Los trovadores de la guerra

Ningún jurista serio avala la legalidad de la guerra contra Irán. Pero cuando el derecho prohíbe lo que se desea, intelectuales y políticos franceses resucitan la “guerra justa” medieval y la jerarquía entre “naciones respetables” y “Estados canallas”.

Salvo por algunos juristas de segunda categoría que pululan en las páginas de Le Point (1), ningún especialista sostiene la legalidad de la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel contra Irán. A falta de autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tampoco fue solicitada, sólo la legítima defensa habría justificado un uso de la fuerza tan súbito como masivo. Como la “legítima defensa preventiva” no está reconocida, a pesar de los esfuerzos constantes de Tel Aviv desde hace varias décadas, algunos abogados y profesores de derecho internacional intentaron vanamente promover una nueva hipótesis, la acción militar “preemptiva” frente a una “amenaza inminente” que sólo medios militares podrían detener (2). A pesar de la sutileza de la maniobra semántica, el derecho permanece inalterado: en ausencia de un ataque existencial inminente e irreprimible que no deje otra solución que la guerra anticipada, el uso de la fuerza está formalmente prohibido. Autor de un libro de referencia sobre el derecho de la guerra, Olivier Corten, profesor de la Universidad Libre de Bruselas, recuerda la constancia y coherencia de los tratados y sentencias judiciales que, desde 1945, confirman una definición estricta de la legítima defensa como respuesta ante una agresión armada (3). El inicio de los bombardeos sobre Irán en plena negociación basta para demostrar la mala fe de quienes sostienen su legitimidad para actuar sobre esta base.

Sin embargo, ¿Qué importa? Si el derecho nos prohíbe la guerra, ¡es porque el derecho está equivocado! Al detectar así un inquietante “angelismo jurídico” ajeno a la “complejidad de lo real y a la terquedad de los hechos”, el profesor emérito Denys de Béchillon apela a la moral: “¿Podemos realmente limitarnos [al derecho], como lo hacen algunos comentaristas? Conformarnos con este único prisma? Dar a entender, por defecto, que está mal porque es ilícito, o incluso condenar la intervención armada, sin más, por esta misma razón? No lo creo. Por decirlo de forma sencilla, temo que esta postura absolutista sea frágil ante la historia, nefasta para la defensa del Estado de derecho y, en definitiva, bastante autodestructiva para la universidad –donde se lo adopta de todos modos con bastante agrado (4)–”. Las normas establecidas deben ceder ante la justeza del objetivo perseguido. Quienes emprenden, en nombre del bien, acciones militares no deberían verse obstaculizados en su misión salvadora por la rigidez de la Carta de las Naciones Unidas.

El sofisticado razonamiento del profesor Béchillon se asemeja a una “charla de bar” en los estudios de televisión. “El derecho internacional es fantástico entre naciones respetables [...] pero con Estados criminales e inescrupulosos, es una broma”, declaraba el ex ministro de educación Luc Ferry (LCI, 8 de marzo de 2026). Este trovador de los crímenes de guerra ya había llamado la atención al justificar los bombardeos sobre Gaza con los precedentes en Dresde y Tokio en 1945, que precisamente habían inspirado la definición de crímenes de guerra adoptada en las Convenciones de Ginebra de 1949. “El derecho internacional no puede ser un tótem de inmunidad (…)