Desde hace años El Salvador se ha puesto de moda. Ha transitado de ser una sociedad con elevados niveles de violencia a presentar desde 2022 una sensible reducción en los indicadores de criminalidad, Por esta razón, algunos quieren presentarlo como el modelo a implementar porque se recuperaron espacios públicos, los homicidios se redujeron drásticamente y el Presidente Bukele cuenta con amplia simpatía entre la población. Es indispensable conocer objetivamente la experiencia en seguridad pública de este país y aprender de sus lecciones.
Entre 1980 y 1992 el Salvador vivió una cruenta guerra civil que dejó más de 75 mil muertos y medio millón de refugiados que se adicionaron a la tradicional migración salvadoreña a Estados Unidos (EEUU). En Los Ángeles, parte de esos jóvenes marginados fundaron la “Mara 18” y la “Mara Salvatrucha”. A mediados de los años 90, los EEUU deportaron más de 400 mareros. Con un antecedente de altos niveles históricos de homicidios y de organización, en un periodo de posguerra, con elevados índices de pobreza y marginación, las maras se expandieron. Se convirtieron en un azote para la población que vivía bajo su control, por su violencia y crueldad: en los territorios bajo su dominio restringían la movilidad, extorsionaban a los negocios, controlaban el narco menudeo, cometían violaciones, obligaban a se ser pareja de pandilleros bajo coerción a las familias, reclutaban a la fuerza y asesinaban a quienes se les opusieran o a grupos rivales que buscaban penetrar en su área. El Salvador ha sido y es territorio de almacenamiento y paso para la droga rumbo al norte; las maras controlaron el narcomenudeo y facilitaron en parte la operación de tránsito, pero no constituyen el núcleo de los carteles de la droga.
Los partidos políticos principales no realizaron acciones de contención de las pandillas, en parte porque vieron un negocio lucrativo con la proliferación de agencias de seguridad privada y la venta de armas, o porque consideraron que un ataque frontal podría convertirlos a ellos mismos en objeto de represión.
Para finales de 1999 se empezó con la política de “mano dura” (2000) y luego a la “súper mano dura” (2004), políticas que bajo diferentes nombres se mantuvieron hasta ahora. El principal actor de la misma ha sido la Policía Nacional Civil (PNC) que, junto con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA), realizaron operativos de cerco, se apresaron de miles de personas, se crearon cientos de “fuerzas de tarea conjunta” en todo el territorio, se creó una Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial y una Fuerza Especial de Reacción; también comandos conjuntos militares-civiles y la reactivación de algunos “grupos de exterminio de pandilleros”[i]. Para 2010 se aumentó la cantidad de efectivos, se llamó a filas a los reservistas; se amplió el presupuesto y se cambiaron las leyes respecto a la participación militar en seguridad pública.
La búsqueda de pactos con las maras ha sido una constante en El Salvador. Un primer intento ocurrió en 2012 cuando el Estado realizó un “tregua”. Se otorgaron beneficios carcelarios (incluso la liberación de algunos líderes) a cambio de reducir los homicidios, los cuales en efecto se contrajeron a la mitad durante tres años. Esta iniciativa contó con el apoyo de líderes eclesiásticos y de la OEA, que fue considerada como observadora. Sin embargo, ello permitió el fortalecimiento de los grupos, su extensión territorial, se ahondó la corrupción y se puso en jaque la institucionalidad. Ante el rechazo ciudadano a la tregua, en el contexto de elecciones presidenciales en 2014 el gobierno entrante cambió de estrategia.
El fin de esta política en 2014 desató una violenta ola de homicidios que superaron los niveles precedentes, la cual fue respondida con un aumento de la represión violenta del Estado, en especial en zonas rurales (una especie de “guerra sucia”). En agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia calificó a las maras Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 como organizaciones terroristas, lo que aceleró una mayor militarización de la seguridad pública. Pese a esta declaración, no hubo una aplicación severa de dicha calificación, aunque sí se fortaleció a la PNC y al Ejército. Producto de sus acciones durante la tregua, el Ministro de Defensa y Seguridad Pública del periodo y otros funcionarios han sido enjuiciados.
En los 20 años trascurridos entre 1999 y 2019 el presupuesto en defensa y seguridad pública prácticamente se duplicó en valores constantes[ii], la PNC y las fuerzas armadas crecieron 50%. Ni las negociaciones con las maras ni la represión fueron suficientes: para mediados de 2019 la cantidad de homicidios era la misma que veinte años atrás. La represión violenta no resolvió el problema, lo agravó: “cuando las pandillas eran un problema más social que delictivo, los gobiernos de derecha aplicaron planes de mano dura que contribuyeron a que los pandilleros se convirtieran en una amenaza criminal”[iii].
El actual presidente Nayib Bukele asumió la presidencia en junio de 2019. Desde antes los homicidios se venían reduciendo. A inicios de 2020, en un ejercicio de fuerza con apoyo de los militares, obtuvo de la Asamblea Nacional fondos y resoluciones favorables a su política[iv]; luego, en 2021 obtuvo la mayoría legislativa en elecciones. El control de la Asamblea le permitió destituir a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia (lo que posteriormente le permitió reelegirse) y controlar la función judicial; además, destituyó al fiscal general, completando el control sobre todas las instituciones del Estado. Con las experiencias previas de negociación siendo alcalde, trató de establecer un acuerdo con las cúpulas de las tres maras[v] otorgando beneficios carcelarios por reducción de homicidios. Producto de las acciones en este periodo el Departamento del Tesoro de EUA impuso sanciones a Carlos Marroquín, entonces principal negociador del gobierno, y a Osiris Luna, director de prisiones; ambos continúan en el ejercicio de sus funciones. En un contexto de tensionamiento de las relaciones, la captura de líderes de la MS13 en un vehículo oficial por parte de la policía generó la exigencia de su liberación; al no producirse, desataron la masacre de 87 personas. Ello dio origen en marzo de 2022 a las actuales medidas del gobierno: decretó el estado de excepción, lanzo una campaña de detenciones masiva, reformó las leyes penales contra las pandillas y construyó una súper cárcel.
Si bien la PNC ha estado plenamente involucrada en primera línea con la política del Gobierno, las FFAA juegan un papel fundamental en su estrategia. Luego de alcanzar la cifra más alta en 2022, el presupuesto de la PNC se ha reducido; por su parte, el de las FFAA se ha incrementado 60% desde que asumió el actual Presidente. Mientras para 2025 el presupuesto de la PNC se ha congelado, el de las FFAA creció 20%[vi]. En 2025, mientras la PNC verá reducido sus efectivos en una quinta parte (4500 elementos menos), las FFAA se encontrarían en expansión, duplicando sus efectivos en 2026 con relación a 2021[vii], cuando fue anunciada esta medida.
Bajo el delito de “pertenecer a una pandilla” y aplicando la calificación de asociación terrorista, se ha arrestado a más de 85 mil personas[viii], la cifra de arrestos se incrementa días con día. La mayoría de ellos no son líderes pandilleros importantes y muchos no tienen nada que ver con las pandillas[ix]. Hay quienes indican que podrían llegar a 30% los detenidos injustamente[x]. Un país que tiene menos de un tercio de la población de Chile pasó entre 2021 y 2024 de una población carcelaria de 30 mil a 105 mil internos, un 2% de su población. Esto como si en Chile se pasara de 59 mil a 400 mil presos.
Prácticamente todas las detenciones son “en flagrancia” sobre la base de “indicios” como tatuajes u otros signos de relación con las pandillas, denuncias anónimas, “nerviosismo”, ser familiar o cercano de un pandillero. También se ha vuelto a detener a pandilleros absueltos previamente, otros ya condenados o cumpliendo penas sustitutas, aplicándoles penas adicionales. La aplicación del régimen de excepción y ajustes a la ley penal han hecho que los detenidos carezcan de las garantías procesales de ser informados, tener abogado y contar con un tiempo límite para ser presentados ante un juez.
En las cárceles se ha impuesto la incomunicación (incluso de abogados), limitación de alimentos y agua, tratos vejatorios y torturas (palizas y especialmente colgar de las muñecas o ejercicios físicos extenuantes). A ello se suman el uso de gas lacrimógeno para reprimir quejas. Las palizas, castigos arbitrarios y prolongados provocan lesiones o afectan gravemente la salud física y mental, a lo cual se suma la negación de tratamiento a enfermedades. Se constatan muertes de internos atribuibles a las autoridades. Muchas órdenes judiciales de liberación o medidas sustitutivas no son cumplidas.
La mayor parte de los detenidos está aún en prisión preventiva por más de dos años, sin cargos, y sin atender a si los procedimientos de captura o cargos son aceptables en un proceso. Luego de modificar la legislación en 2022 han comenzado los juicios con aplicación retroactiva (sobre un delito que no existía antes): ser pandillero se sanciona con entre 20 y 40 años, la pena se agrava en un tercio para cualquier cargo de liderazgo. Casi la totalidad son acusados de “agrupación ilícita” (a pesar de que los ilícitos típicos atribuibles a las pandillas son homicidio, lesiones graves, violaciones, robo). De acuerdo a la nueva Ley contra el Crimen Organizado de 2023 se juzgan de manera colectiva, en audiencias masivas de grandes grupos, en ocasiones de cientos a la vez, negándose el derecho de defensa para cada acusado; incluso en las audiencias virtuales masivas se silencian los micrófonos. La principal “prueba” son las fichas confeccionadas en el momento de la detención redactadas por los captores; también sirven como prueba los diagnósticos locales de actividad delictiva elaborados por la policía. Las penas colectivas oscilan entre decenas, centenas e incluso miles de años. Muchos detenidos e incluso condenados son niños o adolescentes.
Como resultado de estas políticas se ha logrado una reducción sustancial de los homicidios y mantener el control territorial. De acuerdo a cifras oficiales, la tasa de homicidios que en 2015 era de 105 por 100 mil se ha reducido de 7,8 a 2,4 y 1,9 por 100 mil entre 2022, 2023 y 2024. Voces independientes han denunciado la opacidad de estas cifras y se estima que pueden ser entre 50 y 100% mayores si se consideran las osamentas, los desaparecidos, los “pandilleros muertos” en enfrenamientos y los privados de libertad muertos bajo condiciones que se presumen homicidios[xi] a manos de la autoridad.
Por ahora, la mayor parte de la gente está feliz porque se han reducido sustancialmente los homicidios y se han recuperado espacios más seguros, la reelección del Presidente Bukele en 2024 muestra ese apoyo. La encuesta que realiza anualmente Universidad Centroamericana (UCA)[xii] muestra que la percepción de inseguridad pública es mínima y 3 de cada 4 cree que la situación del país está mejor porque hay menos delincuencia; asimismo, el nivel de confianza en las instituciones de seguridad y justicia es alto. La mayor parte de la población está y se siente más segura; por eso acepta las restricciones del estado de excepción, ya que no les afectan directamente las detenciones arbitrarias y la indefensión ante el sistema de seguridad y justicia.
No obstante, 16% vio a un soldado o policía maltratar físicamente a alguien o el entrevistado fue víctima de ello; la encuesta indica que 1% de los hogares algún miembro recibió un maltrato de un soldado o policía. Una evaluación a dos años del estado de excepción de la UCA[xiii] muestra que 40% de la población sostiene que el principal problema del estado de excepción son las capturas arbitrarias, las detenciones de inocentes y el abuso. Y 2 de cada 3 personas están en desacuerdo con las capturas sin orden judicial, suspensión del derecho a la defensa y el respeto a los plazos de detención.
Esta política “guerra a las pandillas” ha sido posible por la ruptura del orden democrático constitucional y el incumplimiento de los tratados internacionales que han conducido a la concentración absoluta del poder. Al control de la Asamblea Legislativa se suma la destitución del fiscal general (que investigaba su negociación con la mara y casos de corrupción que involucraban a su gobierno) y el control del órgano judicial, alineando a los jueces de diferentes niveles, los que operan sin independencia e imparcialidad. A la vez, se ha cerrado de manera sistemática la información institucional, en especial la relativa a la seguridad pública, incluida sus propias negociaciones con las pandillas[xiv].
Luego de la intensa ola de detenciones, comienzan a sentirse sus efectos “colaterales”. Aunque sin llegar a los niveles de las pandillas, el abuso de las maras va siendo sustituido por la arbitrariedad y el abuso de las autoridades, las que exigen que dejen de proteger a pandilleros y permitir a los soldados “hacer su trabajo”. Y es que entre los miles de detenidos y juzgados se encuentran muchos que no tienen nada que ver con pandillas, sólo porque a los policías y soldados se les han puesto cuotas de detenidos.
Municipios o comunidades enteras han quedado al arbitrio policías y militares. La concentración del poder le ha permitido utilizar los despliegues militares para ocupar zonas donde existen organizaciones sociales fuertes o son proclives a la oposición. Asimismo, aunque se han enjuiciado funcionarios del gobierno actual, la inexistencia de una justicia independiente le ha permitido concentrar acciones judiciales contra la corrupción especialmente sobre líderes de oposición política.
Pese al entorno hostil en que operan las organizaciones de derechos humanos, existen reportes que suman más de 6400 denuncias asociadas a detenciones arbitrarias y torturas[xv]. Otra expresión de la violencia son los desplazamientos internos forzados. En la actualidad ACNUR[xvi] identifica 71,500. Reportes no gubernamentales indican que casi la mitad provienen por la acción de los agentes del Estado.[xvii]
La política represiva teniendo a la PNC-FFAA como un componente fundamental combinado con elementos de negociación, fracasó repetidamente a lo largo de 20 años. Peor aún, aumentó los niveles de violencia. La actual política continúa siendo la misma con tres elementos adicionales: la concentración del poder permite la acción sin límites de las autoridades fuera de un estado de derecho democrático; se enfoca en el castigo masivo a los mareros como eje disuasivo y cuenta con la legitimidad del apoyo ciudadano. Además, del reconocimiento internacional por parte de populistas en diversas latitudes.
Esto ha permitido recuperar el control territorial, disminuir significativamente los homicidios y reducir la presencia de las maras en el corto plazo. Pero esto no es todo en seguridad ciudadana: los delitos comunes de mayor incidencia de hace 25 años eran equivalentes a los actuales; el tráfico de drogas de los carteles que operan desde el exterior se ha adaptado y re direccionado hacia los países vecinos y por mar; asimismo, todavía en 2024 los EUA incluían a El Salvador entre los “países principales de tránsito de drogas.”[xviii]
Adicionalmente, los niveles de corrupción se han acrecentado y, con ello, las condiciones para el lavado de dinero se han incrementado. Ya en 2020 la fiscalía inició una investigación por malversación de fondos al gobierno y familiares directos del Presidente, la cual se detuvo tras la destitución del Fiscal General. Posteriormente, en 2021, la progubernamental Asamblea Legislativa emitió una ley prohibiendo la investigación sobre las compras en pandemia y otorgando protección legal a los funcionarios. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador de la Organización de los Estados Americanos (OEA), comenzó sus operaciones en diciembre de 2019; sin embargo, fue cerrada por el Gobierno en 2021, antes de tiempo. La OEA señaló que el Gobierno trataba de impedir el avance de las investigaciones sobre denuncias de corrupción que afectaban al Gobierno e inducir a que se investigara sólo casos de líderes opositores[xix]. En 2023 la Asamblea modificó la Ley de Compras Públicas restringiendo los mecanismos de supervisión del gasto en “procesos estratégicos de utilidad pública”. La percepción internacional de corrupción sobre el país ha pasado del lugar 43 en el año 2000 al 130 en 2024, de acuerdo a Transparencia Internacional[xx]. Asimismo, tras cinco años del actual gobierno, en 2024 El Salvador sigue bajando su calificación y empeorando su posición relativa.
A mediano-largo plazo los resultados son inciertos ya que las causas y condiciones de dieron origen al fenómeno de las pandillas no han cambiado[xxi], ni garantizan que las causas de la violencia desaparezcan, no significa una solución sostenible. Asimismo, otros factores incrementarán la inconformidad social. Por una parte, la política de deportaciones de salvadoreños en EUA puede afectar las remesas, que son importantes para la sobrevivencia de un sector de la población, y presionar aún más la demanda de empleo y servicios sociales. Ya 250 mil han recibido orden de deportación y se calcula que existen 750 mil salvadoreños como inmigrantes ilegales en ese país. Adicionalmente, la minería metálica se suma con eventuales consecuencias en desplazamientos de comunidades, empobrecimiento de familias y confrontación, especialmente con la Iglesia Católica. Además, actualmente existen problemas de financiamiento de las cárceles, lo que probablemente fundamente el interés de ofrecer “servicios carcelarios” a EUA.
Por su parte, las maras, aunque muy golpeadas, siguen teniendo presencia y se han adaptado: no están por una confrontación con el Estado; algunos líderes han pasado a la “clandestinidad”, han reforzado las reglas de ingreso y cambiado su apariencia. A ello se agregan las denuncias sobre una política de negociación paralela que aún se mantendría. Una de las lecciones que deja la experiencia salvadoreña se refiere a ello.
La experiencia de El Salvador nos ofrece algunas lecciones:
1.- El uso de la represión violenta como eje central de una política de seguridad pública no resuelve el problema del crimen organizado, como muestran 25 años de fracaso de esa política.
2.- Las condiciones económico sociales del país son el sustrato fundamental para fomentar conductas delincuenciales y generar grupos sociales de riesgo que engrosen el crimen organizado; eso no ha cambiado. El uso de la represión extrema contra grupos sociales en riesgo o incluso delincuenciales (las pandillas en su primera etapa) en una escala local de poca intensidad, los empujó a convertirse en grupos extremadamente violentos.
3.- La violencia masiva aplicada como castigo tiene el efecto de reducir los homicidios y generar territorios “libres” en el corto plazo. Pero no se trata de coerción judicial legítima de un estado de derecho democrático; violenta los derechos individuales y los tratados internacionales. Para hacerla posible se necesita la concentración del poder absoluta y su aplicación discrecional con elevados costos para la democracia, las instituciones, las familias y los individuos, incluidos muchos inocentes y mareros de bajo nivel. Además, esa efectividad en el corto plazo no garantiza la solución del problema a mediano-largo plazo.
4.- A lo largo de todo el periodo, incluido el actual, la política de seguridad pública no ha reducido los delitos comunes, ha obligado al narco tráfico a adaptarse a las nuevas condiciones y ha fomentado la corrupción, erosionando las instituciones y facilitando el lavado de dinero.
5.- Los pactos con el crimen organizado tienen resultados muy efectivos en el corto plazo para reducir los hechos de mayor violencia (especialmente los homicidios), pero fomentan el resto de delitos, y terminan fracasando y arrastran tras de sí a instituciones y ex autoridades.
6.- Si bien el peso fundamental de las acciones policiales las realiza la PNC, cuenta con el apoyo sustancial de tropas de las FFAA, las cuales prácticamente han abandonado la función defensa y han convertido la seguridad pública en su principal misión. Las FFAA juegan un papel fundamental en la estrategia del gobierno.
7.- La experiencia salvadoreña rebasa una política de seguridad pública: se trata de una política de concentración del poder, utilizando a las FFAA con la justificación de la seguridad pública.
Por eso, la experiencia descrita animará a muchos a justificar la represión violenta sobre la base de romper el estado de derecho democrático, incluso a justificar una dictadura. Los resultados en términos de reducción de homicidios y recuperación de territorios sirven de marketing para prospectos de dictadores y populistas autoritarios. Conocer la historia completa sirve para que muchos puedan construir una política de seguridad pública integral, donde el ejercicio de la represión legítima del Estado sea una pieza fundamental, en conjunto con otras acciones no represivas convergentes con visión de largo plazo. Si no queremos llegar a las acciones extremas y que la población lo aplauda, es necesario hacerlo ahora. Hacerlo con base en la evidencia.
(*) Pedro Vuskovic Céspedes, Msc. Economía y Política Internacional (el autor agradece los comentarios de colaboradores salvadoreños)
[i] El reportaje de la Voz de América “Ejecuciones extralegales de personas en pleno régimen de excepción” https://www.vozdeamerica.com/a/ejecuciones-pandillas-policia-el-salvador/7528023.html hace referencia la informe de Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) que identificó a 15 grupos de exterminio entre 2015 y 2020. Asimismo, refiere a informes de la Procuraduría De Derechos Humanos de El Salvador que informa de 48 casos con 116 ejecuciones entre 2014 y 2018. Y luego de un año de estado de excepción, en abril de 2023 informa de 25 casos de ejecuciones, además de 13 de “muerte por uso ilegítimo de la fuerza”. Un reporte interno de la Policía establece en 279 homicidios entre 2019 y 2021. https://gatoencerrado.news/2024/10/23/policias-salvadorenos-en-red-que-asesino-a-cientos-de-personas/
De 2013 a septiembre de 2017, la oficial Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDH) registró 159 supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad en El Salvador.n: http://www.dw.com/es/operaciones-policiales-contra-las-maras-en-honduras-y-el-salvador/a-40457863.
[ii] El gasto en defensa y seguridad pública según Banco Mundialhttps://www.sipri.org/databases/milex.
Los efectivos según el Atlas de la Defensa de REDSAL y declaraciones de autoridades recogidas por la prensa.
[iii] Villalobos Joaquín, De la Frustración al Fracaso https://ecumenico.org/de-la-frustracion-al-fracaso
[iv] Se trató de una fuerte señal política, más que “técnicamente” un acto de fuerza contra la Asamblea Legislativa.
[vi] https://www.expedientepublico.org/nayib-bukele-premia-a-militares-con-mas-presupuesto-para-2025/
[viii] Según la PNC 84260, según las cifras oficiales, hasta 2024 han debido liberar a 8000.
[ix] Sobre las detenciones, condiciones carcelarias y juicios véase informaciones de las ONGs MOVIR, COFAPPES o Cristosal
[x] https://www.elpais.cr/2024/11/13/socorro-juridico-humanitario-exige-libertad-de-detenidos-inocentes-en-el-salvador/ En entrevista de prensa, la Directora de Socorro Jurídico Humanitario denuncia 30 mil detenidos injustamente; véase https://www.youtube.com/watch?v=04BsseWDYRI
[xi] Cristosal ha constatado la muerte en prisión de 261 personas adultas y de cuatro niñas y niños durante el período comprendido entre el 27 de marzo de 2022 al 20 de abril de 2024 CRISTOSAL, “El Silencio no es Opción”, El Salvador, julio de 2024. https://cristosal.org/ES/el-silencio-no-es-opcion-informe-completo
En 2024 al menos 349 bajo custodia de agentes de seguridad del Estado https://efe.com/mundo/2024-12-16/fallecidos-carceles-el-salvador-ong/?utm_source=chatgpt.com
[xii] https://uca.edu.sv/iudop/publicacion/evaluacion-de-anio-2024/
[xiii] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/2024/04/Reg-de-Excepcion-2do-anio-Vfinal.pdf
[xiv] P.e. se eliminó el Instituto de Transparencia, donde cualquier ciudadano podía solicitar cualquier tipo de información y ésta debía ser entregada en menos de una semana.
[xv] Véase una cronología en https://www.swissinfo.ch/spa/el-salvador-cerr%C3%B3-el-2024-con-114-homicidios%2C-un-26-%25-menos-que-2023%2C-seg%C3%BAn-la-fiscal%C3%ADa/88665171#:~:text=%2D%20El%20Salvador%20cerr%C3%B3%202024%20con,el%20fiscal%20general%2C%20Rodolfo%20Delgado.
[xvi] Para el total de desplazados internos por la violencia https://www.acnur.org/noticias/news-releases/acnur-saluda-aprobacion-de-ley-sobre-desplazamiento-interno-en-el-salvador#:~:text=De%20acuerdo%20con%20estimaciones%20de,pa%C3%ADs%20en%20busca%20de%20protecci%C3%B3n.
Antes del estado de emergencia los agentes del estado habrían sido responsables de 8% de los desplazamientos forzados. Con el estado de emergencia, esta proporción habría subido a 46%.
[xviii] sv.usembassy.govssy.gov
[xix] https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-059/21
[xx] https://images.transparencycdn.org/images/CPI2024_Report_EN_EMBARGOED.pdf
[xxi] Según el Banco Mundial “La pobreza ha aumentado del 26,8 % en 2019 al 30,3 % en 2023. Adicionalmente, se estima que alrededor del 10 % de la población vive hoy en la pobreza extrema, en comparación con poco más del 5 % en 2019. https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview
