Defender hoy la universidad pública

En América Latina y el Caribe, la defensa de la universidad pública no puede pensarse al margen de la historia de las luchas que la arrancaron de su condición oligárquica y la convirtieron, al menos como horizonte, en un espacio de democratización del saber.

Antes incluso de Córdoba (1918), la ampliación de la vida universitaria estaba presente en iniciativas como el Congreso Femenino Internacional de Buenos Aires (1910), impulsado por universitarias como Petrona Eyle y Julieta Lanteri. Después vendrían la Reforma de Córdoba, el ciclo de las universidades populares (1918-1925), el reformismo peruano y las lecturas de Mariátegui en los años veinte, las intervenciones de Amanda Labarca en Chile y, más tarde, las formulaciones de Anísio Teixeira y Darcy Ribeiro sobre una universidad pública necesaria para nuestros pueblos. En ese recorrido, la cuestión universitaria dejó de ser un asunto meramente estatutario y quedó ligada a la relación entre educación, emancipación y transformación social.

Esa tradición, por supuesto, no fue lineal ni estuvo exenta de derrotas, pero aun así le confirió a la universidad latinoamericana un significado que todavía orienta muchas de las preguntas que hoy la atraviesan. La universidad pública no puede ser comprendida como una estructura administrativa que está destinada únicamente a la certificación profesional. Su democratización no se resolvió en la ampliación del acceso ni en la incorporación gradual de sectores que antes estaban excluidos. Esta implicó una reorientación de su función histórica que la volvió un escenario de conflictos sociales y disputas por la legitimidad del saber.

Educación de mercado

En Chile, esa historia asumió una inflexión profunda con la mercantilización de la educación superior que impuso la dictadura a comienzos de los años ochenta. Los decretos con fuerza de ley de 1981 promovieron la expansión de instituciones privadas, desarticularon la red pública, fragmentaron las grandes universidades estatales y alteraron su financiamiento, trasladando una parte creciente de los costos al estudiantado y a sus familias. Desde entonces, la autonomía universitaria dejó de tener que ver únicamente con la defensa frente a la injerencia estatal y empezó a estar atravesada por la dependencia del mercado y la exigencia de sostenerse bajo condiciones de autofinanciamiento. Esa presión tampoco se distribuye de manera homogénea dentro de la propia universidad y afecta con particular intensidad a aquellos espacios menos ajustables a la lógica del rendimiento, entre ellos las artes y las humanidades.

La transición democrática, aunque amplió la cobertura y fortaleció ciertos mecanismos de regulación, no desmontó esa matriz. Más bien administró sus efectos, combinando expansión con segmentación institucional, endeudamiento y desigualdad. Por eso las movilizaciones de los años 2006 y 2011 no pueden leerse solo como protestas sectoriales. A través de ellas se instaló en el debate público la pregunta por quién debía financiar la educación, qué lugar le correspondía al Estado y qué forma de vida común podía reconstruirse tras décadas de neoliberalismo. Tal vez por eso los autoritarismos -abiertos o banales, espectaculares o administrativos- terminan chocando con la universidad. De ahí que su defensa siga siendo una tarea política e intelectual urgente.

Fascinación y banalidad

La universidad es un espacio (…)