Los inversores involuntarios de la guerra

Sin saberlo, millones de europeos invierten en misiles a través de sus ahorros y fondos de jubilación. Ese dinero podría financiar salud, vivienda o educación, que generan tres veces más empleo. En cambio, financia una industria que logró que sus bombas califiquen como inversión verde y responsable.

“Ver que un misil sale de nuestras fábricas para luego ser entregado a las fuerzas armadas hace que mi trabajo sea sumamente concreto, tengo una parte de la responsabilidad”. Thibaul, un técnico cuyo testimonio se cita en un video promocional del fabricante MBDA, no sabe hasta qué punto tiene razón. Los productos de su empleador fulminaron escuelas, mezquitas y campos de refugiados gazatíes, dejando un saldo de más de 500 muertes, entre ellas unos 100 niños (1). Esta empresa europea de armamento –con una lista de pedidos repleta, valorada en 44.000 millones de euros (Challenges, 23 de febrero de 2026)– moviliza todos sus recursos para presentar sus productos de forma más atractiva: un código ético que “vela por el respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos”; campañas de sensibilización del personal sobre identidad de género, neurodiversidad o menopausia; el lanzamiento de proyectos de reforestación y preservación de las napas freáticas o, más todavía, la adopción de “prácticas de ecodiseño” del material bélico, con el fin de “reducir el impacto ambiental en el origen” (2). ¿Un paso hacia las bombas biológicas?

¿Sigue teniendo sentido esta estrategia de gestión del riesgo de la propia reputación cuando los medios de comunicación, los principales partidos gobernantes y el Presidente de la República comulgan en la celebración del rearme y la actividad militar? (3) Los lectores de L’Express, Le Point y Le Parisien pudieron hojear recientemente catálogos promocionales de máquinas militares francesas; los oyentes de France Culture aprendieron “cómo preparar a los hombres para la guerra” (30 de octubre de 2025); aunque también los suscriptores del diario Le Monde descubrieron en marzo de 2025 una serie de cinco entregas titulada “Los gastos militares, palanca del crecimiento”.

Esta serie concuerda con las directivas de la Revisión Estratégica Nacional 2025, que clama con fuerza por “una economía que se prepare para la guerra”. Para hacer caer sobre el sector una lluvia de “inversiones masivas, tanto públicas como privadas”, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) recomienda que el Estado se asegure de que “las políticas internas de los bancos y las aseguradoras no excedan las exclusiones reglamentarias”. En otras palabras, el objetivo es velar porque “las normas ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza) no disuadan a los inversores de financiar empresas dentro de la Base Industrial y Tecnológica de Defensa (BISD) (4).

Inversiones “éticas”

El 20 de marzo de 2025, ante un auditorio de inversores y propietarios de empresas reunidos en el Ministerio de Economía y Finanzas, Bercy, el ex ministro de Defensa Sébastien Lecornu, preocupado por “eliminar los últimos cerrojos culturales y reglamentarios”, recordó con firmeza que el sector militar no representaba una inversión “sucia”. La Comisión Europea, por su parte, decidió que “las finanzas sostenibles en la Unión Europea eran compatibles con la inversión en el sector de defensa” (5). Así, ciertas armas nucleares, armas incendiarias y municiones de uranio empobrecido pasaron a considerarse como inversiones “éticas”, junto con los tanques, los cañones, los aviones de combate, los proyectiles y otros programas de vigilancia. Sólo las armas prohibidas siguen siendo todavía tabúes. Desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, el número de fondos ESG vinculados con la industria del armamento nuclear aumentó más del 50% (Bloomberg, 24 de agosto de 2025). Estas inversiones, gestionadas según criterios “ambientales, sociales y de gobernanza”, tienen fama de relacionarse con el desarrollo sostenible…

Un consorcio de periodistas reveló recientemente que se invirtieron 120.000 millones de euros procedentes de fondos “verdes” de bancos como Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire y Caisse d’Épargne (BPCE) entre 2021 y 2025 en la industria de las armas –entre ellas, las armas involucradas en el genocidio de Gaza–. La Comisión Europea justificó estas inversiones alegando su contribución a la “sostenibilidad social”. Sin saberlo, pequeños ahorristas europeos contribuyeron potencialmente a incrementar el valor de las acciones de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel e implicado en la destrucción de tierras agrícolas en Gaza, a través de fondos ESG destinados a la “transición (…)