El futuro de las empresas estatales

A propósito del proyecto de ley que busca eliminar la representación laboral del directorio de Codelco, es particularmente débil y ofensivo el argumento de que hay que sacar a los trabajadores para que el directorio “se dedique a administrar”. Los representantes de los trabajadores que llegan a un directorio no tienen una categoría jurídica inferior: asumen obligaciones, responsabilidades y deberes corporativos como cualquier otro director. Ser representante de los trabajadores no significa carecer de competencias para comprender, administrar o tomar decisiones sobre una empresa.

Tampoco compartimos el argumento de que habría que eliminarlos para “liberarlos de responsabilidad”. Los trabajadores no han pedido ser liberados del derecho a participar. Si existen eventuales conflictos de interés, para eso existen incompatibilidades, abstenciones, controles y responsabilidades. La solución no puede ser eliminar una de las pocas miradas distintas que existen dentro del órgano donde se adoptan las decisiones estratégicas.

Y si se sostiene que los problemas de Codelco responden a una mala administración, entonces corresponde revisar la actuación del directorio en su conjunto. Un directorio es un órgano colegiado: las inversiones, el endeudamiento, los grandes proyectos y las definiciones estratégicas no las decide unilateralmente el representante de los trabajadores. Por eso resulta difícil comprender que frente a un diagnóstico de mala gestión la respuesta termine siendo precisamente eliminar la representación laboral.

Más contradictorio aún resulta que se pretenda reemplazar esos cupos por una mayor participación de directores de designación presidencial. Si el objetivo declarado es despolitizar y profesionalizar la administración, aumentar la influencia directa del gobierno de turno difícilmente resuelve ese problema.

Hay además algo que no puede perderse de vista. Los trabajadores aportan un conocimiento que ninguna consultoría ni director externo puede (…)