¿Regresiones en igualdad de género?

“Los primeros 100 días de un gobierno se difunden como grandes anuncios y titulares, pero los derechos se miden en años, en actos y en vidas. Y cuando el ajuste se lleva la salud, no hay auditoría que justifique el costo humano.”

La velocidad con que se han implementado las primeras medidas del gobierno de José Antonio Kast, deja entrever que esto va mucho más allá de una mera instalación administrativa. Los primeros meses en ejercicio han mostrado el agresivo golpe de timón que marcará la navegación de estos próximos años. Desde una mirada feminista, resulta pertinente señalar que este forzado concepto de “emergencia” con que se ganaron las pasadas elecciones, requieren una estrecha vigilancia social sobre la responsabilidad estatal frente a los derechos de las mujeres, adolescentes y diversidades.

La discusión trasciende la coyuntura política y se inscribe en el marco vinculante de los tratados internacionales de derechos humanos. En 2024, Chile se sometió al último examen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, el principal tratado en la materia ratificado por 189 Estados miembros. Este mecanismo periódico funciona como un termómetro técnico y público: el proceso inicia con un informe oficial del Estado sobre sus leyes y políticas, el cual es contrastado con “informes sombra” de la sociedad civil y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que denuncian omisiones o regresiones. El ciclo culmina en Ginebra, donde un comité de expertos/as mantiene un “Diálogo Constructivo” con representantes del país, para emitir recomendaciones finales que el Estado debe abordar antes de su próxima revisión en 2028, donde Chile nuevamente deberá pasar por este examen.

Bajo este esquema, lo que ocurra durante estos primeros años de gobierno será parte integral de dicha evaluación; por tanto, cada reasignación presupuestaria en salud o previsión constituye una pieza clave del resultado. Es imperativo, entonces, desmitificar la neutralidad de las reformas técnicas: cuando se tocan los pilares del bienestar social, se pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar derechos ya reconocidos. Esta rendición de cuentas cobra hoy una relevancia crítica, pues el programa local se alinea con una ofensiva regional de las nuevas derechas latinoamericanas que han puesto a los derechos de las mujeres en el centro de sus “batallas culturales”. No es un fenómeno aislado: en Argentina, la administración de Javier Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres y ha puesto bajo asedio la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha ordenado el retiro de todo material sobre diversidad de género de las escuelas públicas y el sistema de salud; mientras que, en Brasil, el legado de la ultraderecha dejó intentos persistentes de (…)