Cuando Trump redescubre el arma contra los mercados

Trump redescubre sin saberlo el circuito del Tesoro, instrumento usado en Francia para el control estatal de las finanzas. Lordon propone que la izquierda europea lo retome para quebrar el poder de los mercados sobre la democracia.

Es pleno verano y nadie, o casi nadie, está prestando atención cuando Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Donald Trump, aparece en Fox News (13 de agosto de 2025) y, con la desenvoltura a la que últimamente está acostumbrado el nuevo poder estadounidense, hace un pequeño anuncio: los ahorros de no residentes invertidos en Estados Unidos podrían, en parte, ser reunidos en una especie de “fondo soberano interno” a discreción del gobierno –del presidente–, quien tendría el poder de decidir –a su antojo– su uso en función de los sectores que desee desarrollar.

Sólo algunos internautas que no quedaron atrapados en la modorra informativa estival advirtieron la declaración y dimensionaron su importancia, pero de inmediato la llenaron de insultos, con el reflejo automático con que suele recibirse casi todo lo que emana del trumpismo. Sin embargo, precisamente en este caso, habría que tomarse el tiempo para reflexionar. Lo que están haciendo Trump y Bessent, con toda inconsciencia por supuesto, no es ni más ni menos que reinventar el principio del “circuito del Tesoro”. Es decir, el instrumento para retomar el control del financiamiento de la economía.

Deliciosa contradicción

Instalado primero bajo el régimen de Vichy, pero movilizado sobre todo durante la reconstrucción, el circuito del Tesoro consistía en poner a disposición del Estado los fondos líquidos depositados por los agentes en instituciones financieras públicas o de carácter público-no estatal, tales como, por ejemplo, las cuentas corrientes postales [actuales cuentas bancarias de La Banque Postale]. Estas instituciones, que recibían el estatus de “corresponsales del Tesoro”, estaban además obligadas a volcar una parte de los ahorros que recaudaban a los títulos de la deuda pública, cuya suscripción quedaba así garantizada, en una época en que la estrechez de los mercados de bonos impedía convertirlos en una fuente de financiamiento del Estado.

Reducido a su principio y en términos generales, el circuito del Tesoro puede redefinirse como un mecanismo de asignación intervencionista de los ahorros privados. En beneficio del Estado en el caso histórico francés. En favor del desarrollo de ciertos sectores industriales considerados estratégicos en el inusual caso de los Estados Unidos de Trump, aplicándolo de manera selectiva solamente a los ahorros de no residentes –de más está decir que la libertad de inversión de los ciudadanos estadounidenses es inalienable–. Esta última cláusula restrictiva es la que logró engañar incluso a las mentes más agudas, que no vieron en la idea Trump-Bessent más que una burda versión de “colonialismo financiero”, sumada a una nueva humillación infligida en el terreno económico a los europeos, convertidos en vasallos por la captura indirecta de su ahorro (1). No hay duda de que eso es así. Sin embargo, el error surge al limitarse ahí y no ver la deliciosa contradicción por la cual Trump despierta en nuestro espíritu ni más ni menos que el recuerdo de un mecanismo antimercado de financiamiento de la economía. En su caso, con fines de política industrial –que está muy lejos de carecer de interés–. En el nuestro, para el financiamiento de la deuda pública. Lo mínimo que se puede decir en estos tiempos de “pedagogía” apocalíptica es que la cuestión vuelve a plantearse, y de forma aguda.

La toma de rehenes financiera

Desde el momento en el que el financiamiento del Estado fue entregado a los mercados de capitales –abiertos expresamente con ese fin–, la toma de rehenes quedó servida. No la de los ferroviarios ni la de los basureros, sino la de los inversores institucionales. Según una anécdota hoy muy conocida, James Carville –quien fue director de campaña de William Clinton y que no era precisamente un inexperto en materia de correlación de fuerzas– había declarado que, si debía reencarnarse, deseaba hacerlo en “mercado de bonos”. Pues había comprendido que en él residía el verdadero poder: un lugar de un poder superior al de los Estados, ya que los inversores, con su reacción colectiva, fijan las condiciones –en particular las de las tasas– en las que puede emitirse la deuda pública. Esas condiciones reflejan con total exactitud su opinión y sus deseos respecto de lo que, para ellos, debe ser la “buena política económica”. Fuera de ese respeto a su norma, los gobiernos se exponen a encontrarse con condiciones de emisión tan desfavorables que la carga de la deuda puede volverse insoportable, llegado el caso puede incluso llevarlos al default. Antes de llegar a esos extremos aberrantes, los Estados tienen tiempo para sufrir y apretar el cinturón –en nombre de “los mercados”, de “la calificación del país” y de la “credibilidad” –. Entonces hay que someterse, aceptar cualquier cosa con tal de complacer a “los inversores”, todo esto hasta el punto absurdo en que los gobiernos, habiendo optado por ceñirse al dogma neoliberal con fe ciega, terminan sosteniendo que la independencia del país sólo se gana mediante el respeto escrupuloso de esta disciplina; es decir, mediante el grado último de sumisión y heteronomía. Esclavicémonos, así seremos libres.

No obstante, es el momento de empezar a hacer ciertas distinciones dentro de ese “nosotros”, porque no todos están en la misma situación. La camisa de fuerza de los “mercados” fue concebida para beneficio exclusivo de los inversores, para ofrecerles una garantía frente a la inflación –que erosionaría sus activos– y, por supuesto, contra el default, que les generaría una pérdida total o parcial. Por eso se espera que las políticas económicas nacionales sigan las reglas –en realidad, a velar sólo por los “objetivos” que interesan a las finanzas: la estabilidad nominal (la de los precios) y la estabilidad financiera (la del servicio de la deuda y de la trayectoria de solvencia)–. De ahí que la “estabilidad” se haya convertido, por excelencia, en el concepto rector del discurso económico neoliberal: es la estabilidad de y para los inversores –incluso la estabilidad política, que funciona como garantía de las otras dos: que nada venga inoportunamente a perturbar el orden que complace a las finanzas–. En este sentido, había razones para atragantarse al ver la firma de la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a la del Movimiento de Empresas de Francia (Medef ), en un comunicado colectivo que apelaba precisamente a la “estabilidad”, justo después de que Michel Barnier fuera amarrado al asiento eyectable.

Así, una soberanía desplazó a la otra: la de los inversores vino a sustituir a la de los ciudadanos –salvo por la de unos pocos ultra minoritarios cuyos intereses están alineados con los de las (…)