El gobierno ecuatoriano habilita una creciente injerencia de Estados Unidos en materia de seguridad, así como económica a través de préstamos del FMI.
“¿Los estadounidenses están verdaderamente aquí para proteger nuestra biodiversidad?”, finge preguntarse Jorge Vázquez. El experto naturalista vive en la isla San Cristóbal, Ecuador, desde hace seis años. Por un sendero escarpado, nos lleva a descubrir el espectáculo inmutable de esta naturaleza protegida… no lejos de la cual hacen patrullajes los guardacostas del Ejército de Estados Unidos. Una vez que deja atrás el terreno rocoso, el excursionista llega a un mirador natural con vistas a las aguas del Pacífico. Abajo, en este sector, el extremo más oriental de las Galápagos, nada interrumpe el desfile de lobos marinos ni las excursiones de las iguanas.
Convertido en parque nacional en 1959 y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1978, el archipiélago fue preservado como reserva marina en 1998. Un “régimen especial” establecido por la Constitución de 2008 impuso estrictos controles sanitarios para prevenir la invasión de especies animales exógenas, parásitos o virus... Controles de los que están exentos los militares de Washington desplegados en el lugar, llegados oficialmente en el marco de una “cooperación” con Quito.
“Acá los estadounidenses no se esconden”, dice Vázquez. Su brazo se mueve ligeramente hacia el oeste, por encima del cúmulo de rocas desde donde se divisan las infraestructuras portuarias y aeroportuarias. “En este lugar estacionan sus drones. Y en la pista del aeropuerto, que ustedes pueden ver detrás, despegan sus aviones de patrullaje”, explica nuestro guía. Y agrega: “Como los demás habitantes, ya me acostumbré al desfile permanente de estos diferentes bólidos”. Un P-3 Orion (Lockheed Martin), un AWACS (Boeing), un bombardero DHC-8 (De Havilland). Hubo que ampliar el aeródromo para darles cabida. En cuanto al puerto de este territorio de seis mil almas, ahora alberga una flotilla naval estadounidense.
La vuelta de Estados Unidos
La presencia de Estados Unidos fue oficializada en 2019 por el expresidente Lenín Moreno (2017-2021). En aquel entonces, el sucesor de Rafael Correa (2007-2017) afrontó una grave crisis y se acercó a Donald Trump. Obtuvo un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), impuso medidas de austeridad a su país y solicitó ayuda al gobierno estadounidense en dos áreas: la lucha contra la pesca ilegal y –ya por entonces– el narcotráfico. De este modo, Moreno respaldó la vuelta de Estados Unidos al archipiélago de las Galápagos, que ya había ocupado durante la Segunda Guerra Mundial y hasta 1946.
Washington fue todavía más proclive a responder favorablemente en la medida en que China estaba siendo incriminada por Quito por el asunto de la pesca ilegal. La administración estadounidense ya estaba inquieta por el aumento de poder de Pekín en el país andino imputado a Correa. En la zona económica exclusiva (ZEE) de cerca de 200.000 millas marinas que rodea el área ecológica preservada, la multiplicación de incursiones furtivas desencadenó incidentes diplomáticos intermitentes. La migración anual de los calamares es un imán para la pesca ilegal y China está acusada de practicarla masivamente desde fines de la década de 2010 para cubrir sus necesidades alimentarias cada vez mayores. Entre 2021 y 2023, la organización no gubernamental (ONG) estadounidense Oceana contabilizó en la zona 510 barcos de pabellón chino y un total de 148.000 horas de pesca ilegal.
Las amenazas predadoras de Pekín sobre el archipiélago son objeto de toda la atención de Washington. Los estrategas estadounidenses están indignados porque la marina mercante china (la más importante del mundo por tonelaje y valor) infringe el derecho internacional al violar la soberanía territorial de un país aliado, y además practica una competencia económica desleal que destruye áreas protegidas en cuya preservación convergen múltiples programas de Estados Unidos. (…)
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