La agenda del shock

La crisis en el pilar de la política se seguridad pública amenazaba con expandirse, mientras la ministra de Estado a cargo de la repartición, Trinidad Steinert, hacía esfuerzos por mantenerse a flote. Su debilidad era percibida por la ciudadanía. Porque más allá del episodio que le impactó por su inadecuada intervención en la Policía de Investigaciones, la propuesta de reducción presupuestaria le pegaba a la propia credibilidad del gobierno.

Difícil estaba resultando explicar cómo la prioridad ciudadana de combatir a la delincuencia podía ser efectiva luego del significativo recorte. En un intento por frenar el rápido deterioro de la imagen de la ministra de Seguridad y del propio gobierno, la tarde del lunes 30, fue anunciada la cancelación del recorte presupuestario. Si eso resulta y la ministra se afirma, está por verse.

En el primer lugar de las prioridades del gobierno de “emergencia” de José Antonio Kast, está la seguridad pública, eje principal de la campaña que le llevó a La Moneda y que reforzó como concepto desde los primeros días de su mandato. El gobernante de extrema derecha puso al mando del Ministerio de Seguridad a una ex fiscal que recibió la repartición con un presupuesto 2026 de dos billones de pesos y que, ante el recorte fiscal impuesto por el Ministerio de Hacienda, no dudó en proponer la reducción de los recursos en $72.669.626.000, lo que equivalía al 3 por ciento. La ministra Steinert, errática y por acción propia, se ha colocado en el centro de fuertes controversias al personificar la contradicción entre la prioridad del fortalecimiento del combate a la criminalidad o el debilitamiento del mismo.

En el eje de la tormenta se puso sola. Apenas 48 horas de asumir el nuevo gobierno, la ministra envió un oficio a la jefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones requiriendo información sobre un equipo de detectives a cargo de indagar las actividades delictuales de una banda criminal, los fundamentos de traslados y destituciones (…)