Después de acusar a cinco refinerías chinas de abastecerse de petróleo iraní, el Tesoro estadounidense las añadió, el 24 de abril pasado, a su interminable lista de empresas sancionadas. Una rutina, aparentemente. Hace décadas que Washington se arroga el poder de determinar quién puede comerciar con el resto del mundo, cada uno cediendo a sus dictados por temor a ser excluido de un sistema financiero internacional anclado al dólar. Pero las cosas no salieron como previsto. China, que hasta ahora se contentaba con protestas verbales y evasiones discretas, anunció que no se sometería a estas sanciones y que perseguiría ante sus tribunales a cualquier empresa china que las cumpliera. Una decisión justificada por la necesidad de “preservar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país”. En otras palabras: impedir que las sanciones estadounidenses desorganicen los flujos energéticos que se han vuelto esenciales para la economía regional. Las refinerías afectadas abastecen a varios países con gasolina y queroseno, y su inclusión en la lista negra debilitaría todas las cadenas de suministro de un continente que funciona como un vasto sistema de producción integrada: hidrocarburos del Golfo, componentes chinos o surcoreanos, ensamblaje en Vietnam o Bangladesh... En este conjunto interdependiente, una ruptura duradera de los flujos energéticos –ya debilitados por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz– podría desorganizar rápidamente todo el aparato productivo. Frente a este riesgo, Pekín endurece el tono, especialmente porque ahora dispone de instrumentos que le permiten atenuar el efecto de las sanciones financieras estadounidenses: sistema de pago transfronterizo y aumento del comercio petrolero en yuanes, acuerdos entre bancos centrales, o incluso proyectos de monedas digitales interoperables. A partir de entonces, el cálculo chino se ve modificado: un pulso con los Estados Unidos se vuelve menos costoso que una (…)
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