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Kast busca cumplir compromisos de profundización del modelo extractivista neoliberal

Derechos y territorios indígenas bajo amenaza

“Una cosa es invocar el diablo, otra cosa es verlo llegar”
Proverbio popular mexicano

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Rodrigo Zamora, Latencia I (Acuarela sobre papel), 2026
(Exposición en Galería Patricia Ready hasta el 31 de octubre)

A seis meses de asumir el actual gobierno, los peores temores que tenía el movimiento indígena en general y mapuche en particular se han hecho realidad. A los recortes presupuestarios realizados en cada ministerio de aproximadamente el 3% además de la supresión y discontinuidad de diversos programas sectoriales, se suman diversos anuncios que apuntan a desmantelar la legislación de fomento y desarrollo de los pueblos indígenas.

A pocas semanas de asumir y en la primera cuenta pública de junio ante el Congreso pleno, el presidente José Antonio Kast anunció la modificación de la denominada Ley Lavquenche (N° 20.249) o de protección de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO). Esta medida se entiende por el cumplimiento de las promesas que hiciera en periodo de campaña a los sectores vinculados a la industria salmonera y a la gran industria pesquera de arrastre. Se pretende derogar esta ley o disminuir el número de hectáreas marítimas que pueda administrar una o varias comunidades indígenas.

También anunció la modificación de la Ley Indígena N° 19.253 de protección y desarrollo de los Pueblos Indígenas promulgada el año 1993, en lo relativo al régimen de tierras, estableciendo la posibilidad de arriendos de tierras a personas no indígenas por un periodo de 25 años como así también la posibilidad de hipotecar las tierras indígenas. Estas dos medidas son consideradas por la mayoría del movimiento indígena organizado, como la puerta de entrada de los territorios al mercado inmobiliario y financiero, así como un riesgo real a la gradual pérdida de los territorios indígenas.

El Convenio OIT

A la mayor ofensiva neoliberal de las últimas décadas se suman las declaraciones realizadas por el ministro de la Defensa Nacional, Fernando Barros, quien señaló que la legislación de protección y desarrollo de los pueblos indígenas como las antes mencionadas y agrega, el convenio N°169 de la OIT, representan un peligro para la seguridad interior del país. En este sentido propone, de acuerdo a sus dichos “retirarse” de este instrumento jurídico internacional.

En este escenario y recién comenzado este gobierno, los hechos y declaraciones de las principales autoridades del país configuran una tendencia en el sentido de que estamos en presencia de un retroceso de carácter histórico de las conquistas sociales políticas y jurídicas, alcanzadas por los Pueblos Indígenas de Chile desde el retorno a la (…)

Artículo completo: 1 309 palabras.

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Alihuen Antileo Navarrete

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