La seguridad como espejismo

Tras un cuarto de siglo desde que Chile inició un tránsito hacia el paradigma de la seguridad ciudadana, centrado en la democratización de las instituciones y la incorporación activa de la prevención del delito, hoy asistimos al más preocupante retroceso hacia una noción decimonónica de seguridad interior. Este retorno, impulsado por un populismo penal que domina la agenda política, no es solo una respuesta ineficaz a la violencia; es, en términos de David Garland, un corolario sistémico de una economía política que privilegia el castigo sobre la protección y garantía de derechos.

Es un error diagnosticar el populismo penal como una patología exclusiva de la administración actual. Este fenómeno ha permeado de manera transversal a los últimos gobiernos en Chile, convirtiéndose en una estrategia a ratos de supervivencia ante bajos niveles de aprobación ciudadana, a ratos instrumental para limitar o retrotraer la expansión de garantías y del control democrático sobre las instituciones. Las múltiples agendas cortas “antidelincuencia”, las leyes con nombre, los discursos incendiarios, aunque a veces impulsadas por anhelos legítimos de justicia, suelen ser utilizadas de forma oportunista para neutralizar objeciones técnicas a medidas excesivamente punitivas y obtener ganancias electorales inmediatas.

Este “frenesí legislativo” se agudizó a comienzos de 2023 con la aprobación de normativas como la Ley Naín-Retamal y otras tantas, parte del fast track legislativo. Estas respuestas, dictadas bajo la presión de la agenda mediática, han consolidado un modelo donde se prefiere el “parche” legislativo y el endurecimiento de penas por sobre la evidencia criminológica. Todo ello, pese a la declaración de políticas públicas basadas en evidencia que ya se han consolidado en nuestro país, como si la producción legislativa quedara exenta de fundarse en conocimiento y encontrar en él sustento sobre qué y cómo se regula.

La aplicación de la tesis de David Garland al caso chileno revela una paradoja cruel: nuestro Estado penal maximalista es el acompañante inevitable de un Estado de bienestar minimalista. Garland sostiene que, cuando el Estado abdica de su rol como proveedor de certidumbres vitales (salud, empleo, vejez), se produce un “déficit de control social”. Al despojar a las comunidades de redes de protección, la desorganización social en los barrios vulnerables se dispara, y el (…)