Cuba en los albores del capitalismo

El 13 de julio el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a diez nuevas empresas y entidades gubernamentales cubanas, entre ellas el Ministerio de Turismo. Washington insiste con su estrategia de estrangulamiento económico de la isla. Acorraladas, las autoridades cubanas intentan evitar el colapso y apuestan a una liberalización a todos los niveles y al apoyo al auge de una clase acomodada emprendedora.

En una Habana exhausta, una casa turquesa reformada por completo resalta en medio del barrio el Vedado. Su patio recibe la sombra de dos árboles frutales, una hamaca da vida al césped artificial y los vidrios teñidos de la fachada garantizan cierta intimidad. Sentada en una silla de ruedas, una señora muy mayor habla sola frente a la puerta de entrada. Es una de las clientas de TaTamanía, la primera residencia para ancianos privada de Cuba que abrió sus puertas en la primavera cubana de 2026. Hasta entonces, la revolución prohibía este tipo de establecimientos, pero desde hace algunos años, los centros públicos de acogida vienen atravesando una situación crítica por la falta de recursos.

Una ex pediatra, Yadira Álvarez, y su marido, que se dedica a la informática, crearon esta Mipyme. Este acrónimo designa a las pequeñas o medianas empresas cuya creación fue autorizada por el Estado en 2021 y que, desde entonces, se han multiplicado por miles. Tras la pandemia de Covid-19, La Habana optó por liberalizar la economía con la esperanza de evitar un colapso ante los efectos combinados del embargo estadounidense impuesto desde 1962, la política de “máxima presión” impulsada por Donald Trump durante su primer mandato –con sus 243 medidas coercitivas contra la isla–, la crisis sanitaria y una reforma monetaria que disparó la inflación (1). El Gobierno implementó este cambio justo en el momento en que afrontaba una de las mayores protestas –a las que respondió reprimiendo con dureza– desde 1959.

Desde que el presidente republicano regresó a la Casa Blanca en 2025, Washington tiene a La Habana en la mira más que nunca. En reiteradas ocasiones, Trump ha prometido “tomar” la isla (2). El 29 de enero de 2026, tres semanas después de haber exigido –y logrado– que las autoridades venezolanas que ocupan el poder tras la captura del presidente Nicolás Maduro interrumpieran todo envío de petróleo a Cuba, declaró que la isla constituye una “amenaza inusual y extraordinaria [...] para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos” (3). Ahora ningún Estado está autorizado a vender o suministrar hidrocarburos a Cuba ya que, de lo contrario, se expondrían a represalias arancelarias de Estados Unidos. El cerco económico, comercial y financiero se estrecha a medida que Washington amplía su abanico de sanciones: desde el 1° de mayo, estas afectan no sólo a los dirigentes cubanos acusados de “graves violaciones de los derechos humanos”, sino también a cualquier gobierno, individuo o entidad que mantenga relaciones comerciales con La Habana o con sus empresas (4). Unos días después, el 20 de mayo, el Departamento de Justicia imputó a Raúl Castro por “conspiración para asesinar a ciudadanos de Estados Unidos” en el caso de Hermanos al Rescate, que se remonta a 1996 (5).

Centralización extrema

La estrategia de Trump consiste en asfixiar el monopolio estatal para obligar al gobierno cubano a permitir el desarrollo de un sector privado guiado por la lógica de la ganancia. Este trance supone una transformación estructural para una economía que hasta ahora figuraba entre las más estatizadas del mundo. La reforma agraria (1959), las grandes nacionalizaciones de los años 1960 y la “ofensiva revolucionaria” de 1968 –durante la cual las autoridades de La Habana estatizaron todos los pequeños comercios, los últimos enclaves privados en la isla– llevaron a Cuba a una centralización extrema y crearon una burocracia tan tentacular como paralizante. Combinados, los efectos del embargo, del endurecimiento de las sanciones desde fines de los años 2010 y de este centralismo afectan duramente a la población. Lejos de los cruces de acusaciones entre su gobierno y la primera potencia mundial, los cubanos intentan sobrevivir a la crisis económica y social más grave desde la Revolución: sufren a diario interminables cortes de agua y electricidad, el servicio de transporte es cada vez más reducido, el sistema de salud se desploma y los precios se disparan mientras las empresas extranjeras abandonan el territorio debido a la presión estadounidense. En cuanto al turismo, sector clave de la economía nacional, está paralizado: el número de visitantes se ha desplomado de 4,2 millones en 2019 a menos de 360.000 en el primer semestre de 2026 (6). Ante este panorama, la liberalización de la economía se perfila, al mismo tiempo, como el último recurso para abastecer al país y como el preludio de una nueva era.

Fruto del sistema centralizado, el holding Grupo de Administración Empresarial SA (Gaesa) figura en la lista de entidades sancionadas por Washington. Raúl Castro y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) lo fundaron a principios de la década de 1990, durante el “Período Especial en tiempo de paz” que siguió a la desaparición de la Unión Soviética y al fin de la Guerra Fría. Fue Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, yerno de Castro, quien lo dirigió hasta su fallecimiento en 2022. El conglomerado posee decenas de empresas en los sectores del turismo (Gaviota), las finanzas (Rafin, Banco Financiero Internacional), el comercio minorista (Cimex), la importación y exportación, las transferencias de dinero, la construcción y la pesca, entre otros.

En la actualidad, una gran parte de la población ve en este gigante el brazo financiero del Ejército y del poder. Entre otros reproches, se le recrimina especialmente haber construido y financiado en su tonalidad numerosos complejos turísticos de lujo –unos cincuenta desde 2016–, hoy casi todos vacíos debido a la crisis económica y a las sanciones estadounidenses. Uno de esos hoteles edificados fue el cinco estrellas Iberostar Selection, apodado la Torre K, cuya inauguración en 2025 desató la indignación de la población por tratarse de un imponente edificio de cristal de cuarenta y cuatro pisos erigido en medio de construcciones en ruinas. Muchos habaneros siguen sin entender cómo hicieron para conseguir los materiales para su construcción en medio del embargo y el porqué de semejante desembolso. “Es una aberración –expresa con enojo un vecino del barrio–. Es el reflejo del desprecio de nuestros dirigentes, ahí, materializado en el medio de la ciudad. ¡Y encima estamos obligados a contemplarlo, porque se ve desde casi cualquier parte de La Habana!”. En marzo, las autoridades decidieron cerrar el establecimiento y, a pesar de la falta de turistas y de los reiterados cortes de luz que sufría la ciudad, lo mantuvieron con las luces encendidas.

Por su parte, el 2 de junio, el gobierno mostró su apoyo al holding en las columnas de Granma: “Gaesa no tiene nada que esconder, no fue concebida por élites, y mucho menos como un proyecto de enriquecimiento para unos pocos”. El mismo comunicado precisaba que los beneficios se habían reinvertido “en la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez”, en la provincia de Holguín, o “en obras de remodelación de policlínicas, centros de medicina familiar y escuelas”.

Giro económico copernicano

¿Estarán apostando el presidente de Estados Unidos y su secretario de Estado, Marco Rubio, a las “revueltas del hambre” para poder acorralar al régimen e incluso precipitar su caída? Atrapada en un callejón sin salida y ante la aceleración de las amenazas de intervención por parte de Washington, en junio La Habana aprobó 176 medidas de “transformaciones económicas y sociales” (7). El plan constituye una revolución copernicana para el comercio, los servicios, la agricultura, la producción, la energía; la idea es restablecer el capitalismo en numerosos sectores de actividad. Entre las medidas presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz figuran la participación de capitales extranjeros en el sector comercial, y la creación de bancos, de entidades de crédito privado y de cuentas en divisas para particulares. Además, el Gobierno pretende fijar como meta la dolarización parcial de la economía y abrir el camino para la transformación de (…)