¿Cobre para quién?

Este 11 de julio se cumplieron 55 años de la nacionalización del cobre, probablemente una de las decisiones económicas más trascendentales de la historia de Chile. Impulsada en 1971 durante el gobierno de Salvador Allende, aquella decisión respondió a una pregunta que sigue plenamente vigente: ¿quién debe apropiarse de la riqueza que se genera con el principal recurso natural del país?

La respuesta adquiere hoy una renovada importancia, en un momento en que en Chile se atestigua proverbialmente una paradoja difícil de explicar. Somos uno de los países con mayor ingreso por habitante de América Latina. El PIB per cápita supera los US$37.000 medidos por paridad de poder de compra y, en Antofagasta, la principal región minera del país, supera los US$95.000, un nivel comparable al de economías desarrolladas como Suiza. Sin embargo, en esa misma región la pobreza alcanza el 16,4%, mientras que, en O’Higgins, otra importante zona minera, llega al 17,9%. Al mismo tiempo, a nivel nacional, el 10% más rico concentra más del 80% de la riqueza y el 1% acumula, por sí solo, más de la mitad.

Quién crece

La contradicción se vuelve aún más evidente al observar la evolución de las grandes fortunas del país. Según la revista estadounidense Forbes, la familia Luksic-Fontbona pasó de poseer alrededor de US$2.200 millones en 1996 a más de US$52.600 millones en la actualidad. Ajustados por inflación, estos datos muestran un incremento real de su patrimonio superior al 1.000%, en un período marcado por crisis financieras internacionales, pandemia y bajo crecimiento económico. Mientras unos pocos han acumulado riqueza a ese ritmo extraordinario, el 17,3% de la población, lo que equivale a cerca de tres millones y medio de personas, todavía está bajo la línea de pobreza. La pregunta es inevitable: ¿quién crece cuando Chile crece?

Frente a este escenario resulta inevitable volver a mirar el cobre, el llamado “sueldo de Chile”. Durante las últimas tres décadas, la estructura de propiedad de la minería chilena cambió profundamente. A comienzos de los años noventa el Estado producía más del 70% del cobre nacional. Hoy esa participación bordea apenas un cuarto de la producción. La mayor parte del cobre chileno se encuentra bajo el control de grandes compañías privadas y transnacionales provenientes principalmente de Australia, Reino Unido, Japón y Canadá. En otras palabras, la nacionalización de 1971 fue seguida, décadas más tarde, por un profundo proceso de privatización y transnacionalización de la industria.

Quienes (…)