esas propuestas se aclaran, debaten y ejecutan, para satisfacer esta sentida y urgente demanda social y política de la población por una mejor seguridad ciudadana, se proponen las siguientes medidas concretas para intervenir prontamente en sus campos de acción más específicos, a saber: la prevención social del delito, la disuasión policial del delito, la persecución penal del delito y la reparación a las víctimas.

1. La prevención social del delito

Este campo específico está constituido por el conjunto de medidas sociales, económicas y culturales o valóricas, tendientes satisfacer las necesidades más apremiantes de los sectores más desvalidos de la sociedad, en particular de los jóvenes e inmigrantes, para así inhibir a esas personas ha transgredir los derechos de los otros para satisfacer sus necesidades básicas, así como, para inducirlas a que abandonen esas prácticas delictivas cuando las han asumido.

En este campo de la prevención comunitaria pueden y deben jugar un rol relevante los municipios, estas instituciones públicas al ser las más cercanas a la población podrían asumir dos tareas básicas de prevención social del delito:
a) el trabajo barrial para identificar grupos, familias y personas en situación de riesgo a delinquir, para derivarlas a las instancias públicas y privadas competentes en procura de empleo, ayuda social, atención en salud, educación, legalización migratoria, etc., y,
b) la provisión municipal de trabajo juvenil remunerado y de tiempo parcial, para jóvenes entre 14 y 18 años, con la finalidad de realizar acciones municipales en la instalación y mantenimiento de parques y jardines, reparaciones de vías y locales municipales, atención de adultos mayores y de niños, (…)