El chantaje de la UE a los Balcanes

La integración a la Unión Europea suele ser presentada como la única perspectiva de futuro para los países de los Balcanes. ¿Pero cuál es el costo para ser admitidos? La firma de acuerdos entre países como Italia y Albania para la recepción de migrantes “indeseables” prefigura algunas de las condiciones.

El futuro de la Unión Europea y su proceso de ampliación se juega acaso en Gjader. Esta modesta localidad situada al norte de Tirana, la capital de Albania, ya casi no tiene habitantes. Hay un café, cuyos modestos precios sin embargo disuaden a los jubilados, que prefieren compartir una cerveza en el almacén de al lado. En las épocas de Enver Hoxha [Primer Ministro entre 1944 y 1985], los “camaradas chinos”, últimos aliados de Albania entre 1961 y 1979, construyeron aquí un aeropuerto militar. Ahora, un cuadrilátero de muros altos alambrados se alza sobre la antigua pista, rodeando unos módulos prefabricados de 12 metros cuadrados vigilados en forma permanente. El campo también tiene una unidad penitenciaria y prefigura la nueva política migratoria de la Unión Europea promovida por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen la había citado en una carta dirigida a los líderes de los países miembros de la Unión Europea como “un ejemplo de reflexión al margen de las normas tradicionales, basada en un reparto equitativo de responsabilidades con los terceros países”. La presidenta de la Comisión aboga desde hace tiempo por la externalización de los procedimientos de asilo. Ya en 2020, había propuesta abolir el Reglamento de Dublín, que distribuye las solicitudes de asilo entre los países europeos, para sustituirlo por un “nuevo sistema europeo de gestión de la migración”. La red Migreurop ve en ello la voluntad de sustituir “una Europa solidaria en el recibimiento” por “una Europa solidaria en el alejamiento de las personas exiliadas” (1).

Depósito de humanos

Esta opción quedó confirmada por el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado por el Parlamento Europeo en 2024 y que entró en vigor el 12 de junio de 2026, que generaliza la externalización del control de fronteras y prevé la posibilidad de abrir “centros de retorno” fuera de la Unión Europea para quienes les fue negado el derecho de asilo. Quince países de la Unión habrían querido ir aún más lejos. El 15 de mayo de 2024, solicitaron al Ejecutivo europeo que desarrollara mecanismos destinados a “detectar, interceptar o, en caso de peligro, socorrer a los migrantes en alta mar y llevarlos a un lugar seguro predeterminado en un país socio fuera de la Unión Europea” (2). A pesar de haber suscrito dicha solicitud, el gobierno italiano firmó un acuerdo con Albania y modificó la función de las instalaciones de Gjader. Ahora se trata de un centro de retorno para las personas a quienes se les denegó el asilo, lo que garantiza su compatibilidad con el nuevo Pacto. El Parlamento italiano aprobó esta modificación a fines de mayo de 2025, y los contenedores de Gjader empezaron a llenarse.

El Comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, el conservador austríaco Magnus Brunner, ha hecho de la externalización del asilo su prioridad. Se ha instado a los países candidatos de los Balcanes Occidentales a firmar acuerdos de readmisión que los comprometen a aceptar a los migrantes devueltos que hayan pasado por su territorio. Desde hace ya varios años, Alemania devuelve a Croacia a quienes se les niega la solicitud de asilo, desde donde son conducidos inmediatamente a Bosnia y Herzegovina. Las víctimas de estas expulsiones en cadena suelen quedar abandonadas a su suerte, lo que les permite retomar el viaje hacia a Alemania. Un informe reciente del Centro Internacional de Estudios sobre Conflictos de Bonn señala el carácter “contraproducente” de estas medidas de expulsión que terminan enriqueciendo a las redes de traficantes (3).

En diciembre de 2021, Kosovo firmó un acuerdo con Dinamarca que preveía el alquiler, durante diez años, de 300 celdas de la cárcel de Gjilan por la módica suma de 15 millones de euros al año, más un cheque de 6 millones para acompañar al pequeño Estado balcánico en su “transición verde”. Dado que los primeros detenidos llegarían en 2026, los guardias de las cárceles kosovares completaron una formación en Dinamarca en junio de 2025. Las autoridades de Copenhague garantizaron unas condiciones de detención en todo momento similares a las que existen en Dinamarca, pero podrían surgir problemas de soberanía, ya que la legislación danesa prevalecerá dentro del centro penitenciario. Bélgica también ha manifestado su deseo de trasladar detenidos a Kosovo. Al considerar que el país estaba siendo tratado como un “depósito de desechos humanos”, el Consejo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades de Pristina (KMLDNJ) (…)