Los Gulag de Trump

La persecución llevada a cabo por el gobierno de Trump contra los migrantes está conformada por un universo punitivo que incluye prisiones, torturas, campos improvisados y deportaciones a terceros países. El gobierno de Estados Unidos ha creado una nueva categoría de personas atrapadas en una geografía de derechos restringidos que recuerda a la represión estalinista.

La maquinaria de represión estalinista se desplegó en una red penitenciaria que el novelista Alexandr Solzhenitsyn imaginó como un país paralelo superpuesto a la geografía real de Rusia. Lo denominó el Archipiélago de Gulag en referencia a los diversos nodos que formaban los puntos del terror: las redadas nocturnas de detención, los interrogatorios, el transporte a campos intermedios y el traslado a campos de trabajo (y muerte) en Siberia.

El terrorismo de Estado que describe comparte rasgos comunes con otras dictaduras, pero se distingue por la enorme vastedad geográfica en la cual se desplegaba. Los detenidos políticos de Stalin se encontraban atrapados en una realidad paralela, a merced de la dictadura, y morirían por diseño, sin crimen y sin condena. El mensaje de la maquinaria era claro: ante un sistema de violencia absurda y kafkiana, la única respuesta lógica era evitar la confrontación.

De la dictadura estalinista a la democracia estadounidense bajo Donald J. Trump hay un salto de mundos. Sin embargo, hoy, cuando las democracias ya no mueren con tanques en la noche sino por el vaciamiento institucional desde adentro, la noción de geografía paralela que describe Solzhenitsyn ilumina la realidad de un grupo específico bajo el gobierno de Trump: los extranjeros.

De manera similar a Nayib Bukele –quien, con el estado de excepción en El Salvador suspende garantías constitucionales para un segmento de la población (cualquiera acusado de ser criminal, es decir, potencialmente cualquiera)–, Trump crea una nueva categoría de personas cuyos derechos quedan subordinados a supuestas consideraciones de seguridad nacional.

La nueva geografía que enfrentan los no estadounidenses en el Archipiélago de Trump se caracteriza por políticas tomadas de manuales autoritarios: detenciones arbitrarias y violentas, la desaparición de personas, la separación de familias, las deportaciones a prisiones en otros países donde la tortura es cotidiana, y exilios a limbos jurídicos en países pobres y en guerra. Cada política individual se presenta como caótica, con avances y retrocesos legales, pero los casos testigo permiten advertir, al igual que en el libro emblemático de Solzhenitsyn, la existencia de un sistema represivo con un mensaje claro: no vengan. Siguen vigentes la Constitución, las Cortes y la sociedad civil, pero los extranjeros ahora viven en una geografía paralela, y no tienen garantías.

Militarización y violencia

Desde el comienzo del gobierno de Trump este año, el Ejecutivo exigió a los agentes de la policía migratoria (Immigration Customs Enforcement o ICE) un aumento en la cantidad de detenciones de migrantes. En mayo se impusieron cuotas de 3.000 detenciones por día (1). Aunque no se cumplieron, la presión, junto con la cantidad significativamente menor de personas cruzando la frontera sur de Estados Unidos, provocó un aumento de redadas que capturan personas extranjeras sin historial criminal. Incluso latinos con residencia legal en Estados Unidos sufren hostigamiento, y el clima de miedo repercute en las economías locales.

En agosto la ICE anunció que está reclutando “patriotas” que apoyen su “misión para arrestar a asesinos, pedófilos, pandilleros, violadores y otros inmigrantes ilegales criminales de las calles de Estados Unidos”. También se ofreció un bono a los agentes por cada detención que terminara en deportación dentro de las dos semanas, pero el plan se rescindió tras hacerse público en los medios. Los arrestos se producen en lugares de trabajo, de socialización e incluso en los edificios adonde los inmigrantes acuden para cumplir con los requisitos de registración ante las autoridades. Es el caso, por ejemplo, de Emerson Colindres, un hondureño de 19 años que vivió desde los 8 en Estados Unidos y fue detenido en mayo al presentarse a una cita con autoridades migratorias. Activistas documentan el uso creciente de tácticas violentas por la ICE, como romper las ventanas de autos ocupados para forzar detenciones (2).

Desde abril, las autoridades mantienen estrictamente detenidas a las personas que solicitan asilo o intentan migrar (en el pasado se les permitía vivir en Estados Unidos mientras avanzaban sus trámites). En agosto, la ICE tenía casi 60.000 detenidos bajo su órbita. Los detenidos son trasladados constantemente y sin aviso entre centros de la ICE. Sus casos se mueven entre jurisdicciones, con el objetivo explícito de que recaigan en juzgados más hostiles a la migración. Sus abogados denuncian que, bajo el actual gobierno, muchas veces se complica encontrar el paradero físico de sus clientes, se dificulta la representación e incluso su defensa. Hay al menos un caso documentado de un detenido desaparecido.

La política responde tanto a la saturación del sistema ante el aumento de detenidos de la ICE, como a una estrategia calculada: hacer tan incómodo el procedimiento que cada vez más migrantes aceptan la “auto-deportartación”, es decir, irse voluntariamente. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó el 8 de agosto que más de un millón de migrantes indocumentados se habían marchado por voluntad propia desde el inicio del mandato de Trump, aunque expertos señalan que la cifra es inverificable debido a la opacidad del sistema (…)