Estados Unidos tiene un plan

Bajo el pánico a la inteligencia artificial y la rivalidad con China, Estados Unidos construye un nuevo aparato imperial. Aquellos financistas que pasaron treinta años desmantelando la industria del país ahora dirigen el Pentágono y convierten el presupuesto militar en palanca de dominación global.

Con Donald Trump es fácil confundir los gestos payasescos con el meollo de la trama. Los primeros –insultos, caprichos aduaneros, tráfico de criptomonedas, melodramas ministeriales, crueldades calibradas para las cámaras– atraen la atención hacia lo que podría ser una pista de circo. Lo segundo se expresa en dólares. Se trata del mayor presupuesto de defensa de la historia de Estados Unidos en valor nominal (aunque en términos reales apenas se acerca al máximo registrado durante la Segunda Guerra Mundial): 1.5 billones de dólares. Para reunir una suma semejante se necesita toda la elegancia aritmética de un hombre que no duda en trasladarles la factura a sus propios hijos, es decir, en recortar los servicios públicos que los alimentan, los educan y los atienden.

Se supone que este presupuesto financia la transformación estructural del Estado estadounidense, de su economía y de su lugar en el orden mundial. La república deja caer la máscara del libre mercado, incluso si la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), el fondo de inversión de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) In-Q-Tel, los laboratorios nacionales y otros instrumentos del “Estado desarrollista oculto”, como lo denominó el economista Fred Block (1), existen desde hace mucho tiempo. Ahora Washington selecciona los sectores de actividad a plena luz del día, fija precios, adquiere participaciones en empresas privadas y condiciona su ayuda internacional a la lealtad política de los beneficiarios. El vocabulario de la Guerra Fría y el posterior a la caída del Muro ya no son convenientes. El “Keynesianismo militar” significaba impulsar la demanda agregada aumentando el gasto en defensa; el “neoliberalismo militar” apuntaba a lo mismo a través de prestatarios privados y cadenas logísticas desreguladas. Lo que vemos hoy no depende de un asunto de presupuesto sino de asignaciones; se trata de decidir qué empresas pueden mantenerse, operando con qué precios, con qué insumos, en qué sectores. La guerra que se prepara será menos física que económica; tendrá como campo de batalla las cadenas de suministro, los cuellos de botella y los balances contables.

Detrás de todo esto se esconden, por supuesto, el miedo a China y la tecnología que tomó la delantera respecto de las demás prioridades: la inteligencia artificial (IA). Ninguno de los problemas subyacentes es nuevo. Los planificadores del Pentágono y los analistas de la Rand Corporation hablan desde hace décadas de minerales, de chips, de cables, de estrechos y de reactores. Hasta ese momento, las administraciones asentían cortésmente con la cabeza y desviaban la conversación. La IA tiene la particularidad de fundir todos estos temas en un único relato según el cual dejar que otros tomen la delantera equivale a rendirse.

Legado bipartidario

La historia comienza en 2016-2017, cuando un pequeño grupo de “halcones” obsesionados con China –entre los que se destaca Peter Thiel, el único actor de Silicon Valley que apoyó a Donald Trump en aquella época– decretó que Estados Unidos tenía que obstaculizar a toda costa el avance de Pekín en tecnologías móviles, 5G y chips. La prohibición de Huawei en 2019 sirvió como campo de pruebas. La alternancia política no cambió nada. Al contrario, Joseph Biden perfeccionó el proceso creando sofisticadas capas administrativas que determinaban qué país podía adquirir qué tecnología estadounidense. Su administración extendió las restricciones a la exportación más allá de los propios chips para incluir a las máquinas que permiten grabarlos, a los programas de automatización del diseño electrónico (EDA), a las memorias avanzadas, a las iotecnologías y a las infraestructuras de informática cuántica y muchas cosas más. Convertida en una especie de producto básico del que ningún país cree poder prescindir, la IA exacerba los desafíos. Y Estados Unidos tiene el dedo sobre el interruptor.

El segundo mandato de Trump consolidó este legado bipartidario al centralizar las operaciones. Sentado sobre una montaña de dinero que gasta más o menos a su capricho, el Pentágono está ahora al frente de la planificación. Con semejante presupuesto, el problema central no es el dinero sino el personal: encontrar individuos capaces de tomar decisiones de nueve cifras y que se sientan más cómodos con el “despliegue” de capital que con el de tropas. La tarea no recae hoy en día sobre un departamento de recursos humanos relegado a algún subsuelo, sino sobre cazatalentos que facturan por hora y saben mostrarse persuasivos. A juzgar por una convocatoria laboral efectuada por uno de ellos (y divulgada en la prensa) (2), el Pentágono busca formar un equipo de treinta personas encargado de invertir hasta 200.000 millones de dólares de dinero público en tres años. La remuneración ofrecida va desde los 300.000 dólares para los empleados internos hasta los 600.000 dólares para los contratados a través de organizaciones subordinadas. También se tienta a los candidatos con un “acceso sin igual” a altos cargos en la administración y a redes de recaudación de fondos que incluyen fortunas reales, garantía de jugosas “oportunidades de salida”. Esto es más cercano al mundo encantado del capital de riesgo con tendencias patrioteras que al de la función pública.

Esta prosa seductora fue redactada a cuenta de la Economic Defense Unit (EDU) (3), una agencia creada en abril en el seno del Pentágono por el multimillonario Stephen Feinberg, secretario adjunto de Defensa y uno de los principales donantes de Trump ante el Eterno. Feinberg también cofundó la sociedad de inversión Cerberus Capital Management, que gestiona 65.000 millones de dólares de activos y que construyó su imperio sobre las ruinas de empresas industriales estadounidenses emblemáticas, como el gigante automovilístico Chrysler o el fabricante de armas Remington, uno de los más antiguos del país.

La EDU trabajará en tándem con la Oficina de Capital Estratégico (OSC), un organismo de crédito creado durante la era Biden que, en manos del Feinberg, se convirtió en una oficina de inversión que coloca los denarios públicos en los minerales, los cables submarinos, los drones o incluso los satélites. El primer contrato importante firmado por esta entidad permite comprender mejor cómo circula el dinero. El fondo 1789 Capital, que cuenta con el hijo mayor del Presidente entre sus asociados, entró en el capital de Vulcan Elements tres meses antes de que la empresa se beneficiara con un préstamo de 620 millones de dólares de la OSC –el más elevado de toda la historia de la agencia–. La ejecución del acuerdo se pudo acelerar gracias a que fue eximido del estudio técnico-económico, en conformidad con un decreto presidencial de marzo de 2025 que alivianaba las condiciones de aprobación para los proyectos relativos a minerales críticos. La inversión no podría ser más estratégica, ya que Vulcan fabrica los imanes de tierras raras que el Pentágono necesita desesperadamente para fabricar sus aviones F-35, refrigerar sus data centers de IA y prácticamente todo lo demás –y de los que China tiene el cuasi-monopolio–.

Lejos de ser una anomalía, el deal con Vulcan es más bien un prototipo, y las personas que preparan sus réplicas ya no intentan fingir lo contrario. Ahí es donde entra en escena el director de la EDU, George Kollitides II, antiguo miembro de Cerberus que también presidió los destinos de Remington durante las turbulencias que siguieron a su adquisición. Convertido en asesor principal del Pentágono en competencia económica, expuso su posición en el asunto durante la conferencia anual del Milken Institute a principios de mayo (4). Después de treinta años de “dominio chino en la guerra económica”, explicó, la reacción tenía que organizarse según una doctrina de dos vertientes: 1) “reparar”, es decir, relocalizar los minerales críticos, su transformación intermedia y su tratamiento metalúrgico; 2) “romper”, es decir, atacar la base industrial de los adversarios para impedirles desarrollar las capacidades que Estados Unidos se esfuerza, con retraso, por recuperar. Y ya se trate de reparar o de romper, el equipo de la EDU sabe cómo hacerlo, dado que todos sus miembros provienen “del capital de riesgo o de adquisiciones que tienen un efecto de apalancamiento”.

Con este diagnóstico respecto de la economía (…)