En California, el 95% de las condenas penales nunca llegan a juicio: se resuelven en una negociación entre el fiscal y el defensor. Una transcripción real revela lo que la teoría del derecho ignora: un regateo donde la clase y la etnia pesan tanto como los hechos.
Académicos y abogados formados en el sistema continental suelen manifestarse en contra del procedimiento del plea bargaining (una negociación de la pena que deriva en una declaración de culpabilidad que luego debe ser homologada por un juez) por considerarlo contrapuesto a su alternativa idealizada, el “juicio justo”, erigido en piedra angular de la “Justicia”. Sin embargo, a menudo se pasa por alto una faceta importante de esta negociación: una abrumadora mayoría de los acusados son culpables y tendrían todo para perder si comparecieran ante un tribunal. Entonces, el juicio abreviado, que permite atenuar o retirar cargos, les garantiza una importante “rebaja” en la sentencia.
Culpabilidad innegable
El episodio que se presenta en este artículo es la transcripción de una de las diez sesiones de negociación que pudimos observar y registrar en tiempo real en las oficinas del fiscal de distrito en Alphaville, cabecera del condado de San Pedrito, en la costa norte de California (1). En el encuentro, el fiscal y el defensor oficial debatieron extensamente sobre una causa y abordaron una gran cantidad de aspectos que la teoría del derecho contemporánea suele dejar de lado: los hechos incriminados con sus circunstancias precisas, los vínculos sociales y la personalidad del acusado (¿forma parte de una banda –y, si es así, en qué medida– o es sólo un pequeño traficante?), sus responsabilidades familiares, sus antecedentes penales, la naturaleza y categoría de las infracciones cometidas (delito menor o delito grave) (2), los cargos que podrían retirarse, la naturaleza y la duración de la pena apropiada (penas alternativas, probation o encarcelamiento; y, en este último caso, dónde y por cuánto tiempo).
En ningún momento los interlocutores consideraron llevar la causa ante un tribunal. La culpabilidad del imputado era innegable, y todos saben que, en este condado, las únicas causas que llegan a juicio son aquellas que versan sobre delitos aberrantes o muy graves –esencialmente, homicidios, violaciones y abuso sexual de menores–.
Simplificado al extremo, el procedimiento penal californiano consta de seis etapas: 1) arresto y detención en sede policial; 2) audiencia inicial y discusión de la fianza: se notifica al imputado de los cargos en su contra, se examina la posibilidad de su libertad bajo fianza, se le asigna un defensor oficial y el sheriff del condado lo pone en prisión preventiva; 3) de tres a cuatro audiencias preliminares durante las cuales el fiscal y el abogado defensor intentan negociar un acuerdo de declaración de culpabilidad, en cuyo caso el asunto pasa directamente a la etapa de dictado de la sentencia; 4) audiencia preliminar ante un juez encargado de decidir si las pruebas presentadas justifican elevar la causa a juicio; 5) continuación de las negociaciones para llegar a un acuerdo y designación de un juez de primera instancia; 6) juicio y, por último, dictado del veredicto que definirá si el imputado es hallado culpable o no. La inmensa mayoría de las causas se resuelven en la etapa preliminar, mientras que una pequeña minoría son archivadas.
La secuencia aquí analizada corresponde a la cuarta y última audiencia preliminar sobre el caso del joven Jorge Sanchez. En ella intervinieron su abogado, Felix Garzón, y el fiscal de distrito, Julius Atkins. Este último es un afroamericano que se encuentra a mitad de su carrera y promedia los cincuenta años. Su infancia en un barrio carenciado de población afrodescendiente, donde los traficantes imponían el terror, lo volvió bastante intransigente con las pandillas y los casos de estupefacientes. Es cordial, respetuoso de la labor de la abogacía y, como se dice en la jerga, alguien que “va de frente”. Por su parte, Garzón es un latinoamericano de unos treinta años que está dando sus primeros pasos en la profesión. Es conocido por su labia y sabe manejar el humor sin perder nunca el aplomo.
Ambos hombres se conocen, respetan y aprecian. Han negociado juntos alrededor de cuarenta causas en los últimos meses, lo que les proporciona una base de experiencia compartida que agiliza la conversación del día. Otros factores de complicidad: ambos pertenecen a minorías étnicas y vienen “de la calle”, lo que les otorga cierta familiaridad con los casos penales que deben tratar.
Como en las últimas tres audiencias no lograron llegar a ningún acuerdo y ya estaba fijada la fecha de la audiencia preliminar con el juez, esta era la última oportunidad que tenían antes de que la causa se elevara a juicio. Los hechos no estaban en duda, sino que la discusión giraba en torno a la caracterización del acusado y de su entorno social, factores determinantes a la hora de evaluar la gravedad del delito y la probabilidad de reincidencia. Garzón buscó exagerar la juventud del imputado en todo momento llamándolo sistemáticamente el “chico” (3); insistió con tanta vehemencia en su aspecto físico menudo y poco amenazante (estatura, peso, pelo largo, ausencia de tatuajes), que incluso la policía lo empezó a considerar inofensivo. Asimismo, trazó un retrato familiar de vulnerabilidad extrema y subrayó que el imputado no tenía intenciones de cometer otros delitos –ya que sólo habría delinquido por necesidad económica, y también sostuvo que la cárcel representaría un entorno peligroso para él. A pesar de sus esfuerzos, a medida que se fue quedando sin argumentos, debió ir cediendo terreno y, por lo tanto, aceptar una pena más severa.
16 de diciembre de 2016
Esa mañana, entre las 9 y las 11 horas, Julius tenía que trabajar sobre treinta y un expedientes –una jornada más bien tranquila–. La sala de negociación de penas es pequeña, no tiene ventanas y sólo entran tres o cuatro abogados. Garzón fue el tercero en sentarse del otro lado del escritorio, frente a Julius. Tenía siete causas para analizar con él, principalmente por comercialización de marihuana en un parque público y conducción en estado de ebriedad. Eligió comenzar por el caso más grave.
Jorge Sánchez (el “chico”) llevaba ocho semanas en prisión preventiva desde que fue detenido en posesión de varias armas de fuego (entre ellas, un fusil semiautomático), municiones, cocaína, metanfetamina y una balanza. La situación respondía más a la figura de “tenencia con fines de comercialización” que de una “tenencia simple” (4). Se sospechaba que integraba una pandilla y ya había sido condenado varias veces en el pasado por tenencia de armas siendo menor de edad.
En un principio, Garzón pretendió encuadrar los hechos como un delito menor y lograr una pena alternativa mediante un programa de supervisión, de esa forma su cliente pasaría, como máximo, seis meses en la cárcel del condado. Por su parte, Atkins quería condenar al “chico” por tenencia de arma de fuego (calificado como delito grave) e imponerle dos años de prisión que, con las reducciones de pena, equivaldría a un año y medio en una prisión estatal, es decir, lejos de su hogar.
Lo que sigue es la transcripción del intercambio, con ligeros retoques para facilitar la lectura.
GARZÓN: Bueno, Julius. Hablemos un poco de Jorge.
ATKINS: Jorge… ¿Cuál es el apellido?
GARZÓN: [Suspira] Sanchez. Es el chico. ¿[Mi colega] Linda no te comentó nada sobre él?
ATKINS: No, pero déjame ver lo que tengo acá… [Consulta unos documentos y después lee en voz alta]. “La hermana dijo que vendría a la audiencia preliminar”.
GARZÓN: En realidad no tiene muchas ganas de venir, pero va a venir. [Pausa de 9 segundos]. Es el chico de pelo largo.
ATKINS: ¿Pero por qué dice…?
GARZÓN: ¿Te preguntas por qué pusiste “dos años”?
ATKINS: [Triunfante] ¡Acá está! Es el Norteño [nombre de una pandilla callejera de reputación peligrosa] de las cuatro armas y los seis cargadores.
GARZÓN: Sí, pero no es…, no forma parte de los Norteños.
ATKINS: Desde ya te digo que, con armas, no puede ir a un programa de supervisión.
GARZÓN: Bueno, está bien, entonces…
ATKINS: Y, además, está en una pandilla.
GARZÓN: No, Julius, no está.
ATKINS: ¡Que sí está, ya te lo dije!
GARZÓN: ¡No está!
ATKINS: ¡Te digo que sí! [Va aumentando el tono]
GARZÓN: ¿Pero cómo sabes?
ATKINS: ¡Lo sé y punto!
GARZÓN: No está en la pandilla, basta con verlo para darse cuenta de que no.
ATKINS: Está en Ceasefire [un programa de prevención de la violencia con armas de fuego destinado a individuos “en riesgo”]. Por eso sé que es un pandillero.
GARZÓN: Se hace el duro, pero no es pandillero. Ni siquiera… nunca pasó el bautismo de fuego [ritual de iniciación a la pandilla para demostrar resistencia].
ATKINS: [Inflexible] Está en una pandilla. Tiene cuatro armas, seis (…)
Texto completo en la edición impresa del mes de junio 2026
en venta en quioscos y en versión digital
E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.cl
Adquiera los periódicos y libros digitales en:
www.editorialauncreemos.cl
