Continuidad colonial del Estado chileno en el Wallmapu

Hoy, cuando la denominada “cuestión Mapuche” se presenta en el debate público chileno como un problema de seguridad, violencia rural, terrorismo o insuficiente integración, podemos afirmar que esa formulación tiene una intencionalidad política de fondo, que busca alterar la relación histórica del pueblo mapuche con la institucionalidad estatal y la distorsiona. En el fondo existe una realidad estructural ligada a las tierras, al territorio y al poder político. Su origen se remonta a la ocupación político-militar del Wallmapu y a la expansión de los Estados chileno y argentino sobre un pueblo originario que había conservado durante siglos una autonomía territorial y política efectiva.

La ocupación militar de la Araucanía durante el siglo XIX implicó la derrota político-militar de la Nación Mapuche, la apropiación violenta y anexión forzada de los territorios ancestrales con el confinamiento de la población sobreviviente en reducciones sometidas a una legislación estrictamente militar. Las tierras conquistadas fueron abiertas y entregadas a colonos vinculados a la naciente oligarquía chilena y a extranjeros. Con el paso del tiempo, esas propiedades pasaron a constituir la base del capital agroindustrial y forestal.

Revolución capitalista

Sostenemos que la invasión y el despojo tuvieron un carácter militar, económico, político y cultural. La campaña armada fue financiada por la oligarquía chilena y ejecutada por militares chilenos. La conquista creó las condiciones jurídicas para convertir los territorios comunitarios en propiedades incorporadas al circuito mercantil. La reducción territorial de las comunidades sobrevivientes subordinó, además, las formas propias de organización Mapuche a una institucionalidad colonial opresora del Estado. La destrucción y la reducción territorial afectó severamente la relación social y cultural con el territorio y, con ello, las bases materiales que hacían posible una existencia colectiva con autonomía, propia de la cosmovisión mapuche.

Con la dictadura militar y la segunda gran ofensiva sobre el territorio Mapuche, el despojo adquirió la forma de una “revolución capitalista”. Aquel proceso secular pasó a formar parte de una transformación que hasta entonces no se conocía, lo cual nos llevó a definir al gran capital como el nuevo gran enemigo de nuestro pueblo.

El golpe de Estado destruyó organizaciones de los trabajadores y del campo popular en Chile y también alcanzó a las organizaciones y comunidades Mapuche en el territorio ancestral. La represión política y la reestructuración de la propiedad fueron dos dimensiones de una misma operación histórica del Estado chileno. Una pieza reveladora de este proceso fue el Decreto Ley 2.568 de 1979, que estableció la división de las comunidades y la liquidación de la vida comunitaria. Se dispuso que las hijuelas surgidas de la división tras la ocupación dejarían de ser consideradas “tierras indígenas” una vez inscritas. Con ello se abrió un nuevo mecanismo jurídico para la política económica de la dictadura. Al mismo tiempo que se fragmentaba la propiedad comunitaria Mapuche, el régimen militar desarrollaba una gigantesca política estatal de fomento al capital forestal. El Decreto Ley 701 de 1974 estableció subsidios y franquicias tributarias destinados a expandir las plantaciones y favorecer a la industria maderera que estaba, y sigue estando, en manos de los poderosos grupos económicos responsables del golpe militar.

Esta combinación de dictadura militar y nuevo reordenamiento jurídico-institucional es fundamental para comprender el conflicto actual entre nuestro pueblo y el Estado chileno. El Estado intervino decididamente al servicio de la burguesía para construir un determinado mercado y favorecer una estructura de propiedad que, al poco andar, se transformó en un gran sistema basado en la usurpación territorial que representa hasta hoy una forma concreta del poder de dominación.

La expansión de los (…)