Catorce años de ataques yihadistas, intervenciones fracasadas y dos golpes de Estado han dejado a Mali al borde del colapso. El coronel Goïta expulsó a Francia y a la ONU por un “soberanismo” que hoy depende de mercenarios rusos derrotados. Mientras Bamako se hunde, Argelia maniobra para recuperar el Sahel.
Hace catorce años que Mali es presa de ataques yihadistas mortales y desestabilizadores. Los acuerdos de paz de Argel, firmados en 2015 y que nunca se terminaron de aplicar, fueron denunciados por Bamako en 2024. A pesar de varias intervenciones extranjeras que movilizaron a miles de soldados –Chad desde los primeros ataques del grupo armado islamista Ansar Dine y del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad en 2012; Francia entre 2013 y 2022 a través de las operaciones Serval y Barkhane; la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) entre 2013 y 2023; la fuerza conjunta del G5 del Sahel (Malí, Burkina Faso, Níger, Mauritania y Chad) apoyada por París–, el norte y el centro del país están, directa o indirectamente, controlados por los rebeldes. Las Fuerzas Armadas de Mali (FAMA) no lograron recuperar el control del territorio de forma permanente ni impedir las masacres de civiles (alrededor de 10.000 muertes por año desde 2021). Peor aún, los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, afiliado a Al Qaeda), ahora aliados con los separatistas tuaregs del Frente de Liberación del Azawad (FLA), tienen rodeada Bamako desde el otoño de 2025, lo que provoca escasez e inseguridad. El 25 de abril, el ministro de Defensa, Sadio Camara, fue asesinado en su domicilio durante una audaz operación militar llevada a cabo por ambos grupos en la capital, ahora bajo asedio, y en varias localidades del país.
Alrededor del coronel Assimi Goïta, presidente “transitorio” desde hace cinco años, los militares autores de dos golpes de Estado en 2020 y 2021 aseguran que estos dramáticos acontecimientos no son más que contratiempos que no invalidan su estrategia de reconquista, presentada como “soberanista”: esta se basa en el rechazo a la cooperación con Francia, considerada ineficaz y neocolonialista. Así, la junta ordenó a las tropas francesas de la operación Barkhane que abandonaran el país en 2022 y a la MINUSMA que se retirara en 2023. En cambio, en septiembre de 2023, Mali formó la Alianza de Estados del Sahel (AES) con Burkina Faso y Níger, gobernados a su vez por juntas surgidas de golpes de Estado –desde 2022 y 2023, respectivamente–. La AES rompió en 2024 con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que había desaprobado y sancionado los golpes de Estado. Financiada por sus miembros, sin apoyo extranjero, la Fuerza Unificada de la AES (FU-AES) cuenta con 6.000 soldados. Sin embargo, al diversificar sus alianzas, la AES recibe armamento de China, Irán, Rusia y Turquía. El “soberanismo” de Mali tampoco le impide recurrir a la milicia rusa Wagner, que pasó a llamarse Africa Corps en 2023, para llevar a cabo operaciones militares en el norte del país, sin grandes resultados en materia de seguridad. El 25 de abril, las tropas rusas sufrieron incluso un revés histórico en la ciudad de Kidal, teniendo que retirarse ante los combatientes del JNIM. A pesar de algunos éxitos, como la operación Yereko en la denominada zona de las tres fronteras, en la confluencia de los tres países, entre febrero y marzo de 2025, la FU-AES no logra asegurar una presencia estable y decisiva. Las tropas yihadistas o separatistas siguen sorteando los límites administrativos para desplazarse y transportar sus recursos operativos (armas, motocicletas, combustible, drones, etc.).
Raíces de la inestabilidad
El golpe de Estado de agosto de 2020 fue bien recibido por una población exasperada por la corrupción y la negligencia del Gobierno de Ibrahim Boubacar Keita. Sin embargo, el nuevo régimen se ha ido endureciendo progresivamente, hasta llegar a prohibir los partidos políticos en mayo de 2025. Se multiplican las detenciones arbitrarias, los secuestros y las desapariciones de opositores. El ex primer ministro Moussa Mara fue condenado a dos años de prisión sin un juicio justo en febrero de 2026. La mayoría de las figuras de la oposición viven ahora en el exilio, en particular el imán Mahmoud Dicko, que fundó en Bruselas la Coalición de Fuerzas por la República en diciembre de (…)
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