Lo que se juega con la apuesta de Kast

La avalancha de anuncios desplegada desde el gobierno de Kast no ha sido suficiente para mostrar eficiencia ni capacidad de gestión. Mucho menos una dirección clara. Sin mencionar, por cierto, los nombramientos fallidos y los reiterados desaciertos. Cabe entonces la pregunta: ¿hay un diseño detrás o solo se trata de un conjunto de medidas aisladas?

Para responder hay, al menos, dos dimensiones que en su primer agitado mes han sido delineadas: el retorno a la ortodoxia neoliberal a ultranza, y a una concepción autoritaria del orden como principio rector de la vida social.

Los derechos como obstáculos

En la VII Cumbre Transatlántica de lideres de ultraderecha celebrada en Bruselas, el presidente, entonces electo, afirmó que la inseguridad y el crimen, y algunas “corrientes” como “el indigenismo, el feminismo, el ambientalismo” han afectado al país, y que “mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad”.

Poniendo en contradicción ambos términos, quien gobierna el país parece desconocer el carácter interdependiente e indivisible de los derechos fundamentales, e ignorar que el cumplimiento de unos siempre depende, total o parcialmente, de otros. Pero claro, se trata de un discurso más orientado a persuadir sobre cuan deseable es esa libertad abstracta y desencarnada, en lugar de un conjunto de derechos más bien esquivos y privilegio de algunos.

Con ese enfoque, entre sus primeras decisiones, el gobierno respaldó en Naciones Unidas la propuesta de EEUU para limitar el uso del concepto de género solo a hombres y mujeres, y se abstuvo, en la OEA, ante una resolución sobre protección de los derechos de la población LGBTIQ+. Temas sobre los que, en campaña, el candidato Kast había evitado pronunciarse.

Por su parte, Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos, exdefensor de Augusto Pinochet, ordenó el retiro desde la Contraloría del Plan Nacional de Derechos Humanos, revirtió la expropiación del predio de Colonia Dignidad, y desarmó las jefaturas del Programa de DD.HH. y del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. La primera decisión de la nueva autoridad de dicho Programa fue impedir al equipo jurídico apelar el fallo que permitirá a César Manríquez, general ® de Ejército y miembro del alto mando de la DINA, cumplir condena en su domicilio. Otros nueve casos han instalado como política esta forma de indulto encubierto.

Este posicionamiento claramente político ha puesto también en la mira al Instituto Nacional de DD.HH. Un proyecto de reforma de la derecha busca cambiar la composición de su consejo reduciendo el número de organizaciones de derechos humanos, entre otras modificaciones.

Impunidad institucionalizada

Al mismo tiempo que en el Congreso se tramita un proyecto de ley de conmutación de penas que, de aprobarse, podría beneficiar a la mayoría de quienes cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en dictadura, el presidente anunció su decisión de otorgar indultos, no solo a estos reos, sino también a policías y militares condenados por homicidios y graves lesiones en el contexto de la revuelta social. Con el nuevo alcance de esta decisión —que en (…)