Otra vez un manto de impunidad

La causa judicial que investigaba uno de los mayores casos de corrupción, financiamiento ilegal de la política y una red de “delincuentes de corbata” ha sido cerrada con la absolución de los últimos ocho inculpados y luego de someter a escrutinio más de 240 personas, una decena de las cuales recibió condenas -bajas por cierto- a lo largo de los once años que duró la investigación. Si bien la prensa monopólica y otros centros de poder pusieron el foco en la desprolijidad de la Fiscalía Nacional al presentar las pruebas contra Soquimich (SQM), sus principales directivos, así como a un puñado de políticos, que incluyó a ex parlamentarios, un ex ministro y fundador de la UDI y a un actual candidato presidencial, no pudo ocultarse que los delitos fueron cometidos.

De hecho, SQM en 2018 llegó a un acuerdo con la autoridad de valores de Estados Unidos, cuando reconoció “formalmente” haber realizado pagos indebidos en Chile por casi 15 millones de dólares, a través de una cuenta de gastos del entonces gerente general de la empresa minera, Patricio Contesse. “Efectivamente hubo boletas por trabajos que no se hicieron. Esta es una de las partes más inverosímiles de la sentencia”, reclamó el abogado Mauricio Daza, uno de los primeros querellantes de la causa. Las investigaciones por el uso de boletas falsas para canalizar fondos de SQM a un amplio espectro de personas vinculadas a la política iniciaron con el llamado caso Penta, que funcionaba como “caja pagadora” de la UDI.

La empresa SQM fue privatizada en un proceso entre 1983 y 1986, después de 20 años de fundada por el Estado chileno. La minera, productora de potasio, yodo y litio, pasó a manos del ingeniero Julio Ponce Lerou, por entonces yerno del general Augusto Pinochet, quien se mantuvo a la cabeza de la pujante empresa por más de 30 años, periodo en el cual acumuló una fortuna que hoy lo coloca como la segunda persona individual más rica de Chile. Según la lista Forbes, Ponce Lerou tiene un patrimonio de 2.300 (…)