La difícil primavera hondureña

Honduras elige presidente el 30 de noviembre. Tras doce años de gobiernos autoritarios y corrupción, Xiomara Castro llegó al poder en 2022. Su partido Libre enfrenta ahora poderosas resistencias internas y la presión de Estados Unidos.

Manuel Zelaya –ex presidente de Honduras–. Derrocado el 28 de junio de 2009, en plena ola rosa-roja latinoamericana, por un golpe de Estado. Como reacción a ese golpe nació el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y luego el partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre). Este, tras doce años y siete meses de “narco-dictadura” –es el término utilizado aquí–, finalmente llegó al poder el 27 de enero de 2022, en la persona de Xiomara Castro. ¡La esposa de Zelaya!

Coordinador nacional de Libre, principal “asesor” de la presidenta, este atiende en el edificio de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa. Ya son casi las 23 horas. En una antesala esperan hombres elegantes, militantes desaliñados, una diputada con mentón definido, un hombre arrogante con el pelo artísticamente arreglado –traje negro, corbata amarilla, zapatos lustrados–. Para ayudarlos a esperar pacientemente, un funcionario distribuye botellas de agua y tazas de café.

Acomodado en un sillón, Zelaya ocupa el medio de un amplio salón. “Despacha” a un visitante inoportuno en dos minutos, consulta su teléfono celular, hace que le lean un documento, discute con la diputada, vuelve a su teléfono, hace preguntas a sus colaboradores, reniega respecto de un video que sería conveniente modificar. Cálido, con el tuteo fácil, comienza con la entrevista solicitada: “Libre ganó la presidencia, pero la democracia llamada liberal no te permite tener el poder absoluto. Las fuerzas reaccionarias siguen ejerciéndolo a través del Congreso, la Corte de Justicia, los bancos, las trasnacionales, las iglesias, las empresas privadas...”. Cuando menciona “las maniobras de los opositores”, Zelaya sube la voz: “Todos van a intentar recuperar el poder. ¡Incluso quieren impedir las elecciones del 30 de noviembre! Pero, cualquiera sea el precio, nosotros las organizaremos”. Medianoche en punto. Como es su costumbre, aquel cuyos partidarios cariñosamente rebautizaron “Mel” va a seguir trabajando hasta la 1 de la mañana.

Honduras se salvó por poco. Después del 2009, están en maniobras lo que aquí se llama la “oligarquía” (o “las diez familias”), las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, Washington y, como se descubriría posteriormente, los mafiosos. Tres elecciones “bajo control” –2009, 2013, 2017– dieron lugar a comprobados fraudes. Dos presidentes neoliberales surgidos del Partido Nacional (PN) emergieron de ellas –Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández, llamado “JOH” (2014-2022)–. En el 2017, para ser reelecto, este último violó la Constitución.

Poderes decentes

Concentración del poder, militarización, represión generalizada. Corte Suprema, magistrados y fiscales que se dejaron comprar, aquí yace el aparato judicial, en total descomposición. “Cuando todo el sistema es corrupto –analiza Rixi Moncada, ministra de Defensa hasta el 27 de mayo pasado y actual candidata de Libre a la presidencia–, el aparato de seguridad se derrumba. Mafias y narcos se aprovechan, con su cúmulo de asesinatos, crímenes y violencia en la calle”. Honduras se convirtió en el país más violento de América Central (56,7 homicidios cada 100.000 habitantes en 2016, tras un máximo de 86,5 en 2011) (1). La tasa de pobreza saltó de cerca del 60% en 2009 al 74% en 2021 (54% de extrema pobreza) (2). Caravanas de migrantes –7.000 de golpe, en 2018– se lanzaron a pie en un periplo de 3.000 kilómetros sobre las rutas de América Central y de México, con Estados Unidos como último “sueño”.

Durante esos años de plomo, la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado y la Drug Enforcement Administración (DEA; los “antidrogas” estadounidenses) mimaron a los gobernantes hondureños. En tanto muros de contención contra la izquierda local, estos favorecían además los intereses de Washington en materia económica y diplomática. Sin embargo, al final de su mandato, al expresidente Lobo, acusado de “corrupción significativa”, se le prohibió la entrada a Estados Unidos; el hermano de “JOH”, Tony Hernández, fue luego condenado allí a cadena perpetua por narcotráfico; cuando la izquierda triunfó en Honduras, “JOH” en persona, que se tornó inútil, fue a su vez reclamado por la justicia estadounidense, extraditado y condenado a 45 años de encarcelamiento por las mismas razones.

Fue un gran dolor de cabeza para Joseph Biden, recién investido presidente en 2021. Ávido de una revancha electoral, Donald Trump lo hizo responsable del avance migratorio, que había explotado a raíz de la pandemia de Covid-19. Para estabilizar a América Central y reducir los flujos que huían de ella, allí hacían falta al menos poderes decentes. A las instituciones hondureñas, atadas al Partido Nacional, Washington les explicó firmemente las (nuevas) reglas del juego: durante las elecciones presidenciales de noviembre no se toleraría ningún fraude.

Los años de plomo

Desde entonces, la lógica democrática es respetada. Como brillante estratega, “Mel” fue capaz de articular los diferentes focos de resistencia que existían en la sociedad. Por su lado, su esposa Xiomara Castro nunca fue un florero decorativo. Responsable del importante programa social Red Solidaria, tras el golpe de Estado, integró el FNRP, “se comió” gases lacrimógenos codo a codo con las multitudes, participó en las marchas. Valorada por las clases populares, lo supera ampliamente.

“Cuando Xiomara se instaló en la presidencia –cuenta Moncada con una sonrisa irónica–, los medios de comunicación, que pertenecen todos a la clase dominante, eran apocalípticos. No era capaz, no sabría gestionar la economía, se iba a instalar una dictadura, y te salían con Chávez, y Fidel, y Nicaragua, y blablablá y blablablá...”. La sonrisa se desvanece: “Aún hoy, el trabajo de zapa de aquellos continúa”.

Desde el comienzo del mandato de Castro, Libre se enfrentó a un primer golpe duro. Aliado del Partido Salvador de Honduras (PSH), está a unos votos de la mayoría en el Congreso. Para hacer aprobar sus leyes, le sería suficiente con negociar un puñado de acuerdos. ¡Ay!, pero dos facciones de su grupo parlamentario se disputan la presidencia de la Asamblea. “Como en otros países –analiza el vicepresidente del Congreso Hugo Noé Pino–, los candidatos a diputados tienen más convicciones e intereses personales que lealtad con respecto al partido”. Antes del golpe de Estado, algunos pertenecían a las formaciones tradicionales –esencialmente, el Partido Liberal (PL), del ala izquierda, del cual provenía Zelaya, y que el golpe fracturó–. Otros provienen del PSH, fundado por un oportunista desprovisto de brújula ideológica, Salvador Nasralla. Tras las alianzas episódicas con Libre, hoy este es... el candidato del PL en las elecciones presidenciales. Para todos ellos, el programa pasa a un segundo plano. Desaprobados por Castro, ocho disidentes terminaron por pasar (o regresar) al PL tras haber desertado. Ya sin control sobre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y tres cuartas partes de los ayuntamientos, Libre perdió de golpe el Congreso. La tarea solo será más complicada.

No obstante, una joven generación de ministros y de funcionarios de alto rango surgidos de la Resistencia se lanzó en una refundación “socialista y democrática” del país. En unos meses, las empresas públicas de energía y de telecomunicaciones fueron recuperadas, más de un millón de familias vulnerables fueron beneficiadas con electricidad subvencionada al 100%, escolarización gratuita y comidas escolares para sus hijos. Becas para los estudiantes, transferencias financieras a las madres de familia y a los ancianos. Luego siguieron la puesta en obra de ocho hospitales (el más avanzado, construido en un 45%) y grandes inversiones en líneas eléctricas. En la historia de Honduras, nunca se asfaltaron tantas rutas, nunca se mejoraron tantos caminos de tierra de enlodados surcos.

El campo olvidado despierta

A falta de grandes empresas, la economía descansa sobre las “maquiladoras” (fábricas de subcontratación) y la agricultura. “Un sector damnificado”, informa el viceministro a cargo del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría. Desbordado, este exsindicalista campesino, coordinador de la organización antiglobalización Vía Campesina y luego dirigente de la Resistencia Popular, nos citó para un “desayuno”, a las 8 de la mañana, en un fast food cercano al INA. “Durante este período de dictadura –detalla–, los gobiernos cerraron el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola [BNDA, el establecimiento más cercano a los productores], privatizaron la asistencia técnica, obligando a las cooperativas y a los agricultores a pagarla o a prescindir de ella, cerraron (…)