Los súper ricos, los impuestos y el futuro de la democracia

En Chile, los súper ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría. Esa anomalía tiene consecuencias fiscales y erosiona la confianza democrática. Un impuesto mínimo a los grandes patrimonios permitiría poner un piso razonable a la contribución de quienes más riqueza concentran y corregir la regresividad en la cima.

La desigualdad económica en Chile es un problema bien documentado. Pero Chile no solo es desigual, sino que la velocidad de acumulación ha sido acelerada. La riqueza de los milmillonarios ha aumentado 9 veces en los últimos 25 años, mientras que la del 50% más pobre prácticamente no ha visto avance.

Los sistemas fiscales deberían corregir esa desigualdad, pero no siempre sucede. En Chile las cerca de 1.500 personas de mayores ingresos pagan proporcionalmente la mitad de impuestos que una persona de clase media. Mientras la mayoría de la población paga una tasa efectiva de impuestos cercana al 24% de sus ingresos, el 0,01% más rico paga alrededor de 11,7%.

Esa es la gran anomalía

La explicación es que el sistema permite que buena parte de esos recursos no aparezca como ingreso personal sujeto a impuestos. La mayoría de la población tributa sobre su salario y su consumo, pero para los grandes patrimonios funciona distinto. Su riqueza se acumula dentro de empresas que controlan, en utilidades que se retienen, y en activos que se valorizan año a año. Esas utilidades pertenecen económicamente a sus dueños, pero mientras no se distribuyan no figuran como ingreso personal y no pagan impuesto a la renta. El resultado es que quienes más riqueza concentran terminan pagando proporcionalmente menos que quienes viven de su trabajo.

La brecha tiene dos costos. El primero es fiscal. Chile deja de recaudar en aquel tramo que tiene mayor capacidad para hacerlo y que hoy tributa proporcionalmente menos que el resto de la población. Chile recauda poco más de 20% del PIB en impuestos, muy por debajo del promedio de la OCDE, cercano al 34%. Esa estrechez aparece año tras año en la discusión sobre pensiones, salud, educación, seguridad, y vivienda. El país debate cómo financiar demandas sociales, pero evita mirar con suficiente claridad la baja tributación efectiva de la riqueza extrema.

El segundo costo es político, y es el más corrosivo. Una estructura que en la cumbre se vuelve regresiva desgasta la moral tributaria. Cuando la gente percibe que las mayores fortunas pagan proporcionalmente menos que quien vive de su sueldo, pagar impuestos deja de sentirse como un aporte al bien común y empieza a parecer un castigo para quienes no pueden organizar su patrimonio. Ese deterioro no se mide solo en pesos. Debilita la idea, ya frágil, de que las reglas valen para todos.

Frente a esto, un nuevo informe para América Latina del Observatorio Fiscal Internacional, dirigido por el economista francés Gabriel Zucman, propone discutir un impuesto mínimo sobre la riqueza. Este impuesto busca complementar el sistema tributario existente, asegurando que las personas de altos patrimonios contribuyan un monto mínimo, y funciona de la siguiente manera: cada persona con un patrimonio neto superior a $100 millones de dólares debería pagar al año, sumando todos sus impuestos, al menos el equivalente al 2% de ese patrimonio. Si con lo que ya tributa alcanza ese umbral, no paga nada adicional. Si no lo alcanza, el impuesto mínimo cubre la (…)