La violencia juvenil, como violencia escolar, ha vuelto a ser puesta como tema del debate público, no de cualquier asunto, si no que de la seguridad ciudadana, instalada como el bien más preciado de las y los chilenos en la pasada campaña electoral, esta destacada reinstalación se ha debido tanto al grave suceso que ha acontecido en un colegio privado católico de Calama, donde fue asesinada una inspectora escolar, mal herida otra y tres estudiantes quienes fueron agredidos por un estudiante de 18 años de ese establecimiento, todos ellos habrían intervenido en protección de los niños más pequeños que se proponía atacar el referido agresor.
Días después la violencia juvenil, como violencia estudiantil, adquiere un carácter más universal, más político, debido a la grave agresión que sufre la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia de parte de un grupo, mientras participaba en el acto inaugural del año académico de esa institución, ella, después de un corto intercambio de opiniones con algunos estudiantes, es inmovilizada en el local y luego, durante una operación de rescate insultada y agredida.
La Federación de Estudiantes de la Universidad Austral ante esta agresión declaró: “Condenamos y no ampararemos cualquier acto de violencia en contra de la ministra Lincolao”…”esto no significa una pérdida de valor del fondo de la manifestación en la que mayoritariamente nuestros compañeros y compañeras participaron de manera pacífica y legítima demostrando su descontento a una autoridad de gobierno”.
El debate suscitado por esos graves hechos de violencia escolar y estudiantil se ha centralizado en una vertiginosa carrera de expertos y periodistas, parlamentarios y el gobierno por proponer las más duras medidas de control disuasivo y tratamiento penal del asunto, tales como pórticos de control de metales y revisión sistemática de mochilas y bolsos escolares, así como, la disminución de la edad de responsabilidad penal, el aumento de penas para los menores de edad y la no prescripción de la responsabilidad penal para estos, cuando menos la expulsión del establecimiento y eventualmente del sistema escolar. Es de reconocerse que entre algunos expertos se ha insistido que estos tipos de medidas carecen de capacidad para intervenir de manera preventiva y disuasiva en esta clase de conflictos.
Desde la aparición de las instituciones educativas, en los orígenes de las culturas conocidas, escolares y estudiantes han sido sometidos a diversas modalidades implícitas o explicitas de premios y castigos tanto por sus rendimientos académicos -sistemas de calificaciones, notas y promoción-, así como también, por sus conductas dentro del sistema, el cual no podría funcionar sin la protección del principio de autoridad, allí la convivencia solamente se mantendría con la amenaza de las normas de “orden y conducta” y sancionando a quienes las transgreden; no obstante, es necesario siempre tener presente que la violencia es el uso del dolor, o la amenaza de su uso, para controlar la voluntad de los otros.
No es posible aquí recoger la vasta información sobre el conjunto complejo, los grados y características actuales de las formas de convivencia entre jóvenes y adultos, pero como el tema que aquí nos preocupa es el uso de la (…)
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